AJUS: ELECCIONES EN EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

Por una campaña nacional contra el trabajo precario

por Alfredo Luis Fernández, abogado, concejal de Lomas de Zamora por el FTV, compañero del Mov. Evita y de AJuS.

“Los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías”. Esa fue la consigna que eligieron desde el oficialismo de la Unión Ferroviaria para llevar adelante una campaña hacia los usuarios cuando los trabajadores tercerizados en conflicto, respaldados por el Partido Obrero, cortaron las vías del Ferrocarril Roca como método de protesta gremial. Además de colocar pasacalles con la consigna, repartieron volantes que firmaban como “los verdaderos trabajadores ferroviarios”, negando el carácter de tales a los tercerizados. La consigna y los argumentos fueron asumidos como razonables por muchísimos usuarios que consideraron que el corte fue un método de protesta excesivo. Sin embargo, a poco de analizarla, advertimos que tiene un profundo contenido discriminatorio. Al negarles a los tercerizados la condición de trabajadores ferroviarios, reafirma no sólo que en nuestro universo laboral existen trabajadores de primera y de segunda, sino además que esos trabajadores de segunda no cuentan con la protección o no están en la agenda central de las organizaciones que representan a los trabajadores de primera.El modelo iniciado con el Proceso y profundizado en los noventa hizo de la precarización laboral y la desocupación uno de sus ejes centrales. Los gremios perdieron poder y la cantidad de trabajadores sindicalizados se redujo drásticamente, al tiempo que en las más diversas actividades florecieron formas de contratación y tercerización que expresaban la creciente precarización del empleo.A la defensiva y reducidos a su mínima expresión, la tendencia predominante de los gremios fue limitar el plano reivindicativo a los trabajadores sindicalizados, omitiendo las reivindicaciones de los precarizados o asumiéndolas sólo de manera tangencial. En términos culturales, el comportamiento de esas representaciones gremiales no difirió mayormente del verificado en la sociedad, donde la precarización laboral fue asumida como una realidad inmodificable.Se ha naturalizado que existan personas que, por ser contratados, no gozan de un conjunto de derechos, viven con la espada de Damocles del despido sobre sus espaldas y, por ende, están condenados a trabajar más para recibir una retribución menor. Un ferroviario tercerizado relataba que por $ 2.500 al mes trabaja muchas más horas y debe reponer mucho más durmientes que un ferroviario no tercerizado que gana $ 6.000 o 7.000. Esa situación, con mayor o menor diferencia de trabajo y de remuneración, se verifica en las más diversas actividades, sin que hubiera aparecido, hasta la muerte de Mariano Ferreyra, en la agenda inmediata de cuestiones a revertir para profundizar un modelo inclusivo y redistributivo de la riqueza.Luego de la muerte de Mariano, Hugo Moyano señaló que “hay que combatir las causas que generaron el conflicto”, que las empresas tercerizan “para explotar al trabajador” y que “los sindicatos tendrían que cambiar”, asumiendo así el rol pasivo que han tenido los gremios frente a esas modalidades de degradación de los derechos laborales.La no asunción por parte de las conducciones sindicales de las reivindicaciones de esos trabajadores está en la raíz del surgimiento de luchas que se dan por fuera de esas organizaciones. A nadie debería sorprender que fuerzas como el Partido Obrero encuentren terreno fértil, cuando esos trabadores son dejados huérfanos de representación por quienes deberían defenderlos. En un contexto de recuperación del movimiento obrero y de crecimiento constante de la cantidad de trabajadores sindicalizados, la muerte de Mariano deja de manifiesto que en muchas de las conducciones gremiales subsisten los mecanismos, las prácticas y las actitudes instaladas durante el neoliberalismo y que ha existido una notoria falta de reflejos para incorporar a esos trabajadores a su agenda de reivindicaciones. Es imprescindible una campaña nacional de movilización contra el trabajo en negro y la precarización, que debería tener un primer objetivo inmediato: reclamar ante el Congreso de la Nación que se sancionen proyectos de ley como el que presentaron los diputados Recalde y Piumato para que las empresas principales no eviten sus responsabilidades vía tercerización.Los que cortaban la vía también son ferroviarios. Los cientos de miles de contratados, tercerizados o precarizados, también son trabajadores. Tuvo que morir Mariano Ferreyra para que empecemos a comprender que no podemos aceptar sin cuestionarnos que a algunos les toque en suerte ser trabajadores de primera y a otros, de segunda.

