Nota publicada en el Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-103145-Sobre-la-Ley-de-Abastecimiento.html
por Sebastián Del Gaizo integrante de Abogados por la Justicia Social
La ley 20.680, conocida como Ley de Abastecimiento, fue sancionada el 20 de junio de 1974 durante el tercer mandato presidencial de Juan Domingo Perón, con el consenso de los partidos políticos más representativos de la época (el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical).
Las disposiciones en materia de abastecimiento permiten regular el comercio interior de todos los bienes y servicios que se ofrecen en nuestro país. Además de ello, establece un sistema de sanciones penales con un procedimiento especial para la aplicación de ellas.
El núcleo de los delitos previstos en la ley es el acaparamiento que consiste en provocar la escasez de un producto con la finalidad de hacer subir su precio.
En el aspecto histórico es muy importante establecer el origen de las primeras disposiciones en materia de regulación jurídica del comercio interior en el país.
La Argentina, desde su organización nacional, que comenzó en 1853, hasta la segunda parte de la década del ’40 del siglo pasado, adhirió a los postulados del liberalismo en materia económica. Estos principios se basan en la no intervención del Estado en el mercado, que es donde se adquieren bienes y servicios. El precio de ellos quedaría fijado por la interacción libre de la oferta y la demanda y excepcionalmente se podría regular la actividad económica en caso de monopolios.
La gran escasez de distintos productos, originada por el segundo conflicto bélico de escala mundial, forzó a las autoridades gubernamentales a poner en funcionamiento las primeras restricciones a la libertad de oferta, principalmente en materia de precios, que podían ya ser fijados por el Estado.
Con posterioridad a ello, luego de 1945, las restricciones en el comercio interior intentaron incidir en la distribución del ingreso. Se parte de la base de que las restricciones a la libertad absoluta de la oferta por parte de quienes producen y comercializan bienes y servicios llevan a una mejor participación de los sectores asalariados en la riqueza nacional.
Entre las muchas cuestiones jurídicas que podrían plantearse en relación con el tema que nos ocupa existen dos que son claves: la vigencia de la ley y el paro patronal.
Se dice desde algún sector de la academia que la ley fue derogada, en tanto el 31 de octubre de 1991 se publicó el decreto 2.284/91 –ratificado posteriormente por ley 24.307– que establecía la suspensión de las facultades otorgadas por la ley 20.680, las cuales podían ser restablecidas mediante declaración previa de emergencia económica por el Congreso.
Sin embargo, del mismo texto legal surge que se exceptuaba de esta suspensión de facultades la disposición del inciso c) del artículo 2º, que dispone que la administración puede dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de bienes y servicios.
Lo que sucedió es que el decreto 2.284/91 ratificado por ley 24.307 suspendió la casi totalidad de facultades de la administración para regular el comercio interior, pero dejó incólume la disposición general que permite hacerlo, con lo cual una lectura detenida de las normas legales en cuestión nos lleva a la conclusión de que la ley está vigente y que no necesita previa declaración de emergencia económica para aplicarse ya que para ello debió haberse derogado también el inciso c) del artículo 2º de la ley 20.680.
La consecuencia práctica de ello es que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior, puede exigir la provisión de un determinado volumen de combustible y fijar su precio de venta. En caso de comprobar una infracción a las disposiciones que se emitan en dicho sentido se pueden aplicar las sanciones establecidas en el texto legal, que abarcan posibilidades tales como la multa y la clausura.
El otro aspecto a tener en cuenta es que el paro patronal no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico como sí lo tiene la huelga de los trabajadores.
La diferencia es que dadas determinadas circunstancias, los trabajadores organizados tienen derecho a parar la actividad en busca de mejorar sus condiciones de labor. Esto, dentro del marco de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución, y de la ley 23.551, de asociaciones sindicales.
Lo que está fuera de discusión es que la norma que aquí estamos estudiando prohíbe las conductas que desabastecen el mercado. El marco normativo de la ley 20.680 es claro en este sentido: no cuentan quienes producen y comercializan bienes y servicios con derecho a realizar medidas de fuerza.
