Posibles escenarios: las cartas del macrismo y de la oposición

Nota publicada en el Buenos Aires Económico

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por Pamela Álvarez integrante de Abogados por la Justicia Social


Hoy, las cartas en juego están sobre la mesa: cada uno, tanto macrismo como oposición, apuesta por la suya.


La oposición pone en juego su propuesta de una comisión investigadora, prevista en la Constitución de la Ciudad –art. 83, inc. 2– como una atribución de la Legislatura, que puede crearla por cualquier cuestión de interés público.

Un jefe de gobierno procesado como miembro de una asociación ilícita es claramente del interés público y debe ser prioridad en la agenda legislativa. El fin perseguido es la investigación, profundización y esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades del jefe de Gobierno, de su gabinete y demás funcionarios en relación a lo actuado respecto de la Policía Metropolitana y de los hechos investigados en la causa judicial de las escuchas ilegales.

La carta del macrismo es, en cambio, que el jefe de Gobierno (su jefe político) pase por el tamiz de un juicio político. Postulan que un juicio político es de mayor transparencia para esclarecer los hechos, pero no es una apuesta tan transparente si se cuenta con la mayoría necesaria para que este pedido no vaya más allá de la sala acusadora.


Como atenuante de esta estrategia vale aclarar que el jefe de Gobierno puede ser destituido por un juicio político. Para que esto suceda, es requisito la integración de una sala acusadora compuesta por 45 legisladores, una comisión investigadora de 13 miembros, normada por la sala juzgadora y encargada de indagar los hechos objeto de la acusación, y una sala juzgadora que dicte la absolución o la condena de destitución. Supletoriamente podría inhabilitarlo para el desempeño de un cargo público en la Ciudad por hasta un máximo de 10 años.

A partir del momento en que la sala acusadora decide dar curso a la acusación, queda suspendido en su cargo el funcionario acusado. Si se diera este escenario y el funcionario acusado, y por ende suspendido, fuera el jefe de Gobierno Mauricio Macri, la continuidad constitucional sería responsabilidad de la Legislatura.

El sucesor político sería el vicejefe de Gobierno, cargo al que renunció Gabriela Michetti para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. La ley de acefalía vigente –ley 305– establece la línea sucesoria para el caso de imposibilidad de ocupación del cargo tanto del jefe como del vicejefe: el cargo debería ocuparlo el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, y seguidamente, el vicepresidente segundo, Julio Raffo, integrante de Proyecto Sur, o el vicepresidente tercero, Sergio Abrevaya, integrante de la Coalición Cívica.

El peor escenario para Macri sería que el juicio político determinara la destitución del jefe de Gobierno, ya que con el cargo de vicejefe vacante, el vicepresidente primero Oscar Moscariello seguiría a cargo del Poder Ejecutivo hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires designara al sucesor entre sus miembros.

A su vez, dicho sucesor sería el encargado de llamar a elecciones para el cargo a jefe de gobierno en las próximas elecciones previstas para octubre de 2011.

Hay a la fecha 18 expedientes presentados relacionados con la causa judicial, que serán tratados en la sesión del próximo 12 de agosto, fecha para la cual se votó la preferencia. Para que esto suceda debe de haber un dictamen previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se encuentran radicados los mencionados expedientes. La comisión se reunió esta semana y se firmaron 4 despachos de los expedientes existentes, solicitando: el archivo de los mismos sobre el pedido de juicio político; la remisión de copias de la causa judicial sobre las escuchas ilegales, la concurrencia de Mauricio Macri a la Legislatura el día 24 de agosto a los efectos de brindar las explicaciones del caso, y por último, la creación de una comisión investigadora.

La creación de esta comisión es la que genera los mayores desacuerdos, en torno a la cantidad de miembros- macristas: 4 propone la oposición y 7 propone el macrismo-, y en relación al alcance de la investigación. Lo cierto es que una comisión creada en el ámbito de la Ciudad no puede tener mayores competencias que su propia jurisdicción.

Llegados estos planteos al pleno del recinto, contando con el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se necesita la mayoría simple de 31 votos para su aprobación, no ocurriendo este supuesto en la sesión especial del 20 de julio (el macrismo objetó, votó en contra del pedido de juicio político y luego lo solicitó desde su mismo bloque), en la que se necesitaban 40 votos para dar curso a los pedidos, por tratarse de un pedido sobre tablas –sin despacho de comisión–.

La realidad es que una comisión investigadora, más allá de sus investigaciones y sus conclusiones, no llevaría a la destitución del jefe de gobierno: sólo echaría un manto de certeza sobre lo sucedido, y ésta es una atribución del cuerpo de la Legislatura.