Frente al intento de derrocamiento del Gobierno Democrático de Ecuador, presidido por el Compañero Rafael Correa, Abogados por la Justicia Social quiere hacer llegar su solidaridad al Pueblo y Gobierno del hermano país.
En ese sentido hacemos propias las palabras del Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, Compañero Néstor Kirchner, cuando sostenía que "Sudamérica no puede tolerar bajo ningún aspecto que los gobiernos elegidos democráticamente se vean vistos presionados y amenazados por sectores que no quieren perder privilegios y prebendas".
Y, como Abogados del campo popular, llamamos a todos los militantes populares, de la Argentina, de América y del Mundo a expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno legítimo de la Republica de Ecuador, y al estado de alerta permanente para estar a disposición de lo que los hermanos ecuatorianos pudiesen requerir.
Porque el voto popular es el único camino legítimo para el acceso al gobierno de nuestros pueblo, viva el Gobierno Legítimo de Ecuador, Viva el Pueblo Ecuatoriano y sus Instituciones, Viva la Democracia y Viva la Unidad Latinoamericana!

Los que luchan y los que lloran

Existen dos concepciones sobre la construcción gremial dentro de la CTA: la que tiene alergia al crecimiento de la central en la puja por la redistribución de la riqueza y la verdadera, la que pugna por conquistar las reivindicaciones que inspiraron su fundación y pone el cuerpo en las calles para celebrar cuando las consigue. La primera unta la pobreza con mermelada y entona loas acongojadas contra la plusvalía, mientras se junta a matear con dirigentes de la Mesa de Enlace o azuza a las comisiones internas de las fábricas y las guía hacia el descabezamiento rápido que redunda en despidos de compañeros y un nulo saldo organizativo para la clase trabajadora. Es la CTA que reniega del kirchnerismo por darle fuerza de ley a las demandas que tanto ansiamos pero tolera que Pino Solanas y Claudio Lozano voten con los ruralistas que esclavizan peones por una tapa en Clarín. Es la CTA que no movió un dedo ni puso un bombo en la Ciudad para enfrentar a Mauricio Macri, la expresión más despiadada de la derecha vernácula, porque el desgaste del Pro fortalecería a la presidenta Cristina Fernández. Es la CTA que juzga insuficiente la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero saluda que se le dé quórum en el Congreso a los radicales, cívicos y rancios propejotistas que quieren estrangular financieramente al Estado para voltear la primera experiencia nacional y popular desde el retorno de la democracia. Es la CTA que se regodea en la derrota contra el capital porque tiene pánico al triunfo de los laburantes antes de la concreción de las utopías. Es la CTA que acusa los codazos rivales en el área chica cuando quiere salir jugando desde abajo pero botonea al compañero maradoniano que hace un gol con la mano contra los patrones. Es la CTA de los purismos inconducentes, la que llora pero no mama y la que está dispuesta a morder la teta si le tocara en suerte porque teme más a las etiquetas estigmatizantes que a la desnutrición.Y existe la otra CTA, la que no deja que la pava se enfríe mientras discute interpretaciones sobre lo que dijo o no dijo Germán Abdala. Es la que pelea contra la disgregación de los sectores populares para abandonar el rol testimonial y pasar al frente de la escena política como protagonista del cambio social. Es la CTA que lucha contra los enemigos de los trabajadores, la que no pierde el tiempo en cálculos sobre la cotización de la central ante el eventual agotamiento del kirchnerismo ni especula con la aceptación del progresismo blanco y gorila que se compadece del movimiento obrero cuando no tiene incidencia. Es la CTA que se avoca a la construcción de bases de sustentación social frente a los apetitos neoliberales del macrismo, la Coalición Cívica y las corporaciones mediáticas que les dan aire en televisión. Es la CTA que banca la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la AUH y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es la CTA que fue al frente con los docentes y los estudiantes ante el recorte de las becas escolares en la Ciudad de Buenos Aires, el rechazo al Fino Palacios, la contratación del espía Ciro James en el Ministerio de Educación porteño y la designación del fascista Abel Posse como titular de esa cartera local. En definitiva, hay una CTA que traiciona a su clase porque le pesa la camiseta. Y otra, dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias por la felicidad del pueblo.

