Es notorio afirmar que en las sociedades en las que vivimos y en los sistemas democráticos actuales los medios de comunicación masiva están desplegando un protagonismo y una influencia más que relevante.
Esta presencia fuerte exhibe una arista sumamente importante, porque significa que en la gran mayoría de los casos la información vertida por estos, genera conformismo y una opinión pública uniforme en toda la sociedad.
Se podría decir, sin rodeos, que los medios de comunicación en gran parte estimulan una modalidad acotada para la participación social. Por un lado, son ellos mismos los que la asumen, y ejercitan constantemente. Por otro lado, la propia sociedad se contagia de similar tarea y en muy pocos casos reflexiona si lo recepcionado por estos se trata de la verdad o de una falacia.
No obstante, si nos detenemos en la actuación de los monopolios mediáticos que manejan la información en nuestro país, podemos observar que en muchas oportunidades son vehículos transmisores de falsedades, suspicacias, violaciones a derechos personales, con una expansión difusiva incontenible e incontrolada, fomentando el farandulismo, la teatralización, el mal gusto, que para nada busca la veracidad de los hechos sino el exitismo barato y la descalificación permanente.
Este papel negativo de los grandes monopolios mediáticos no implica que los medios de comunicación no deban tener un rol primordial en nuestro sistema democrático, sino que la existencia de otras voces como las Universidades, periódicos del interior del país, Cooperativas, ONGs, Sindicatos, puedan generar la verdadera democratización de la información, y de esa forma revertir la capacidad de penetración negativa en la sociedad de las corporaciones mediáticas.
El panorama actual, nos demuestra que la Regla Estatal de la Dictadura Nro. 22.285 y sus modificatorias, violan sistemáticamente el derecho a la información, ya que la gravitación del poder económico compone un tejido que a todas luces demuestra desventajas, riesgos, inconvenientes en detrimento del derecho información de los consumidores, porque el desequilibrio en esta es contrario a la conformación de las distintas opiniones que deben existir en todo sistema democrático.
Cuando comenzamos a indagar quienes son los titulares del derecho de libertad de expresión en nuestro país, en primer lugar debemos ver si es un derecho de cada persona y de todas. Y en segundo lugar, quienes son las entidades que deben contribuir con el Estado para que este derecho sea ejercido con total libertad. Cuando se dice que toda persona es sujeto activo del derecho a expresarse libremente, hay que prestar atención a quienes son los actores que velarán para que este derecho se vea realizado, y si éstos tienen un fin netamente económico o no.
Podemos decir, que cada medio de comunicación tiene derecho a asumir la orientación que sea de su preferencia y elección, pero esto no significa que deba existir una voz única, como ocurre en la actualidad bajo el paraguas de la Ley Nro. 22.285. Como consecuencia de la acumulación de los medios de comunicación en pocos grupos económicos, la gran mayoría de la sociedad disminuye o extravía la propia capacidad de reacción y opinión propia.
Es fácil descubrir cuando en lugar de informar con veracidad, lealtad y ética, los grandes grupos mediáticos se enlazan intencionadamente a los intereses de sectores de gran poder económico, perdiendo la neutralidad, imparcialidad y objetividad con la que deben presidir su actividad. Cuando se menciona la neutralidad no queremos decir que vayan a abdicar su orientación, su ideología y creencias al partido político gobernante, pero tampoco es posible que empresas con intereses económicos que luchan por mejorar su posición sean los únicos que pueden establecerse como el mediador entre la realidad y el pueblo, gracias a las reglas de mercado que siempre favorecen a quien tiene mas poder financieros. Tanto es así que se han convertido en los máximos detractores, no ya de un gobierno, sino de todo el sistema constitucional al cuestionar permanentemente la legitimidad de Gobiernos proclamados en elecciones libres y democráticas.
Si tomamos la idea de que los medios son el cuarto poder, es necesario un mayor control, porque todo poder lo necesita dada su capacidad difusiva y de penetración social. La amplia participación de la sociedad en la conformación de la opinión pública con la que contará la nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales, nos permite afirmar que el mencionado control será de cada uno de nosotros.
Por distintas situaciones históricas, se cree que los operadores oficiales son ineficaces o no son idóneos u honestos y se recurre a los medios de comunicación como si éstos nada tuviesen que ver con los hechos sucedidos en el pasado. Existe la sensación de que el periodismo aporta a la gente lo que no puede recibir del Estado, hecho que revela las formas en que los monopolios mediáticos influyen negativamente en la población.
