jueves, 30 de septiembre de 2010

La justicia cautelar opositora

Publicado en Tiempo Argentino
http://tiempo.elargentino.com/notas/justicia-cautelar-opositora

por Hernán Domingo Del Gaizo miembro de Abogados por la Justicia Social

Elvio Sagarra dictó una medida que suspende la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel. En la misma, el juez reconoció la competencia de la justicia federal de La Plata, es decir, su propia incompetencia.


El 24 de Septiembre de 2010 el juez civil de La Plata, Elvio Sagarra, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación y ejecución de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, mediante la que se había decretado la caducidad de la licencia de la Empresa Fibertel para la prestación de servicios de Internet. Llamativamente, en la misma medida, el juez reconoció la competencia de la justicia federal de La Plata, es decir, su propia incompetencia.


El fallo fue criticado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien alertó sobre la existencia de una “justicia cautelar”. Luego de ello, su antecesor en el cargo y actual secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner, manifestó que “la justicia cautelar” traba el funcionamiento del Estado. Dado que el juez Sagarra manifestó que en una república se debe respetar la división de poderes, nace el interrogante sobre cuál de los poderes del Estado ha avanzado sobre el otro.

La cuestión remite a las declaraciones de Ricardo Recondo, en ocasión del triunfo de la lista que encabezó en las elecciones de representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Como fue difundido el 15 de septiembre de 2010 por el Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial), en una entrevista realizada luego de su victoria, el actual titular de la Asociación de Magistrados manifestó: “Vamos a ser mayoría por primera vez en el Consejo de la Magistratura, contra seis votos que tendrá presumiblemente el oficialismo.”

Se advierte así que un juez se considera integrante de una mayoría opositora a la presidenta elegida por el pueblo.

La situación no se agota aquí y demanda su vinculación a otros actores de la reconocida oposición.

martes, 28 de septiembre de 2010

Participación en las ganancias, un debate sobre seguridad jurídica

Publicado en Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=108137

por Daniela Notaro miembro de Abogados por la Justicia Social


Desde hace unos días que ingresó a la Cámara de Diputados –para su discusión en diferentes comisiones– el proyecto del diputado Héctor Pedro Recalde sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas para las cuales prestan servicios.


Aún sin conocer a fondo la letra del proyecto, sectores de la oposición y del empresariado mostraron preocupación al respecto y se pronunciaron en contra.

Si bien la declamación de la semejanza entre lo que aquí se propone y el régimen habido en otros países hermanos no resiste el menor de los análisis, no se puede dejar de hacer mención al atentado contra la seguridad jurídica que tales manifestaciones importan.

En efecto, y tal como el propio Recalde; el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el secretario de Derechos Humanos de la misma organización, Julio Piumato, han venido señalando, el proyecto no hace más que operativizar una cláusula constitucional que ha esperado su hora desde el año 1957.

martes, 21 de septiembre de 2010

Des Haciendo Buenos Aires

Por Hernán García Publicado en el Periódico Buenos Aires Económico 21/09/2010
 
 
Otra vez la desidia y la falta de controles reales han cobrado víctimas jóvenes. Dos asistentes al local Beara, en la zona de Palermo, perdieron la vida por el solo hecho de confiar en lo esperable: pasar un buen momento en un lugar habilitado y sin riesgos.

No alcanza para defensa echarle la culpa a la “fatalidad”, exhibir que formalmente las inspecciones se realizaron, que los inspectores eran pocos y no pudieron controlar el mal uso de la instalación, el exceso de gente, la resistencia de la edificación, que el local había sido clausurado en dos oportunidades por desvirtuación de uso. Justamente con esos antecedentes es el Estado el responsable de proteger activamente a los ciudadanos de quienes buscan sin límites su máxima ganancia y violan lo pautado como riesgo permitido.

La tardía reacción de la supuesta especialista Agencia Gubernamental de Control recién ahora tomó nota de la posibilidad de que esto pudiera estar sucediendo en 110 locales más (ni siquiera consultaron Internet para ver cómo se promocionaban).

Ya no sorprenden los derrumbes cotidianos con víctimas fatales. La otra vez, un gimnasio, y la lista sigue.

Las topadoras avanzan y trepanan el suelo de esta ciudad, donde las viejas fachadas de nuestro patrimonio se valoran sólo por sus terrenos que se miden en FOT. En el descontrol de las excavaciones los vecinos contiguos sufren a diario la roturas de cables eléctricos y caños de agua, agrietamiento y caída de medianeras y pisos, y ruidos molestos en sus días y horarios de habitual descanso.

Ni siquiera los domingos se respetan cuando las hormigoneras abusan de su escasez en el mercado a la hora de dar los turnos sin límites horarios. Las empresas tercerizadas de servicios públicos destruyen las veredas que muchos vecinos pagaron de sus bolsillos antaño para embellecer sus frentes, las tornan inseguras, y ninguna autoridad se hace responsable de reclamar de oficio la reparación y sólo interviene ante la denuncia de algún damnificado.

Sin embargo, las efectividades de los controles son directamente proporcionales a sus capacidades recaudatorias y a la vulnerabilidad de los infractores. Cinco minutos mal estacionados y una grúa ya se llevó el auto, tres kilómetros excedidos y se activa la fotomulta, un cerramiento o techado fuera de los planos autorizados y los satélites lo registran. Hasta se ha llegado a cobrar un plus de ABL por estar cerca de una boca de subte cuyo itinerario proyectado no llegó ni siquiera a la mitad de la construcción que quedó paralizada por la subejecución de fondos presupuestados.