Desde AJuS (Abogados por la Justicia Social), llamamos a todos los compañeros y compañeras a votar por los que luchan. Porque estamos hartos de los que lloran.

¡¡¡Reventemos las urnas con votos a favor de la lista 10!!!

Ante el conflicto de público conocimiento entre los trabajadores y la empresa Kraft Foods

Por Leandro Macia
Publicado en "La Ley actualidad" el 20/10/10
Entrevista:"Conflictos Colectivos de Trabajo. El caso Kraft."

El conflicto en cuestión reviste diversas aristas, en virtud de lo cual cabe hacer mención a los mecanismos administrativos y judiciales existentes para su resolución.

En primer término debe señalarse que los conflictos colectivos de trabajo se encuentran contemplados en la ley 14.786, que dispone una instancia obligatoria de conciliación de los conflictos colectivos.

Sin embargo, el artículo 1º de la norma dispone que “Los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se substanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley”, con lo que quedan excluidos los denominados conflictos de derecho.

De tal modo, cuando el conflicto nace con motivo de la prosecución de un nuevo derecho por parte de los trabajadores, tal como un aumento salarial, el mismo quedará encuadrado en el marco de la precitada normativa. En cambio cuando el mismo tenga origen en un incumplimiento a una obligación de origen legal, convencional o contractual por parte del empleador, el conflicto que se suscite será de derecho y por tanto quedará excluido de la aplicación del art. 1º de la citada norma.

Resulta curioso, de todos modos, que siempre se refiera como “conflicto” a la medida de acción directa que tomen los trabajadores, cuando en los casos de “conflictos de derecho”, es el incumplimiento del empleador el generador del “conflicto”.

En el caso “Kraft”, el conflicto nace con motivo del incumplimiento por parte de la empresa de las medidas de seguridad e higiene que debió tomar con motivo de la Gripe “A H1N1”.

Por lo ya señalado, el mismo no se encontraría incluido dentro de las disposiciones de la ley 14.786, lo que en el caso no priva a la autoridad administrativa de intervenir a fin de encausar el conflicto.

Como reacción ante el reclamo de los trabajadores la empresa decidió llevar a cabo una escalada en el conflicto disponiendo despidos probablemente movida por intereses no confesados.

En el interín, la empresa planificaba flexibilizar el empleo, modificar la jornada de trabajo y reducir su nómina de personal, de modo tal que suscitado el conflicto, aprovechó el mismo para “liberarse” de los trabajadores más “conflictivos”, entre ellos, al cuerpo de delegados.

Entonces ya entramos en otro tipo de conflicto diferente, con diferentes soluciones legales posibles. Así, a medida que fue escalando el conflicto, surgieron diversas situaciones.

Por una parte, podría entenderse que las situaciones generadas a partir de las acciones y reacciones de las partes se encontrarían ya inmersas dentro de las disposiciones de la ley 14.786.

Si así fuera, el Ministerio de trabajo podría dictar la Conciliación Obligatoria, así como la retracción del estado de cosas al momento anterior al acto o hecho que hubiere determinado el conflicto (cfr. art. 10 de la ley 14.786), durante un plazo no mayor a 15 días, prorrogable por otros 5 días más.

Muchas veces resulta dificultoso determinar el acto o el hecho que determinó el conflicto. Las relaciones laborales son complejas y un conflicto puede estar suscitado por un acto o por una serie de actos. Más difícil resulta la cuestión si, como en el caso, la empresa apuesta al conflicto y no busca ordenar la situación a través del diálogo.

