por Gabriela Molina integrante de AJUS
En 1960 los argentinos gozábamos del derecho a una jubilación compuesta por el 82 % del salario, tal derecho nos era conferido por la ley Nº 14.449. A partir de 1968 comienzan las sucesivas reformas legales que fueron sistemáticamente deteriorando los haberes jubilatorios. Con la sanción de la ley Nº 18.037 de ese año, se fija un régimen por el cual, las personas al momento de jubilarse (a los 60 o 65 años según se trate de una mujer o de un varón) percibían un 70 %, que se vería incrementado hasta el 78 % transcurridos los tres (3) primeros años y el 82 % luego de pasados los primeros cinco (5) años de la edad jubilatoria. Por otra parte, dicha ley implementaba un sistema de movilidad de los haberes en consonancia con la variación del nivel general de las remuneraciones de los trabajadores activos. Con esta ley se sigue manteniendo el 82 % pero sólo para aquellos que excedan en cinco (5) años la edad de jubilarse, no obstante la movilidad de haberes que implementaba era favorable para los jubilados.
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lunes, 26 de julio de 2010
martes, 20 de julio de 2010
Acerca de la confrontación y el consenso
por Pablo Favara integrante de AJUS
Mucho se habla del método que tiene nuestro gobierno de hacer política. Se critica su estilo de “confrontación constante”. Miles de palabras dichas y escritas, desde los principales medios (monopólicos) de comunicación, intentan convencernos (casi exageradamente) que se deben buscar consensos y quieren ponernos sobre alerta del peligro que conlleva el hábito de confrontar permanentemente. Ante tantas explicaciones intentadas, me surgen inevitablemente algunos interrogantes; que entienden estos sabios periodistas por confrontar y por consensuar? Cual es el miedo que tienen a la confrontación? ¿Cual es el verdadero beneficio de consensuar?
La Real Academia Española define el término confrontar como “Comparar una cosa con otra”, y entre sus sinónimos se encuentran términos como “enfrentar, cotejar, examinar”; De esta definición de la palabra y sus similares se entiende a ciencia cierta el miedo y la preocupación que produce esta forma de hacer política en aquellos sectores que han dominado por siempre los destinos de este país. Hacia rato que estos señores no sentían inquietudes en su status quo.
Creyeron que con la muerte de Evita primero; el bombardeo a Plaza de Mayo, la persecución y proscripción del peronismo luego; la muerte de nuestro amado líder mas tarde; y por último el nefasto período nacido el 24 de marzo de 1976 y culminado el 25 de mayo de 2003 era suficiente para que nada hiciera tambalear su modelo de país. Pero se equivocaron, y lo saben, subestimaron a ese pueblo que habían subyugado a fuerza de violencia y miedo, subestimaron a su juventud (y su eterna rebeldía), y hoy están preocupados, temen y apelan a todos los métodos posibles para hacernos entender que confrontar es peligroso y nocivo para la sociedad. Nos quieren convencer que debemos consensuar en pos de la pacificación del país.
Ahora bien, cual es el peligro de comparar dos modelos de país? Cual es el problema que existe en cotejar cual de los dos modelos proporciona mayor acceso a la educación, justicia y salud, cual de los dos modelos se encarga de incluir a aquellos que más lo necesitan?
Mucho se habla del método que tiene nuestro gobierno de hacer política. Se critica su estilo de “confrontación constante”. Miles de palabras dichas y escritas, desde los principales medios (monopólicos) de comunicación, intentan convencernos (casi exageradamente) que se deben buscar consensos y quieren ponernos sobre alerta del peligro que conlleva el hábito de confrontar permanentemente. Ante tantas explicaciones intentadas, me surgen inevitablemente algunos interrogantes; que entienden estos sabios periodistas por confrontar y por consensuar? Cual es el miedo que tienen a la confrontación? ¿Cual es el verdadero beneficio de consensuar?
La Real Academia Española define el término confrontar como “Comparar una cosa con otra”, y entre sus sinónimos se encuentran términos como “enfrentar, cotejar, examinar”; De esta definición de la palabra y sus similares se entiende a ciencia cierta el miedo y la preocupación que produce esta forma de hacer política en aquellos sectores que han dominado por siempre los destinos de este país. Hacia rato que estos señores no sentían inquietudes en su status quo.
Creyeron que con la muerte de Evita primero; el bombardeo a Plaza de Mayo, la persecución y proscripción del peronismo luego; la muerte de nuestro amado líder mas tarde; y por último el nefasto período nacido el 24 de marzo de 1976 y culminado el 25 de mayo de 2003 era suficiente para que nada hiciera tambalear su modelo de país. Pero se equivocaron, y lo saben, subestimaron a ese pueblo que habían subyugado a fuerza de violencia y miedo, subestimaron a su juventud (y su eterna rebeldía), y hoy están preocupados, temen y apelan a todos los métodos posibles para hacernos entender que confrontar es peligroso y nocivo para la sociedad. Nos quieren convencer que debemos consensuar en pos de la pacificación del país.
