La Corte y la Ley de Medios

por Alfredo Luis Fernández,  abogado, concejal de Lomas de zamora por el FTV, compañero del Mov. Evita y de AJuS.




Transformar la Corte requiere revisar permanentemente la actitud conque se dispensa justicia. El lenguaje austero y a veces elíptico al que suelen recurrir los miembros del alto tribunal es una buena herramienta para preservar el ejercicio independiente de su poder constitucional y sustraerla a las presiones propias de los temas a dirimir, pero a veces, se convierten en un clishé o un refugio que la alejan de emitir soluciones que hacen a la razón de ser de todo organismo jurisdiccional: consagrar lo justo.

El reciente fallo de la Corte respecto al amparo otorgado a Clarín contra la vigencia del art. 161 de la Ley de Medios produjo el curioso efecto de que fuera bien recibido por las partes en juego.

Clarín no obtuvo el fallo deseado, el que presagiaban las fuentes cercanas al tribunal, el que anticipaba un escenario claramente adverso al gobierno: 6 votos contra 1 rechazando lisa y llanamente su planteo.

La reversión de ese panorama significó que se ratificara la vigencia plena de la ley y se le impusiera al juez de primera instancia un límite razonable para resolver sobre la cautelar (para que la parte no termine obteniendo, por el paso del tiempo, el mismo efecto que si se resolviera en su favor la cuestión de fondo).

Las reacciones posteriores demostraron que el grupo monopólico le dio una austera bienvenida al fallo, síntoma de la indisimulable contrariedad por ese 5 a 2 final. Por su parte, ell espectro oficialista se impuso, de manera inteligente, no salir a confrontar con la Corte Suprema, plantándose sobre los aspectos positivos del fallo, para seguir avanzando desde allí en la progresiva implementación de una ley que sabemos será muy trabajosa.

Tres conclusiones quiero compartir.

Primero, que los jueces de la Corte, aun cuando evitaron el simple rechazo, fueron excesivamente cautelosos y no garantizaron la consagración de la justicia. No fueron lo suficientemente drásticos con el juez de primera instancia y dejaron la puerta abierta para que el paréntesis en la vigencia del art. 161 exceda el año, con lo cual no garantizan el objetivo que declaman en la sentencia. Además, aunque es diferente le legitimación de un legislador (tal el actor del primer fallo) que la de un licenciatario (portador inequívoco de un derecho subjetivo), reabrieron la puerta para que siga adelante el forum shopping y corramos el riesgo de sucesivos amparos que torne aun más trabajosa la puesta en marcha de una norma sancionada por el Congreso. Resulta paradójico que el mismo tribunal que le impuso al gobierno nacional una rigurosa y elogiable agenda de preservación y rescate de la Cuenca Matanza Riachuelo, tolere que la desnaturalización de la vía del amparo impida aplicar una política de estado surgida del Parlamento. Es cierto que sus fallos no son de obligatorio seguimiento para los tribunales inferiores, pero si el mensaje es que por regla no se pondrá límite al forum shopping, corren el riesgo de renunciar a actuar de manera positiva como Tribunal Superior para acercarse al rol de simples espectadores. No debe escapar a los miembros del Tribunal que con esta sentencia han puesto en discusión el prestigio que han ido atesorando en su nueva conformación, en la medida que para el hombre común surge con claridad que los poderosos tienen muchas más posibilidades de acceso a la justicia que los más débiles.

La segunda conclusión tiene que ver con el nuevo escenario: las reacciones frente al fallo, la actitud que van asumiendo protagonistas diversos dejan de manifiesto que el universo comunicacional ya no exhibe la hegemonía indiscutida que detentaba poco tiempo atrás el grupo monopólico. La necesidad de transformar el acceso a la información va tomando cuerpo en la sociedad y en sus diversos actores y hoy existe una interesante trama de nuevas voces y una variación en el comportamiento de otros protagonistas que solían manifestarse en consonancia con aquella hegemonía monopólica. Es un poder que ha empezado a resquebrajarse, por la decisión política de un gobierno y por una sociedad que de manera creciente comprende y procura ejercer un acceso más libre a la información. Ello no significa que vaya a caer como una fruta madura, por su propio peso. Pero en la medida que el gobierno sostenga la iniciativa y los nuevos actores sigan demostrando capacidad de movilización y de crecimiento en sus diversas propuestas de comunicación, el fin del sistema de discurso único que detentó Clarín por décadas será irreversible.

Por último, es más que alentador que el gobierno haya tenido la sintonía fina como para no reaccionar confrontando con el tribunal y haya sabido rescatar los aspectos positivos de la norma. Eso significa no sólo que mantiene la iniciativa y que el grupo monopólico continúa a la defensiva, sino que también es un valiosísimo síntoma de cara al desafío electoral de 2011, frente al cual deberá también demostrar también versatilidad dentro de su firmeza para garantizar una victoria que, entre otras cosas, será decisiva para que no haya vuelta atrás en éste y en otros temas esenciales para la consolidación de nuestra democracia.

 El fallo

Un Gobierno Popular se construye con las Organizaciones Libres del Pueblo

Abogados por la Justicia Social expresa su “solidaridad con las compañeras y compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru, con los miembros de las Cooperativas Marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico” ante lo que denunciamos como una “campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública los sectores populares y sus organizaciones sociales”.

En los últimos días asistimos a una puesta mediática en la que nos presentan un escenario bélico de supuesta violencia, catástrofe e intolerancia, encabezado, por las organizaciones sociales “piqueteras” afines al gobierno nacional.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.