De otro lado, ante el incumplimiento por parte de la empresa se puede pedir al Ministerio de Trabajo que aplique las sanciones que dispone el Pacto Federal del Trabajo (ley 25.212) consistentes en sanciones pecuniarias a la empresa pero que no resuelven el conflicto de fondo pues la sanción por parte de la autoridad administrativa no aportaría solución al problema urgente de los trabajadores.

Frente a los despidos, los delegados se encuentran amparados por las garantías dispuestas por los arts. 40 y 48 de la ley 23.551, por lo que les asiste la posibilidad de iniciar una acción judicial en los términos del art. 52 de dicha norma, solicitando su reincorporación con más el pago de los salarios caídos, conjuntamente con una medida cautelar por la que se solicite la reincorporación provisoria hasta que se dicte sentencia en la medida de fondo.

Resulta oportuno destacar que, aunque la medida cautelar resulte similar a la acción de fondo, el carácter provisorio de la reinstalación requerida en los términos de aquella hace que resulten diferentes sus objetos. Por lo demás, y desde la promulgación de la ley 23.551 la doctrina y la jurisprudencia han dado cuenta reiteradamente de la procedencia de una medida cautelar en tal sentido.

Recuérdese que al respecto se encuentra en juego lo dispuesto por los Convenios 87, 98 y 153 de la OIT, así como por el art. 14 bis de la CN, que establece que “Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Los restantes trabajadores han sido despedidos, como señalé precedentemente, por el ejercicio de sus derechos. Así las cosas, podrán interponer acción sumarísima en los términos del art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales y del art. 1º de la ley 23.592.

El art. 47 de la LAS establece que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical (...) podrá recabar el amparo de esos derechos ante el tribunal judicial competente...” El derecho de huelga, garantizado por el art. 14 bis de la CN, se encuentra comprendido dentro de estos derechos de la libertad sindical. Entender que el derecho a la libertad sindical no comprende la acción sindical sería tanto como vaciarla de contenido.

Por su parte, la Ley Antidiscriminación (ley 23.592) dispone que “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. De esta forma, disponer un despido por el ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución Nacional es actuar en contra de esta norma. A tal tipo de actos le vale pues la declaración de nulidad, así como el reclamo por la reparación de los daños que los mismos han infringido.

¿Existe un límite al derecho de huelga?

El de huelga es un derecho en continua construcción. Nació como conquista frente a la voluntad de penalizar el conflicto social reinante en tiempos que, aún cuando a algunos nos parezcan lejanos, ciertos sectores quisieran reinstaurar.

Es un reconocimiento legal al hecho social que se suscita. Por tanto, no se la puede constreñir este derecho, así entendido, a una serie de mecanismos y procedimientos administrativos. Ello equivale a desconocer la propia naturaleza de la huelga.

La pretensión de restringir quienes están facultados a llevar adelante el conflicto, a tildar de ilegítima una medida de acción directa que no haya atravesado el procedimiento administrativo o que no se atenga a la estricta definición con que algunos juristas pretenden acotarla vale tanto como desconocer el propio derecho de huelga.

La constitución garantiza el derecho de huelga, no lo define ni acota. En el mismo sentido, la OIT ha señalado que el límite al derecho de huelga es la violencia.

La huelga es la manifestación del conflicto siempre vivo en la relación de trabajo. En nuestro ordenamiento legal, el derecho a su ejercicio queda garantizado a los gremios a través del art. 14 bis de la Carta Magna.

La normativa fija un límite al derecho de huelga en el caso de conflictos de trabajo en servicios esenciales, a través de lo dispuesto por el art. 24 de la ley 25.877, reglamentada por el decreto 272/06.

Por lo demás, y como se expuso anteriormente, el ejercicio del derecho se encuentra reglado por las disposiciones de la ley 14.786.

Amén de lo expuesto, establecer cual es el límite en el ejercicio de un derecho no resulta tarea sencilla, menos aún cuando se trata de un derecho moderno y en constante evolución como el derecho de huelga.