Ahora bien, cual es el peligro de comparar dos modelos de país? Cual es el problema que existe en cotejar cual de los dos modelos proporciona mayor acceso a la educación, justicia y salud, cual de los dos modelos se encarga de incluir a aquellos que más lo necesitan?
viernes, 12 de marzo de 2010
La "calidad institucional" bien entendida empieza por casa
AJUS (Abogados por la Justicia Social) recibe con asombro y tristeza el lamentable tenor del "Comunicado" emitido por la Corte Suprema de Justicia en una clara y directa -aunque disimulada- respuesta a recientes manifestaciones de la Sra. Presidenta de la Nación. En consecuencia, AJUS alerta al pueblo argentino sobre el riesgo institucional que encierra el posicionamiento público asumido por la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Sobre una mezcla indecorosa de vanidad y advertencias, el "Comunicado" trasunta la pretensión de la Corte de intervenir en la dinámica de asuntos públicos y conflictos políticos que sólo pueden ser administrados por los representantes elegidos de manera directa por el pueblo, únicos legitimados para ello, y recorre en definitiva un peligroso sendero cuyo final no es otro que el desconocimiento de la voluntad popular.
La Corte reclama a "quienes tienen responsabilidades de gobierno" transparencia, respeto a la independencia judicial, mesura, equilibrio y diálogo.
El gesto político del máximo tribunal del país, al emitir semejante "Comunicado", se inscribe, en forma absolutamente previsible, en el ya esta altura evidente y burdo montaje teatral de la oposición y del Grupo Clarín. Pareciera obedecer la Corte Suprema a un guión escrito en otro lado, fuera de su propia órbita, en el que se turnan dirigentes opositores y periodistas millonarios indignados.
Resuena en el "Comunicado" la perorata hueca de argumentos sobre la "calidad institucional", ese concepto que, deliberada y persistentemente distorsionado, repiquetea sin freno alguno en los medios de comunicación monopólicos, claros personeros del poder económico concentrado y enemigos directos de los intereses nacionales.
AJUS, eludiendo la trampa de la simplificación malintencionada del discurso dominante, en la que parece caer la Corte, recuerda al pueblo argentino que la medida más trascendente en materia de "calidad institucional", al menos desde el retorno de la democracia, ha sido la decisión del Presidente Néstor Kirchner de avanzar desde el inicio mismo de su mandato en un proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, implementando un procedimiento de designación de nuevos miembros cuya transparencia, seriedad y racionalidad política no tiene precedentes en la historia de nuestro país.
Un proceso cuyos métodos y candidatos recibieron las más feroces críticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, que son los mismos que llevan en estas horas trascendentales el estandarte de la "calidad institucional", pero que finalmente nos condujo al nombramiento de notables juristas argentinos y en definitiva a la conformación de una Corte Suprema de Justicia insospechada de afinidad con el Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno Nacional, como continuador natural del proceso iniciado en mayo de 2003, puede exhibir, entonces, claramente, su vocación de fortalecer la "calidad institucional", de ejercer el poder político con transparencia y responsabilidad, y asegurar la independencia del Poder Judicial.
Como agrupación de abogados, AJUS tiene la obligación de recordarle a la Corte Suprema de Justicia y al pueblo argentino en su conjunto que la “mesura” no es un mandato legal que alguna norma le imponga a la presidenta. En cambio sí lo es la obligación de ser el responsable político de la administración general del país. También está obligada por la Constitución y por varios tratados a generar las condiciones económicas para que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser ejercidos por todos los argentinos y no sólo por los sectores medios y acomodados.
En ese sentido, la gestión de la Presidenta ofrece innumerables ejemplos de avances en la efectiva satisfacción de derechos elementales que hacen a la dignidad de grandes cantidades de argentinos que habían permanecido silenciados durante décadas. Los progresivos y constantes aumentos jubilatorios y salariales, la asignación universal por hijo, las paritarias, son algunos ejemplos de ello y dan acabada cuenta del verdadero y profundo mandato legal del Poder Ejecutivo.
La historia de nuestro país nos demuestra a simple vista que los períodos en los que los grupos más postergados son tenidos en cuenta y amplían su espectro de derechos gracias a la gestión del Poder Ejecutivo de turno, no son la regla sino la excepción. Si para compensar tantos años de frustraciones, desigualdades y gestiones mediocres, el Poder Ejecutivo tiene que modificar el status quo, es comprensible que los grupos injustamente privilegiados reclamen “mesura”. Por eso, si es la Corte Suprema de la Nación la que reclama, abstracta y ampulosamente, “mesura”, tenemos legítimas sospechas de que sea ella misma y los miembros que firmaron el comunicado los que actúen en representación de aquellos.
Siguiendo con los mandatos legales, bien podría ser la Corte la que reflexione seriamente acerca de si en el seno de su propio cuerpo y en la totalidad del sistema judicial que encabeza, se cumplen los presupuestos que exige insólitamente al Gobierno Nacional por vía del sugestivo "Comunicado". Porque, la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
AJUS pregunta dónde está la "transparencia" del sistema judicial que según la Corte es su "política de estado", si todavía la ciudadanía tiene que tolerar, por ejemplo, que los juicios por delitos de lesa humanidad no cumplan con el requisito de publicidad exigido constitucionalmente, o que los verdugos interroguen a las víctimas.
AJUS pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que insólitamente exige la Corte al Poder Ejecutivo Nacional, si todos los días observamos azorados cómo uno de sus miembros, transgrediendo sin recato alguno las más elementales reglas del decoro requerido a los magistrados, "conversa" con periodistas en la vía pública, a la salida de su domicilio, adelantando opiniones sobre asuntos que serán luego materia de análisis por el Tribunal, prejuzgando e incluso presionando a otros tribunales inferiores a pronunciarse en determinado sentido.
AJUS se pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que reclama la Corte al Gobierno Nacional, si el Presidente del Cuerpo aparece mencionado persistentemente en medios periodísticos como futuro candidato a cargos electivos, concretamente a Vice Presidente de la Nación, y recibe en su despacho al elenco estable de senadores opositores en el medio de una ofensiva destituyente feroz encabezada por estos sectores.