Como conclusión debemos señalar que la Ley de Abastecimiento se encuentra vigente y que el paro patronal, que no tiene amparo en nuestro ordenamiento, implica justamente la conducta prohibida en esta norma, que es el desabastecimiento de un bien o servicio.
miércoles, 18 de agosto de 2010
jueves, 12 de agosto de 2010
A estos juicios los hacemos entre todos
Nota publicada en el Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=102454
por Norberto Berner integrante de Abogados por la Justicia Social
Es necesario avanzar en la democratización de una de las tres funciones del Estado: la judicial. Siempre es valioso recordar que la resolución de los conflictos, la aplicación de las normas emanadas del Poder Legislativo, de la interpretación de la Constitución Nacional y de las acciones del Poder Ejecutivo, se encuentran en cabeza de una serie de funcionarios que no tienen la obligación de rendir cuentas ante el pueblo en su conjunto.
Por supuesto que esta afirmación requiere un análisis y un debate mucho más profundo; por eso, desde Abogados por la Justicia Social estamos dispuestos a realizarlo y a sostenerlo, por lo que las reflexiones que vertimos aquí son un elemento más de dicho debate.
Proponemos en esta oportunidad pensar en una de las posibilidades que tiene el pueblo argentino de participar activamente en la aplicación de justicia, en referencia a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La construcción de condena social permitió mantener viva la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los escraches, herramienta de lucha social y política, demostraron que el pueblo le dijo “no” al olvido y al perdón. Esto generó la exigencia de la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, para posibilitar un proceso de justicia para el juicio y castigo a los genocidas.
En eso estamos ahora, con más de 100 represores siendo juzgados en todo el país, e incluso en Italia, donde el genocida Emilio Massera es juzgado en ausencia.
Estos debates son orales y públicos, es decir que todos podemos participar. Y esto puede concretarse de diversos modos: acudiendo a las audiencias, siguiendo la información por los medios de comunicación, acompañando las actividades y todas las instancias de lucha por justicia.
Estos juicios son históricos: la Argentina está juzgando a los genocidas y dejando escrito para el futuro, que acá se juzgan y condenan los crímenes de lesa humanidad. Y ese proceso de justicia se da de cara al pueblo, con las puertas abiertas, para que todos y todas podamos verles las caras, escuchar cómo reivindican sus crímenes, conocer quiénes son los responsables del horror.
Los delitos cometidos durante la dictadura tuvieron como víctima a la sociedad en su conjunto, porque fueron parte de un plan sistemático de exterminio y robo de niños, implementado para imponer un modelo económico, político, social y cultural de exclusión. Mientras los verdugos no sean juzgados y condenados, seguimos siendo víctimas sin justicia.
Está demostrado que estos debates generan instancias reparadoras para las víctimas. Y es en este sentido también necesario que toda la sociedad atraviese estos procesos, porque son sanadores, ubican a los asesinos del lado de los culpables y a las víctimas en su lugar.
A estos juicios los hacemos entre todos y todas, con formas diversas de participación. Hay dibujantes que registran los juicios, fotógrafos y camarógrafos que dejan archivos de los represores para la eternidad, vecinos que vieron secuestros y se comprometen dando su testimonio, estudiantes de periodismo que hacen blogs para que circule la información, gente que va a las audiencias para apoyar los juicios y conocer la historia a través de los testimonios de los sobrevivientes.
En los juicios se revive la historia. Se conocen los hechos, sus protagonistas, las diferentes posturas. Ir a los juicios es parte del ejercicio de vivir en democracia, de ver cómo estos genocidas, habiendo cometido todos los delitos que cometieron, gozan de todos sus derechos y garantías. Y también se ve cómo miles de madres esperan saber la verdad sobre sus hijos y nietos.
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=102454
por Norberto Berner integrante de Abogados por la Justicia Social
Es necesario avanzar en la democratización de una de las tres funciones del Estado: la judicial. Siempre es valioso recordar que la resolución de los conflictos, la aplicación de las normas emanadas del Poder Legislativo, de la interpretación de la Constitución Nacional y de las acciones del Poder Ejecutivo, se encuentran en cabeza de una serie de funcionarios que no tienen la obligación de rendir cuentas ante el pueblo en su conjunto.
Por supuesto que esta afirmación requiere un análisis y un debate mucho más profundo; por eso, desde Abogados por la Justicia Social estamos dispuestos a realizarlo y a sostenerlo, por lo que las reflexiones que vertimos aquí son un elemento más de dicho debate.
Proponemos en esta oportunidad pensar en una de las posibilidades que tiene el pueblo argentino de participar activamente en la aplicación de justicia, en referencia a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La construcción de condena social permitió mantener viva la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los escraches, herramienta de lucha social y política, demostraron que el pueblo le dijo “no” al olvido y al perdón. Esto generó la exigencia de la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, para posibilitar un proceso de justicia para el juicio y castigo a los genocidas.