Al respecto, la realidad nos enseña que cuando un conflicto llega a su fin por la vía del diálogo y el acuerdo, normalmente no se revisan las conductas de las partes al adoptar medidas de acción directa. La composición de intereses alcanzada comprende habitualmente la “reconciliación” de las partes, en la búsqueda de la paz social hacia delante.

Se evalúa si el accionar ha transgredido el derecho de huelga cuando el conflicto no alcanza resolución. Normalmente esto ocurre ante la intransigencia de las partes o la falta de voluntad de diálogo o la imposibilidad del mismo.

En el caso Kraft, como se ha dicho, se apuntaló el conflicto y algunos apostaron a la criminalización de la protesta social, como ya lo hicieran en otro conflicto reciente.Transferir una cuestión laboral al ámbito del derecho penal es tanto como desnaturalizar el conflicto, pretendiendo distinguir entre víctimas y victimarios.

Claro que toda medida de acción directa produce un daño, pero de eso no puede inferirse que la misma ingrese a la esfera del derecho penal. En el caso, a los trabajadores se les dejó de pagar el salario, sin embargo no se vio a ningún ejecutivo detenido por el daño que tal conducta infringió a los trabajadores. Vale destacar que el daño producido a los trabajadores a través de los incumplimientos del sector patronal han sido, seguramente, muy superiores a los que estos le puedan producir a la empresa mediante su protesta.

Por otra parte, reprimir la protesta social podría hacer incurrir al Estado Nacional en responsabilidad frente a los organismos de jurisdicción internacional.

Muchas veces se ha intentado dar una definición de la huelga, con el fin de restringirla. Alguna doctrina ha sostenido que la huelga es la “abstención colectiva y concertada de la prestación de tareas”, pero tal tipo de definiciones no tiene más objeto que acotar las formas de protestas.

El paro sin presencia, el paro con asistencia al lugar de trabajo, paro por turnos, huelga de brazos caídos, el trabajo a reglamento, levantar los molinetes o barreras, el boicot, entre otros, constituyen, todos ellos medidas legítimas de acción sindical (art. 5 inc. d) Ley 23.551). Como hemos dicho, este derecho “transversal” va adoptando diversas modalidades y encuentra sus límites en su propio ejercicio.

En consecuencia, no puede apuntarse que la toma del establecimiento o de parte del mismo, así como el piquete, constituya, en sí mismo, un ejercicio abusivo del derecho de huelga., tal como lo señalara la OIT

La adopción de una medida importa la producción de un daño, ya sea a través de cualquiera de las modalidades que hemos referido. Entonces, el hecho dañoso no importa per se un ejercicio abusivo del derecho de huelga. No puede pretenderse sin malicia que el constituyente no haya tenido en miras tal circunstancia. El reconocimiento constitucional del derecho de huelga no fue un cambio de estrategia para continuar persiguiéndolo, sino que se configuró como una garantía para su ejercicio.

De tal forma, debe recordarse que el abuso en el ejercicio de un derecho, no es una figura que permita definir límites a cada uno de los derechos de las personas, es una noción que los impone desde la práctica y la prudencia.

ADHESIÓN AL HOMENAJE REALIZADO POR AABA A LOS COLEGAS DESAPARECIDOS EN LA NOCHE DE LAS CORBATAS

Los integrantes de Abogados por la Justicia Social (AJuS), entendemos al derecho como una herramienta apta para la construcción de una Patria justa, libre y soberana. Un instrumento al servicio de los intereses del Pueblo, para su realización.

En tal sentido, nos sentimos consustanciados con los ideales que enarbolaron los colegas que aquí se homenajean y no podemos menos que adherir a este acto en memoria de aquellos abogados detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Por cuanto su lucha es nuestra lucha, nuestra victoria será la suya. Por eso el ejercicio permanente de la memoria que importa la instalación de esta baldosa constituirá un norte constante a la hora de ejercer nuestra profesión.