AJUS se pregunta si el concepto de "independencia judicial" que vocifera la Corte es aquel que permite que una oscura jueza de la provincia de Mendoza suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -votada en el Congreso con mayorías abrumadoras- por presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo que recibió el proyecto, o si esa concepción se ve reflejada en el deplorable espectáculo que por estos días brindan al país los jueces que se entrometen flagrantemente -siguiendo sin pudor alguno los arrebatos irresponsables de legisladores incapaces de construir los verdaderos consensos políticos que la Patria necesita, y vigilados de cerca por los monopolios mediáticos- en asuntos de estricta naturaleza política, como la discusión planteada en torno a la utilización de reservas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, entorpeciendo gravemente la gestión de la Presidenta de la Nación, elegida -vale la pena recordarla- por más del 46 % del pueblo argentino.
AJUS se pregunta por qué la Corte no recurre al "diálogo", al que plantea como mecanismo indispensable de afianzamiento de la justicia y la paz social para todos los argentinos, con los trabajadores judiciales para incorporarlos -como corresponde por imperativo constitucional- al gobierno de la Obra Social; por qué continúa abusando de su posición de poderío -debidamente nutrida de un elitismo antidemocrático inadmisible- para impedir la consagración de derechos invulnerables de los judiciales.
En definitiva, como es desgraciadamente habitual en el país, soslayando su carácter contramayoritario y la ausencia de control popular sobre sus decisiones y funcionamiento, la corporación judicial pretende preservar sus privilegios y rechazar cualquier intento de democratización, recurriendo a un discurso admonitorio que, bajo un disfraz de salvaguardia de las democracia y las instituciones, no revela otra cosa que un avance sobre la voluntad popular por vía de la intromisión deliberada en materias que sólo están reservadas a la puja política y protagonizadas por aquellos que han recibido mandato directo de la ciudadanía.
Por ello AJUS respalda plenamente y hace suyas las palabras de la Presidenta de la Nación, aprovecha la profundidad de su mensaje para ratificar la voluntad inquebrantable de esta Agrupación de perseguir el establecimiento de un Poder Judicial Democrático, y recuerda finalmente a la Corte que la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
Sobre una mezcla indecorosa de vanidad y advertencias, el "Comunicado" trasunta la pretensión de la Corte de intervenir en la dinámica de asuntos públicos y conflictos políticos que sólo pueden ser administrados por los representantes elegidos de manera directa por el pueblo, únicos legitimados para ello, y recorre en definitiva un peligroso sendero cuyo final no es otro que el desconocimiento de la voluntad popular.
La Corte reclama a "quienes tienen responsabilidades de gobierno" transparencia, respeto a la independencia judicial, mesura, equilibrio y diálogo.
El gesto político del máximo tribunal del país, al emitir semejante "Comunicado", se inscribe, en forma absolutamente previsible, en el ya esta altura evidente y burdo montaje teatral de la oposición y del Grupo Clarín. Pareciera obedecer la Corte Suprema a un guión escrito en otro lado, fuera de su propia órbita, en el que se turnan dirigentes opositores y periodistas millonarios indignados.
Resuena en el "Comunicado" la perorata hueca de argumentos sobre la "calidad institucional", ese concepto que, deliberada y persistentemente distorsionado, repiquetea sin freno alguno en los medios de comunicación monopólicos, claros personeros del poder económico concentrado y enemigos directos de los intereses nacionales.
AJUS, eludiendo la trampa de la simplificación malintencionada del discurso dominante, en la que parece caer la Corte, recuerda al pueblo argentino que la medida más trascendente en materia de "calidad institucional", al menos desde el retorno de la democracia, ha sido la decisión del Presidente Néstor Kirchner de avanzar desde el inicio mismo de su mandato en un proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, implementando un procedimiento de designación de nuevos miembros cuya transparencia, seriedad y racionalidad política no tiene precedentes en la historia de nuestro país.
Un proceso cuyos métodos y candidatos recibieron las más feroces críticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, que son los mismos que llevan en estas horas trascendentales el estandarte de la "calidad institucional", pero que finalmente nos condujo al nombramiento de notables juristas argentinos y en definitiva a la conformación de una Corte Suprema de Justicia insospechada de afinidad con el Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno Nacional, como continuador natural del proceso iniciado en mayo de 2003, puede exhibir, entonces, claramente, su vocación de fortalecer la "calidad institucional", de ejercer el poder político con transparencia y responsabilidad, y asegurar la independencia del Poder Judicial.
Como agrupación de abogados, AJUS tiene la obligación de recordarle a la Corte Suprema de Justicia y al pueblo argentino en su conjunto que la “mesura” no es un mandato legal que alguna norma le imponga a la presidenta. En cambio sí lo es la obligación de ser el responsable político de la administración general del país. También está obligada por la Constitución y por varios tratados a generar las condiciones económicas para que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser ejercidos por todos los argentinos y no sólo por los sectores medios y acomodados.
En ese sentido, la gestión de la Presidenta ofrece innumerables ejemplos de avances en la efectiva satisfacción de derechos elementales que hacen a la dignidad de grandes cantidades de argentinos que habían permanecido silenciados durante décadas. Los progresivos y constantes aumentos jubilatorios y salariales, la asignación universal por hijo, las paritarias, son algunos ejemplos de ello y dan acabada cuenta del verdadero y profundo mandato legal del Poder Ejecutivo.