En eso estamos ahora, con más de 100 represores siendo juzgados en todo el país, e incluso en Italia, donde el genocida Emilio Massera es juzgado en ausencia.
Estos debates son orales y públicos, es decir que todos podemos participar. Y esto puede concretarse de diversos modos: acudiendo a las audiencias, siguiendo la información por los medios de comunicación, acompañando las actividades y todas las instancias de lucha por justicia.
Estos juicios son históricos: la Argentina está juzgando a los genocidas y dejando escrito para el futuro, que acá se juzgan y condenan los crímenes de lesa humanidad. Y ese proceso de justicia se da de cara al pueblo, con las puertas abiertas, para que todos y todas podamos verles las caras, escuchar cómo reivindican sus crímenes, conocer quiénes son los responsables del horror.
Los delitos cometidos durante la dictadura tuvieron como víctima a la sociedad en su conjunto, porque fueron parte de un plan sistemático de exterminio y robo de niños, implementado para imponer un modelo económico, político, social y cultural de exclusión. Mientras los verdugos no sean juzgados y condenados, seguimos siendo víctimas sin justicia.
Está demostrado que estos debates generan instancias reparadoras para las víctimas. Y es en este sentido también necesario que toda la sociedad atraviese estos procesos, porque son sanadores, ubican a los asesinos del lado de los culpables y a las víctimas en su lugar.
A estos juicios los hacemos entre todos y todas, con formas diversas de participación. Hay dibujantes que registran los juicios, fotógrafos y camarógrafos que dejan archivos de los represores para la eternidad, vecinos que vieron secuestros y se comprometen dando su testimonio, estudiantes de periodismo que hacen blogs para que circule la información, gente que va a las audiencias para apoyar los juicios y conocer la historia a través de los testimonios de los sobrevivientes.
En los juicios se revive la historia. Se conocen los hechos, sus protagonistas, las diferentes posturas. Ir a los juicios es parte del ejercicio de vivir en democracia, de ver cómo estos genocidas, habiendo cometido todos los delitos que cometieron, gozan de todos sus derechos y garantías. Y también se ve cómo miles de madres esperan saber la verdad sobre sus hijos y nietos.
viernes, 6 de agosto de 2010
Posibles escenarios: las cartas del macrismo y de la oposición
Nota publicada en el Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-101691-Posibles-escenarios-las-cartas-del-macrismo-y-de-la-oposicion.html
por Pamela Álvarez integrante de Abogados por la Justicia Social
Hoy, las cartas en juego están sobre la mesa: cada uno, tanto macrismo como oposición, apuesta por la suya.
La oposición pone en juego su propuesta de una comisión investigadora, prevista en la Constitución de la Ciudad –art. 83, inc. 2– como una atribución de la Legislatura, que puede crearla por cualquier cuestión de interés público.
Un jefe de gobierno procesado como miembro de una asociación ilícita es claramente del interés público y debe ser prioridad en la agenda legislativa. El fin perseguido es la investigación, profundización y esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades del jefe de Gobierno, de su gabinete y demás funcionarios en relación a lo actuado respecto de la Policía Metropolitana y de los hechos investigados en la causa judicial de las escuchas ilegales.
http://www.elargentino.com/nota-101691-Posibles-escenarios-las-cartas-del-macrismo-y-de-la-oposicion.html
por Pamela Álvarez integrante de Abogados por la Justicia Social
Hoy, las cartas en juego están sobre la mesa: cada uno, tanto macrismo como oposición, apuesta por la suya.
La oposición pone en juego su propuesta de una comisión investigadora, prevista en la Constitución de la Ciudad –art. 83, inc. 2– como una atribución de la Legislatura, que puede crearla por cualquier cuestión de interés público.
Un jefe de gobierno procesado como miembro de una asociación ilícita es claramente del interés público y debe ser prioridad en la agenda legislativa. El fin perseguido es la investigación, profundización y esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades del jefe de Gobierno, de su gabinete y demás funcionarios en relación a lo actuado respecto de la Policía Metropolitana y de los hechos investigados en la causa judicial de las escuchas ilegales.
martes, 3 de agosto de 2010
Una mirada sobre el tema de la seguridad en la Ciudad
Nota publicada en el Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=101215
por Renato Vanelli integrante de Abogados por la Justicia Social
La “inseguridad” es uno de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. A mediados de la década de los ’90 podemos ubicar el momento en que la emergencia de la llamada “crisis de inseguridad” tomó preponderancia como tema de la agenda de demandas ciudadanas, en un contexto político y social ya por todos conocido. Las políticas liberales y de pensamiento único se desarrollaron sobre la base de la más alta concentración de la riqueza de nuestra historia, con consecuencias de empobrecimiento y desempleo masivos.