Zoncera N° 26 - A. Jauretche

"Habeas Corpus"

Cada vez que meten preso a un tipo, más o menos arbitrariamente, hay un abogado recién recibido que dice:

—"Esto lo arreglo con un habeas corpus".

Y el abogado resulta un peticito en una cancha de basquet, pues los grandotes —que son los jueces— empiezan a pasarse la pelota por arriba sin que haya modo de que entre en la red. A esto de pasarse la pelota por arriba le llaman "cuestiones de competencia o de jurisdicción". Esto, en los casos en que el gobierno esté descuidado —que son muy pocos— y no hay estado de sitio ni Conintes.

Diógenes el Cínico, se lamentaba, linterna en mano, de que no había podido encontrar un hombre. Quisiera verlo buscando un juez con un recurso de habeas corpus, y una lámpara de mercurio en la mano. ¡Pobre de él!

Eso lo saben los abogados que no son recién recibidos cuando les hablan de presentar un habeas corpus. (Salvo que el preso sea tratante de blancas, contrabandista o ladrón de automóviles).

Esta es la oportunidad de hablar de esas zonceras llamadas garantías constitucionales, que son las que se quieren poner en movimiento con el habeas corpus. No sé si debo hacerlo porque me comprenden las generales de la ley (¿o los generales?), como se verá en lo siguiente.
Aquí debo confesar una zoncera propia, a la que me referiré en la zoncera que sigue, y que trata de mi confiscación de bienes, expresamente prohibida por la Constitución Nacional. (Declaración, Derechos y Garantías). Ahí se verá lo que me pasó por zonzo, es decir por creer enlas garantías constitucionales.
Se trataba de mi inclusión en los interdictos por la "Junta de Recuperación Patrimonial" en 1955.
Diré ahora, que lo que me hizo más zonzo fue mi condición de abogado, pues a pesar de tener casi 30 años en la profesión, procedí como un abogado recién recibido. Me dije: se trata de un tribunal especial, prohibido por la Constitución en sus garantías; se
trata de un juzgamiento por ley posterior al hecho de la causa, invierte el cargo de la prueba y establece un procedimiento especial para ciudadanos especiales con lo que destruye la igualdad ante la ley, también contenida en las garantías. Estos ciudadanos especiales son sacados "de la pata" del "montón", colocados en desigualdad por quien hace la lista de "interdictos" —que todavía no se sabe quién la hizo, aunque parece evidente que la hicieron abogados que después se especializaron en defender “interdictos", explotando el negocio que habían inventado bajo la dirección del Dr. Busso, que era Ministro del Interior—. (¿Será por esto o porque el colchón no tenía lana que no se han construido los oleoductos, viviendas y todas las otras maravillas que iban a resultar de los fondos provenientes de la "recuperación patrimonial"?).

También me dije: ahora no estamos en ninguna de las dos "tiranías", sino en plena libertad, y la Constitución de 1853 ha sido restaurada, aunque sólo sea por Decreto. Ahora el derecho no lo marca Valenzuela, sino los maestros de la cátedra, como Orgaz, Galli, Soler... Y salí a buscar mis jueces naturales. ¡Todavía los ando buscando!

Tampoco dijeron nada los Colegios y Asociaciones de Abogados que se la pasaron
haciendo declaraciones durante la "segunda tiranía", pero parece que esto sólo prueba que los Colegios y Asociaciones no están dirigidos por abogados recién recibidos; están hechos para sostener las garantías constitucionales como zonceras, pero no a los abogados zonzos que las invocan.

Así es como los abogados me dicen: "Qué clase de pescado sos que creés en las garantías constitucionales y en los Colegios de Abogados?". ¡Y ahora me lo dicen hasta los abogados recién recibidos! Lo que prueba que soy el único abogado recién recibido que queda en el país.

Eso sí, cuando se trata de una empresa extranjera o de un periódico de los grandes las
garantías funcionan. Además, pocas veces tienen que recurrir a los jueces porque los gobernantes saben para quién son las garantías y se cuidan de no tocarlos.

martes, 30 de marzo de 2010

ELECCIONES EN EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

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