La historia de nuestro país nos demuestra a simple vista que los períodos en los que los grupos más postergados son tenidos en cuenta y amplían su espectro de derechos gracias a la gestión del Poder Ejecutivo de turno, no son la regla sino la excepción. Si para compensar tantos años de frustraciones, desigualdades y gestiones mediocres, el Poder Ejecutivo tiene que modificar el status quo, es comprensible que los grupos injustamente privilegiados reclamen “mesura”. Por eso, si es la Corte Suprema de la Nación la que reclama, abstracta y ampulosamente, “mesura”, tenemos legítimas sospechas de que sea ella misma y los miembros que firmaron el comunicado los que actúen en representación de aquellos.
Siguiendo con los mandatos legales, bien podría ser la Corte la que reflexione seriamente acerca de si en el seno de su propio cuerpo y en la totalidad del sistema judicial que encabeza, se cumplen los presupuestos que exige insólitamente al Gobierno Nacional por vía del sugestivo "Comunicado". Porque, la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
AJUS pregunta dónde está la "transparencia" del sistema judicial que según la Corte es su "política de estado", si todavía la ciudadanía tiene que tolerar, por ejemplo, que los juicios por delitos de lesa humanidad no cumplan con el requisito de publicidad exigido constitucionalmente, o que los verdugos interroguen a las víctimas.
AJUS pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que insólitamente exige la Corte al Poder Ejecutivo Nacional, si todos los días observamos azorados cómo uno de sus miembros, transgrediendo sin recato alguno las más elementales reglas del decoro requerido a los magistrados, "conversa" con periodistas en la vía pública, a la salida de su domicilio, adelantando opiniones sobre asuntos que serán luego materia de análisis por el Tribunal, prejuzgando e incluso presionando a otros tribunales inferiores a pronunciarse en determinado sentido.
AJUS se pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que reclama la Corte al Gobierno Nacional, si el Presidente del Cuerpo aparece mencionado persistentemente en medios periodísticos como futuro candidato a cargos electivos, concretamente a Vice Presidente de la Nación, y recibe en su despacho al elenco estable de senadores opositores en el medio de una ofensiva destituyente feroz encabezada por estos sectores.
AJUS se pregunta si el concepto de "independencia judicial" que vocifera la Corte es aquel que permite que una oscura jueza de la provincia de Mendoza suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -votada en el Congreso con mayorías abrumadoras- por presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo que recibió el proyecto, o si esa concepción se ve reflejada en el deplorable espectáculo que por estos días brindan al país los jueces que se entrometen flagrantemente -siguiendo sin pudor alguno los arrebatos irresponsables de legisladores incapaces de construir los verdaderos consensos políticos que la Patria necesita, y vigilados de cerca por los monopolios mediáticos- en asuntos de estricta naturaleza política, como la discusión planteada en torno a la utilización de reservas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, entorpeciendo gravemente la gestión de la Presidenta de la Nación, elegida -vale la pena recordarla- por más del 46 % del pueblo argentino.
AJUS se pregunta por qué la Corte no recurre al "diálogo", al que plantea como mecanismo indispensable de afianzamiento de la justicia y la paz social para todos los argentinos, con los trabajadores judiciales para incorporarlos -como corresponde por imperativo constitucional- al gobierno de la Obra Social; por qué continúa abusando de su posición de poderío -debidamente nutrida de un elitismo antidemocrático inadmisible- para impedir la consagración de derechos invulnerables de los judiciales.
En definitiva, como es desgraciadamente habitual en el país, soslayando su carácter contramayoritario y la ausencia de control popular sobre sus decisiones y funcionamiento, la corporación judicial pretende preservar sus privilegios y rechazar cualquier intento de democratización, recurriendo a un discurso admonitorio que, bajo un disfraz de salvaguardia de las democracia y las instituciones, no revela otra cosa que un avance sobre la voluntad popular por vía de la intromisión deliberada en materias que sólo están reservadas a la puja política y protagonizadas por aquellos que han recibido mandato directo de la ciudadanía.
Por ello AJUS respalda plenamente y hace suyas las palabras de la Presidenta de la Nación, aprovecha la profundidad de su mensaje para ratificar la voluntad inquebrantable de esta Agrupación de perseguir el establecimiento de un Poder Judicial Democrático, y recuerda finalmente a la Corte que la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
martes, 31 de marzo de 2009
CARTA ABIERTA V
Desde AJUS adherimos grupalmente al texto de la nueva Carta Abierta. Los interesados pueden encontrar el texto AQUI.
lunes, 30 de marzo de 2009
PEDIDO DE EXPLICACIONES A LA UBA
El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un proyecto a fin de que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires informe en el Congreso “Si ha tomado conocimiento de la grave denuncia efectuada por un alumno de la Facultad de Derecho, a través de la cual se pone en conocimiento de las autoridades de la misma, los hechos atribuidos a un Profesor de Derecho Constitucional, Alfredo Solari, quien habría incurrido en manifestaciones apologéticas del Terrorismo de Estado padecido por nuestro país durante la última dictadura militar del período 1976/1983”.
El proyecto, que también lleva las firmas de los diputados Kunkel, Soto, Damilano Grivarello, Pasini, Recalde, Carlotto y Perié, solicita información sobre “cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación”.
A continuación el texto completo del proyecto de resolución:
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I O N
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, RESUELVE:
Dirigirse al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a fin de que informe a este H. Cuerpo:
1-Si ha tomado conocimiento de la grave denuncia efectuada por un alumno de la Facultad de Derecho de esa Universidad, a través de la cual se pone en conocimiento de las autoridades de la misma los hechos atribuidos a un Profesor de Derecho Constitucional, Alfredo Solari, quien habría incurrido en manifestaciones apologéticas del Terrorismo de Estado padecido por nuestro país durante la última dictadura militar del período 1976/1983.
