| Abogados por la Justicia Social expresa su “solidaridad con las compañeras y compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru, con los miembros de las Cooperativas Marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico” ante lo que denunciamos como una “campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública los sectores populares y sus organizaciones sociales”. |
En los últimos días asistimos a una puesta mediática en la que nos presentan un escenario bélico de supuesta violencia, catástrofe e intolerancia, encabezado, por las organizaciones sociales “piqueteras” afines al gobierno nacional.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.