Tampoco existen informes publicados del impacto ambiental y de cimientos producidos por las excavaciones de los túneles y varios propietarios ya advirtieron agrietamientos nuevos en sus paredes. Pero en los estadios de fútbol se paga a miles de personas con camisetas amarillas para que salten al unísono y poder medir sus resistencias para nuevos recitales.

Las obras públicas se realizan desmedidamente sobre lugares y objetos innecesarios porque son redituables. Plazas que exhibían con orgullo sus amplios espacios verdes fueron cubiertas de rejas y cemento por montos increíbles, sacrificando en ocasiones lugares de esparcimiento para los niños. Carriles exclusivos para ciclistas fantasmales han obstruido las pocas calles de salida para los miles de automovilistas que circulan día a día y fueron vedados de circular por las avenidas con actuales doble mano, pese al informe negativo del CESVI. Algún osado circula los domingos por recreación –no tardará en llegar una publicidad para mostrar lo contrario–. Las calles y avenidas más visibles son cortadas con carteles de propaganda amarilla, reutilizando el asfalto con procesos que le dan poca duración para que en menos de dos años continúe la obra pública de exhibición.

Mientras tanto, los techos y las cornisas de las escuelas caen sobre los alumnos, que estudian en condiciones edilicias paupérrimas, sin sistemas de refrigeración y calefacción adecuados, y son identificados en “listas negras” cuando hacen reclamos. Ni mencionar los derechos laborales vulnerados de los trabajadores de la educación. No nos olvidemos que el centro de espionaje porteño funcionó dentro de ese ministerio.

¿De esto se tratan, con sugerentes nombres, el Programa “Salí Seguro” (SS) y el Programa Integral de Seguridad (PIS) de Macri sobre los vecinos?

Todo se condice con la promesa de campaña que decía que iba a estar bueno Buenos Aires. Incrédulos aquellos que no se preguntaron para quién.

*Miembro de Abogados por la Justicia Social - AJUS www.ajusderecho.blogspot.com

domingo, 5 de septiembre de 2010

Salario mínimo vital y móvil

Publicado en Buenos Aires Económico el 2/09/10
http://www.elargentino.com/nota-105041-Salario-minimo-vital-y-movil.html

por Leandro Martín Macia y Pablo Favara integrantes de Abogados por la Justicia Social

La Constitución de la Nación Argentina asegura al trabajador el salario mínimo vital y móvil como parte de la protección que las leyes otorgarán al trabajo. La cláusula constitucional se encuentra reglamentada en la Ley de Contrato de Trabajo (que lleva el número 20.744), texto en el cual se dispone que el salario mínimo vital será la menor remuneración que percibirá el trabajador sin cargas de familia. Este monto se encuentra sujeto a los descuentos por aportes a la seguridad social. 

El trabajador posee el derecho a percibir este monto, ya sea que esté registrado o no. Excepto que sea de aplicación algún convenio colectivo de trabajo que fije una remuneración superior para la categoría en que se desempeñe el trabajador. 

Cierto es que estadísticamente se comprueba que el trabajador “en negro” o que está parcialmente en esta situación, muchas veces cobra una suma inferior, pero no es menos cierto que el aumento del salario mínimo vital y móvil empuja también los sueldos que perciben los trabajadores en tal condición. 



viernes, 3 de septiembre de 2010

La validez constitucional de la obtención y estudio de muestras de ADN

Publicado en Buenos Aires Económico el 25/08

http://www.elargentino.com/nota-104059-La-validez-constitucional-de-la-obtencion-y-estudio-de-muestras-de-ADN-.html

por Hernán García integrante de Abogados por la Justicia Social


La paradójica colisión de derechos existente entre la pluralidad de víctimas de delitos de lesa humanidad en la Argentina generó, entre otras cosas, cuestionamientos a la legitimidad de los medios de prueba ordenados por los jueces para la obtención y estudio de ADN. El respeto a la autonomía personal de quienes podrían haber sido menores apropiados durante la última dictadura ha llegado a enfrentarse tristemente con el derecho de sus presuntos familiares a que cese dicho delito y se reconstruyan por vías institucionales los verdaderos lazos históricos. Un caso de paradigma, por su difusión en los medios y los actores involucrados, es el de los hermanos Noble Herrera, el cual motiva un breve análisis de la jurisprudencia vigente en la temática.

La Cámara Federal de San Martín ordenó en diciembre de 2009 que las extracciones de sangre de Marcela y Felipe Noble Herrera, y las correspondientes peritaciones de ADN, fueran practicadas ante el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), con sus consentimientos o sin ellos, y comparadas con las muestras de la totalidad de las familias de los querellantes.

Ello adquirió firmeza dado que en abril de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal desestimó por defecto formal el recurso de casación interpuesto en contra y denegó el extraordinario, en junio, haciendo lo mismo con el recurso de queja presentado tras la confirmación del rechazo de la nulidad de los allanamientos y los secuestros de nuevas muestras genéticas.

Si bien allí no se trató el fondo de la cuestión, hay que remitirse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto de 2009 en los casos de los hermanos “Prieto-Gualtieri”, cuando consideró que no resultaba violatorio de derechos y garantías constitucionales el allanamiento de domicilio y secuestro de efectos personales para obtener muestras genéticas, pues no ocasionaba restricción alguna, más si tenían relación con delitos de lesa humanidad, y dejó abierta la posibilidad a la extracción compulsiva de sangre para lograr ello, una vez agotados otros medios menos invasivos.