2-En su caso, cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación.
3-Si estos hechos tienen antecedentes en la Unidad Académica precitada - Facultad de Derecho de la UBA -, y cual ha sido la actitud de su Decano, Dr. Aníbal Atilio Alterini, quien como es de público y notorio fuera magistrado judicial y funcionario jerárquico del régimen militar precedentemente señalado.
4-Cuáles son los pasos que se seguirán desde ese Consejo en su condición de máxima autoridad Universitaria para evitar que episodios como el descripto se repitan en su ámbito, y para sancionar a aquellos que violan su compromiso de defender la Constitución y los Derechos Humanos, en una Facultad y en una Universidad en las cuales numerosos alumnos y docentes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad que en forma sistemática y masiva perpetraron quienes no trepidaron en secuestrar, torturar y asesinar a estudiantes y profesores por razones ideológicas, políticas y económicas, al servicio de las minorías externas e internas que intentaron sojuzgar al pueblo argentino y profundizaron la dependencia de nuestro país y de sus habitantes en el oscuro período en el que usurparon el poder político de la Nación.
Secretaría Privada
Diputado Nacional
Juan Carlos Dante Gullo
Riobamba 71 4º
(0054-11) 6310-8138
privada.jgullo@diputados.gov.ar
El proyecto, que también lleva las firmas de los diputados Kunkel, Soto, Damilano Grivarello, Pasini, Recalde, Carlotto y Perié, solicita información sobre “cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación”.
A continuación el texto completo del proyecto de resolución:
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I O N
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, RESUELVE:
Dirigirse al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a fin de que informe a este H. Cuerpo:
1-Si ha tomado conocimiento de la grave denuncia efectuada por un alumno de la Facultad de Derecho de esa Universidad, a través de la cual se pone en conocimiento de las autoridades de la misma los hechos atribuidos a un Profesor de Derecho Constitucional, Alfredo Solari, quien habría incurrido en manifestaciones apologéticas del Terrorismo de Estado padecido por nuestro país durante la última dictadura militar del período 1976/1983.
2-En su caso, cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación.
3-Si estos hechos tienen antecedentes en la Unidad Académica precitada - Facultad de Derecho de la UBA -, y cual ha sido la actitud de su Decano, Dr. Aníbal Atilio Alterini, quien como es de público y notorio fuera magistrado judicial y funcionario jerárquico del régimen militar precedentemente señalado.
4-Cuáles son los pasos que se seguirán desde ese Consejo en su condición de máxima autoridad Universitaria para evitar que episodios como el descripto se repitan en su ámbito, y para sancionar a aquellos que violan su compromiso de defender la Constitución y los Derechos Humanos, en una Facultad y en una Universidad en las cuales numerosos alumnos y docentes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad que en forma sistemática y masiva perpetraron quienes no trepidaron en secuestrar, torturar y asesinar a estudiantes y profesores por razones ideológicas, políticas y económicas, al servicio de las minorías externas e internas que intentaron sojuzgar al pueblo argentino y profundizaron la dependencia de nuestro país y de sus habitantes en el oscuro período en el que usurparon el poder político de la Nación.
Secretaría Privada
Diputado Nacional
Juan Carlos Dante Gullo
Riobamba 71 4º
(0054-11) 6310-8138
privada.jgullo@diputados.gov.ar
jueves, 26 de marzo de 2009
ACERCA DE LO SUCEDIDO EN LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION
El siguiente es un comunicado emitido por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en relación a la disputa sucedida días atrás entre Garrido y el Dr. Righi:
"Con motivo de la repercusión periodística que tuviera la Resolución de la Procuración General de la Nación 147/08 y del tratamiento dado al tema por los medios de comunicación tendiente a desacreditar la actuación del Profesor Dr. Esteban Righi como Procurador General de la Nación al dictar una resolución en el uso de las facultades que le competen, como Profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, manifestamos nuestro apoyo al desempeño funcional de Profesor Dr. Esteban Righi, quien ha tenido a lo largo de su vida y de su carrera una conducta coherente como demócrata y como defensor de los derechos humanos, cuya independencia y autonomía no puede ser puesta en duda.
La campaña originada en tal resolución funcional, la que fuera dictada en el marco estricto de la ley, revela un desconocimiento del funcionamiento de la Procuración General de la Nación, como organismo autónomo de los otros poderes y de las respectivas competencias de los Fiscales, cuya defensa cabe a quien es la máxima autoridad, dentro del respeto a la actuación de cada uno de los Fiscales que la integran, los que no pueden ser desplazados ni sometidos a instrucciones particulares, en aras del mejor desempeño del Ministerio Público. De tal modo se resguarda su unidad de acción y la igualdad de armas en función del derecho de defensa y ello no significa disminuir las facultades que a cada uno le compete.
En consecuencia, la resolución ni limita ni recorta atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni puede paralizar el avance de causas en trámite, ya que la actual Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su art. 45 el marco de actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Es por ello que nos vemos en la obligación de aclarar tales extremos a fin de evitar distorsiones en el tratamiento del tema que perjudican a quien es y ha sido un consecuente Defensor del Estado Democrático de Derecho."
"Con motivo de la repercusión periodística que tuviera la Resolución de la Procuración General de la Nación 147/08 y del tratamiento dado al tema por los medios de comunicación tendiente a desacreditar la actuación del Profesor Dr. Esteban Righi como Procurador General de la Nación al dictar una resolución en el uso de las facultades que le competen, como Profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, manifestamos nuestro apoyo al desempeño funcional de Profesor Dr. Esteban Righi, quien ha tenido a lo largo de su vida y de su carrera una conducta coherente como demócrata y como defensor de los derechos humanos, cuya independencia y autonomía no puede ser puesta en duda.