Este modelo generó una sociedad fragmentada, con sus lazos comunitarios fracturados y sin instituciones intermediarias entre los ciudadanos y los encargados de llevar adelante las políticas públicas, situación que se tradujo en una crisis de legitimidad de la política a fines de 2001.
En el marco de aquella crisis, la ausencia de políticas de seguridad y de política criminal fue pergeñando una sumatoria de medidas efectistas de corto alcance que sólo intentaron operar sobre la “sensación de inseguridad”, valiéndose del recetario más simplista y tradicional: endurecimiento de penas, mayor discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, disminución de garantías procesales, aceleramiento para llegar a prisiones preventivas, etc., que delineó, a grandes rasgos, una praxis en materia de seguridad que aumentó el control social selectivo, funcional a los modelos económicos neoliberales de exclusión.
La inseguridad en esos años creció en términos concretos de conflictos y, asimismo, cambió la forma en que dichos conflictos fueron percibidos. La situación en la Ciudad de Buenos Aires presentaba un número significativo de víctimas que se registraban día a día como resultado de los delitos contra la propiedad, en sus distintos grados de violencia contra las personas.
No podemos desconocer que el aprovechamiento oportunista de determinados sectores políticos, cuya intención era mantener encendida la llama del miedo, y un lamentable acompañamiento de los medios masivos de comunicación, generaron una mayor sensación colectiva de alarma y temor a ser víctimas.
Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que esta falsa política fracasó.
Dentro de ese panorama, la reciente creación de la Policía Metropolitana (PM) fue respaldada por distintos sectores políticos, pero la impronta y la dinámica que se le dieron en la práctica real en estos dos años da cuenta de un resultado que dista mucho de los fines que impulsaron su nacimiento.
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=101215
por Renato Vanelli integrante de Abogados por la Justicia Social
La “inseguridad” es uno de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. A mediados de la década de los ’90 podemos ubicar el momento en que la emergencia de la llamada “crisis de inseguridad” tomó preponderancia como tema de la agenda de demandas ciudadanas, en un contexto político y social ya por todos conocido. Las políticas liberales y de pensamiento único se desarrollaron sobre la base de la más alta concentración de la riqueza de nuestra historia, con consecuencias de empobrecimiento y desempleo masivos.
Este modelo generó una sociedad fragmentada, con sus lazos comunitarios fracturados y sin instituciones intermediarias entre los ciudadanos y los encargados de llevar adelante las políticas públicas, situación que se tradujo en una crisis de legitimidad de la política a fines de 2001.
En el marco de aquella crisis, la ausencia de políticas de seguridad y de política criminal fue pergeñando una sumatoria de medidas efectistas de corto alcance que sólo intentaron operar sobre la “sensación de inseguridad”, valiéndose del recetario más simplista y tradicional: endurecimiento de penas, mayor discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, disminución de garantías procesales, aceleramiento para llegar a prisiones preventivas, etc., que delineó, a grandes rasgos, una praxis en materia de seguridad que aumentó el control social selectivo, funcional a los modelos económicos neoliberales de exclusión.
La inseguridad en esos años creció en términos concretos de conflictos y, asimismo, cambió la forma en que dichos conflictos fueron percibidos. La situación en la Ciudad de Buenos Aires presentaba un número significativo de víctimas que se registraban día a día como resultado de los delitos contra la propiedad, en sus distintos grados de violencia contra las personas.
No podemos desconocer que el aprovechamiento oportunista de determinados sectores políticos, cuya intención era mantener encendida la llama del miedo, y un lamentable acompañamiento de los medios masivos de comunicación, generaron una mayor sensación colectiva de alarma y temor a ser víctimas.
Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que esta falsa política fracasó.
Dentro de ese panorama, la reciente creación de la Policía Metropolitana (PM) fue respaldada por distintos sectores políticos, pero la impronta y la dinámica que se le dieron en la práctica real en estos dos años da cuenta de un resultado que dista mucho de los fines que impulsaron su nacimiento.
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