Es menester que los medios de comunicación sean utilizados en forma correcta y presten un amplio servicio social a la población, transmitiendo la información precisa y honesta, conforme a la verdad, de lo contrario y dada la influencia con la que hoy cuentan, es posible pensar que pueden volver a existir medios de comunicación que apoyen a Gobiernos de Facto, lo cual puede observarse en el tratamiento que les dan hoy las grandes cadenas de medios a la situación en Honduras, poniendo en duda, no solo la trascendencia para las, aun nacientes, democracias de nuestra América del Sur, sino poniendo en duda que lo que allí sucede sea un golpe de estado.
Por ello, es necesario diseñar modernos marcos jurídicos, que permitan incrementar la pluralidad y participación en la órbita política. Los medios de comunicación deben asegurar los principios del pluralismo y el respeto por la cultura y la libertad de pensamiento, pilares fundamentales en toda sociedad democrática. El problema central que aqueja a la radiodifusión en nuestro país, gira alrededor de la Ley 22.285, la que ha sido dictada en 1980 por el entonces gobierno de facto del ex General Jorge R. Videla condenado por la Justicia por haber cometido delitos de lesa humanidad.
Este hecho plantea varias dificultades, en primer lugar destacar la obsolescencia de la norma, nada tiene que ver la radiodifusión de principios de la década del 80 con lo que sucede en el año 2009. Por otra parte, el haber sido sancionada por un gobierno dictatorial le confiere un espíritu autoritario, lo que la convierte en una herramienta que fue creada, teniendo como único fin la manipulación de las fuentes de información, buscando de esta forma direccionar las opiniones en favor de objetivos inadecuados para regular la radiodifusión en tiempos democráticos. Situación que no solo surge del hecho de haber sido dictada por un gobierno inconstitucional, sino por el contenido de la norma que expresa claramente la doctrina de seguridad nacional, otorgándole, por ejemplo, al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de ejercer la censura previa. Facultad vigente al día de hoy y que, por mas que se lo acuse de autoritario, el Gobierno Argentino jamás ha utilizado, aunque para los cultores de la república, las instituciones y la ley no podrían elevar ninguna queja si se utilizara. Por dicho motivo llama poderosamente la atención como el arco opositor al Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, defiende a capa y espada los postulados de la misma.
Estas circunstancias, han llevado a la regla estatal permitir la instalación de una particular anarquía en el sector, donde grupos con gran poder económico fueron creando monopolios que impiden la diversidad de opiniones.
Uno de los aspectos más importantes del Proyecto de Ley de Radiodifusión y Servicios Audiovisuales sancionado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, es que imposibilita la concentración monopólica de los medios, restringe la participación de empresas extranjeras e incluye como actores fundamentales a las Universidades, Sindicatos, ONGs, Cooperativas y a los Pueblos Originarios, respetando la diversidad de culturas y opiniones.
No debemos olvidar, que la actual ley de radiodifusión, consagra una situación que no rige ni siquiera en países como E.E.U.U., donde existen restricciones de tipo geográficas, que limitan la posibilidad de que los medios gráficos exploten radios y canales de TV en un mismo lugar. Además existen otras disposiciones referidas a porciones máximas de mercado que pueden dominar los cables. Volviendo a nuestro país, lo cierto es que luego de la denominada Ley Dromi se ha conformado un esquema de medios con una marcada concentración.
La variada y compleja integración de empresas que explotan los diferentes segmentos de la transmisión de información es, actualmente, una realidad incontrastable. Por ello, resulta imperativo establecer reglas de juego claras sobre el particular.
En este contexto, como fue analizado con anterioridad, un tema central es la concentración monopólica. Al respecto, las disposiciones contenidas en la Ley 22.825 son muy vagas y hasta incongruentes con el derecho a la información de los consumidores, pues contienen criterios liberales y carecen de un objetivo social, siendo su único fin netamente económico. A partir de la sanción de la nueva Ley de Radiodifusión y Servicios Audiovisuales, el triunfo de la democracia es notorio, podrán ser titulares de medios otros actores sociales que van a contribuir a la definitiva democratización de los medios de comunicación, deuda pendiente de aproximadamente 30 años.
Diego Segovia (integrante de AJuS)
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