La campaña originada en tal resolución funcional, la que fuera dictada en el marco estricto de la ley, revela un desconocimiento del funcionamiento de la Procuración General de la Nación, como organismo autónomo de los otros poderes y de las respectivas competencias de los Fiscales, cuya defensa cabe a quien es la máxima autoridad, dentro del respeto a la actuación de cada uno de los Fiscales que la integran, los que no pueden ser desplazados ni sometidos a instrucciones particulares, en aras del mejor desempeño del Ministerio Público. De tal modo se resguarda su unidad de acción y la igualdad de armas en función del derecho de defensa y ello no significa disminuir las facultades que a cada uno le compete.
En consecuencia, la resolución ni limita ni recorta atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni puede paralizar el avance de causas en trámite, ya que la actual Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su art. 45 el marco de actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Es por ello que nos vemos en la obligación de aclarar tales extremos a fin de evitar distorsiones en el tratamiento del tema que perjudican a quien es y ha sido un consecuente Defensor del Estado Democrático de Derecho."
martes, 17 de marzo de 2009
1976- RECITAL A 33 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA- 2009
LUNES 23 DE MARZO- 21:00 HORAS
"DESPERTEMOS A LA JUSTICIA: ¡JUICIO Y CASTIGO YA!"
TRIBUNALES- TALCAHUANO Y LAVALLE-
GRATIS
LEÓN GIECO
NONPALIDECE
ÁRBOL
LA CHILINGA
y más artistas
MARTES 24 DE MARZO
Marchamos con la bandera de los detenidos-desaparecidos a Plaza de Mayo
15:00 horas- Piedras y Av. de Mayo
JUICIO Y CÁRCEL COMÚN A TODOS LOS GENOCIDAS
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ ¡YA!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!
Convocan:
Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Regional Capital Federal
Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora
-----
APDH- CELS- Fundación Memoria Histórica- Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia- M.E.D.H.- SERPAJ
-----
Adhieren: Agrupación Murga Los Verdes de Monserrat - AJUS (Abogados por la Justicia Social) - ATE Capital - DEMOS (Sociales) - EDE (Encuentro por la Democracia y a Equidad) - Espacio Alejandro Almeida - FM La Tribu - IURE (Derecho) - Juventud CTA - Juventud Frente Progresista Popular - Mesa de los Juicios - Movimiento Universitario Evita - NBI (Derecho) - Nueva Comuna - La Escalabrini Ortiz - Libres del Sur - Partido Comunista (Congreso Extraordinario) - Partido Socialista Provincia de Buenos Aires - Peronismo 26 de Julio - RCP (Medicina) - UTE (CTERA Capital).
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré y Zona Oeste - Colectivo Argentino por la memoria de Paris, Francia - Fraternidad Laica Carlos de Foucault - FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos)
"DESPERTEMOS A LA JUSTICIA: ¡JUICIO Y CASTIGO YA!"
TRIBUNALES- TALCAHUANO Y LAVALLE-
GRATIS
LEÓN GIECO
NONPALIDECE
ÁRBOL
LA CHILINGA
y más artistas
MARTES 24 DE MARZO
Marchamos con la bandera de los detenidos-desaparecidos a Plaza de Mayo
15:00 horas- Piedras y Av. de Mayo
JUICIO Y CÁRCEL COMÚN A TODOS LOS GENOCIDAS
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ ¡YA!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!
Convocan:
Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Regional Capital Federal
Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora
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APDH- CELS- Fundación Memoria Histórica- Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia- M.E.D.H.- SERPAJ
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Adhieren: Agrupación Murga Los Verdes de Monserrat - AJUS (Abogados por la Justicia Social) - ATE Capital - DEMOS (Sociales) - EDE (Encuentro por la Democracia y a Equidad) - Espacio Alejandro Almeida - FM La Tribu - IURE (Derecho) - Juventud CTA - Juventud Frente Progresista Popular - Mesa de los Juicios - Movimiento Universitario Evita - NBI (Derecho) - Nueva Comuna - La Escalabrini Ortiz - Libres del Sur - Partido Comunista (Congreso Extraordinario) - Partido Socialista Provincia de Buenos Aires - Peronismo 26 de Julio - RCP (Medicina) - UTE (CTERA Capital).
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré y Zona Oeste - Colectivo Argentino por la memoria de Paris, Francia - Fraternidad Laica Carlos de Foucault - FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos)
viernes, 27 de febrero de 2009
Bolivia: Transnacionales, la CIA y los Derechos Humanos
Autor: Idón Moisés Chivi Vargas [*]
“Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...]"
(Eugenio Raúl Zaffaroni 19 de febrero de 2009, El País)
El gobierno Boliviano “viola los derechos humanos”, sentencia un informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Bolivia (USA 2008).
Tal afirmación ha generado reacciones indignadas de parte del gobierno boliviano, y con sobrada razón. Faltaba más, quienes han puesto en entredicho el valor de los Derechos Humanos y su efectividad universal, juzgan a un país que dignificándose, da pasos hacia la construcción de una democracia igualitaria, aquella que no pudo realizar el capitalismo central, menos el periférico de raíz colonial.
Quienes crearon la tenebrosa Central de Inteligencia Americana (CIA), se ocupan de un país que no ha cometido mas pecado que ponerse de pie, desde El Alto de La Paz hasta los últimos rincones patrios plurinacionales.
la preocupación norteamericana debiera ser motivo de alegría para el país. Recordando a Don Quijote que le decía a su amigo “Sancho los perros ladran, señal de que avanzamos”
Pero lo que indigna no es su preocupación, sino su acusación perversa y mentirosa, cada punto que mencionan en el informe, miente por lo que dice, miente por lo que calla, pero miente mas por lo que anuncia.
Su denuncia, confiesa que ellos fueron los que alimentaron los golpes de Estado, la Terrible casa de entrenamiento paramilitar de militares latinoamericanos cuyo nombre era la “Escuela de las Américas, escuela de asesinos la denominó acertadamente una investigación realizada por gentes muy religiosas.
La CIA y las transnacionales, que controlan tanto a republicanos como a demócratas lo saben muy bien, saben a ciencia cierta cuantas violaciones de derechos humanos cometieron por acción y por omisión, saben a cuentos millones ascienden los muertos por sus políticas genocidas.
Ciertamente, el golpe de Estado en Iran en 1953 luego de la nacionalización del petróleo por el gobierno de Mossadegh fue controlada, manipulada desde la CIA y la transnacional Anglo Iranian Oil Company (parte de la Brithish Petroleum). En Guatemala Jacobo Arbenz (1954) luego de una reforma agraria y social, corrió similar suerte cuando la CIA y la United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands) efectuaron el golpe de Estado que aún hoy continua. El caso de Salvador Allende es ilustrativo pues aquí la CIA y la transnacional Internacional Telephone and Telegraphic (ITT) jugaron papel de primera línea en el golpe militar de Pinochet, la ITT había sido nacionalizada y eso desencadeno la masacre de estudiantes, obreros e intelectuales progresistas. [Cfr. A. Teitelbaum 2007:57]
En Haití, cuando el gobierno de Jean-Bertrand Aristide quiso llevar a juicio regular a los militares que entre 1991 y 1996 habían asesinado entre 3000 y 5000 ciudadanos haitianos, las CIA y las administraciones de Bush y Clinton presionaron para que el sistema de justicia amnistiará a los imputados y sentenciados, la promesa de tal amnistía la llevaba en calidad de mensajero el ex presidente Jimmy Carter, la entrada de las tropas estadounidenses en Haití en 1994 -luego del fracaso del mensajero- simplemente dio lugar a la impunidad mas descarada en la historia de América Latina. [Reed Brody: 235, en Méndez 2002]. En Nicaragua luego de la victoria Sandinista, se dio lugar al plan de alfabetización mas ambicioso de la segunda mitad del siglo XX en América Latina y la “Contra” –mercenarios y asesinos a sueldo- financiada por el gobierno norteamericano y administrada por la CIA lograron voltear la revolución mas bonita en la historia del continente y se vino Violeta Chamorro, con un programa de privatizaciones que aún hoy esta pagando el pueblo nicaragüense.
Si la historia nos da esas lecciones, veamos ahora porque la administración norteamericana tiene sobradas razones para hacer denuncias infundadas.
El pueblo boliviano con su gobierno han logrado:
a) Nacionalización de los hidrocarburos (gas)
b) Nacionalización de las telecomunicaciones (ENTEL)
c) Revolución Agraria con reversión de los latifundios con servidumbre forzada
d) Alfabetización en todo el territorio nacional (ahora en su segunda fase)
Estas decisiones políticas en clave de políticas publicas, se constituyen en un mal ejemplo para América Latina, una América que ya no quiere ser patio trasero de los iu-eseis.
Amedrentar, amenazar y falsear la realidad, es mala costumbre de poderosos deshonestos con su pueblo, el cinismo como arma es su característica mas sobresaliente y evidente a la distancia.
Y el gobierno norteamericano están mal acostumbrado, Sus vasallos locales, están mal acostumbrados.
Ya va siendo tiempo de que se les quite la costumbre.
Ya va siendo tiempo de que se acostumbren a ver como los pueblos dignos gozan de su libertad.
Sobre los Derechos Humanos, nos sumamos a las palabras del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni citadas en al inicio de este articulo: “Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...] se puede reforzar la ley pero para hacer frente a peligros mucho mas graves, como el deterioro ambiental del planeta” [El País; febrero 19, 2009]
Esta reflexión la realizo luego de presentar una extensa investigación sobre derechos humanos y legislación en los Estados Unidos junto a otros ocho académicos de prestigio internacional: “Violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, desapariciones forzosas, detenciones secretas y arbitrarias, juicios sin garantías” serían las constantes de las administraciones norteamericanas de los últimos veinte años, pero particularmente en la era de la “lucha contra el terror” de George Bush Jr.
Además todo el mundo sabe, que los iu-eseis no quieren firmar nada que signifique cuidar el medio ambiente, convivir con la madre tierra, ser recíprocos con la madre...
Si en ello, en el tema ambiental, no dan el ejemplo, su prédica y alucinaciones de defensores de la democracia y la libertad son eso: alucinaciones...
Así como su Dios no es el nuestro, los derechos humanos de la CIA y las transnacionales no son los nuestros...
Su enarbolada responsabilidad social empresarial es un eufemismo que solo se la creen, quienes viven de su pregón
y a la vez son parte de la cofradía esotérica de los meta relatos jurídicos [Cfr. CAJ 2007]
Aquí, en Bolivia tienen que dar la cara las transnacionales que han sido afectadas por las nacionalizaciones [Gonzales et. al. 2008]
Tiene que dar la cara, la Central de Inteligencia Americana y sentarse en el banquillo a escuchar nuestra verdad y escuchar la sentencia del pueblo, por complicidad y autorìa intelectual o material del genocidio dictatorial y neoliberal.
Aquí en Bolivia se tiene el programa político claro, juicio al Estado Colonial y Neoliberal, en consecuencia los Derechos Humanos nunca mas serán campanas de palo de los pobres, sino armas de su efectivización material para cada boliviano y boliviana.
Fuentes consultadas:
Comisión Andina de Juristas; Empresas y Derechos Humanos: Aplicando la responsabilidad social empresarial con un enfoque de Derechos. Lima: Comisión Andina de Juristas. 2007
Alejandro Teitelbaum; Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y Derechos Humanos. Bogotá: ILSA, 2007.
Juan Méndez et. al; La (in) efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Buenos Aires: PAIDOS, 2002.
Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago; Atlas de la energía en América Latina y El Caribe: las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos sociales y culturales. Barcelona: OMAL - Paz y Dignidad, 2008.
Periódico: “El País” de España, 19 de febrero de 2009.
“Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...]"
(Eugenio Raúl Zaffaroni 19 de febrero de 2009, El País)
El gobierno Boliviano “viola los derechos humanos”, sentencia un informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Bolivia (USA 2008).
Tal afirmación ha generado reacciones indignadas de parte del gobierno boliviano, y con sobrada razón. Faltaba más, quienes han puesto en entredicho el valor de los Derechos Humanos y su efectividad universal, juzgan a un país que dignificándose, da pasos hacia la construcción de una democracia igualitaria, aquella que no pudo realizar el capitalismo central, menos el periférico de raíz colonial.
Quienes crearon la tenebrosa Central de Inteligencia Americana (CIA), se ocupan de un país que no ha cometido mas pecado que ponerse de pie, desde El Alto de La Paz hasta los últimos rincones patrios plurinacionales.
la preocupación norteamericana debiera ser motivo de alegría para el país. Recordando a Don Quijote que le decía a su amigo “Sancho los perros ladran, señal de que avanzamos”
Pero lo que indigna no es su preocupación, sino su acusación perversa y mentirosa, cada punto que mencionan en el informe, miente por lo que dice, miente por lo que calla, pero miente mas por lo que anuncia.
Su denuncia, confiesa que ellos fueron los que alimentaron los golpes de Estado, la Terrible casa de entrenamiento paramilitar de militares latinoamericanos cuyo nombre era la “Escuela de las Américas, escuela de asesinos la denominó acertadamente una investigación realizada por gentes muy religiosas.
La CIA y las transnacionales, que controlan tanto a republicanos como a demócratas lo saben muy bien, saben a ciencia cierta cuantas violaciones de derechos humanos cometieron por acción y por omisión, saben a cuentos millones ascienden los muertos por sus políticas genocidas.
Ciertamente, el golpe de Estado en Iran en 1953 luego de la nacionalización del petróleo por el gobierno de Mossadegh fue controlada, manipulada desde la CIA y la transnacional Anglo Iranian Oil Company (parte de la Brithish Petroleum). En Guatemala Jacobo Arbenz (1954) luego de una reforma agraria y social, corrió similar suerte cuando la CIA y la United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands) efectuaron el golpe de Estado que aún hoy continua. El caso de Salvador Allende es ilustrativo pues aquí la CIA y la transnacional Internacional Telephone and Telegraphic (ITT) jugaron papel de primera línea en el golpe militar de Pinochet, la ITT había sido nacionalizada y eso desencadeno la masacre de estudiantes, obreros e intelectuales progresistas. [Cfr. A. Teitelbaum 2007:57]
En Haití, cuando el gobierno de Jean-Bertrand Aristide quiso llevar a juicio regular a los militares que entre 1991 y 1996 habían asesinado entre 3000 y 5000 ciudadanos haitianos, las CIA y las administraciones de Bush y Clinton presionaron para que el sistema de justicia amnistiará a los imputados y sentenciados, la promesa de tal amnistía la llevaba en calidad de mensajero el ex presidente Jimmy Carter, la entrada de las tropas estadounidenses en Haití en 1994 -luego del fracaso del mensajero- simplemente dio lugar a la impunidad mas descarada en la historia de América Latina. [Reed Brody: 235, en Méndez 2002]. En Nicaragua luego de la victoria Sandinista, se dio lugar al plan de alfabetización mas ambicioso de la segunda mitad del siglo XX en América Latina y la “Contra” –mercenarios y asesinos a sueldo- financiada por el gobierno norteamericano y administrada por la CIA lograron voltear la revolución mas bonita en la historia del continente y se vino Violeta Chamorro, con un programa de privatizaciones que aún hoy esta pagando el pueblo nicaragüense.
Si la historia nos da esas lecciones, veamos ahora porque la administración norteamericana tiene sobradas razones para hacer denuncias infundadas.
El pueblo boliviano con su gobierno han logrado:
a) Nacionalización de los hidrocarburos (gas)
b) Nacionalización de las telecomunicaciones (ENTEL)
c) Revolución Agraria con reversión de los latifundios con servidumbre forzada
d) Alfabetización en todo el territorio nacional (ahora en su segunda fase)
Estas decisiones políticas en clave de políticas publicas, se constituyen en un mal ejemplo para América Latina, una América que ya no quiere ser patio trasero de los iu-eseis.
Amedrentar, amenazar y falsear la realidad, es mala costumbre de poderosos deshonestos con su pueblo, el cinismo como arma es su característica mas sobresaliente y evidente a la distancia.
Y el gobierno norteamericano están mal acostumbrado, Sus vasallos locales, están mal acostumbrados.
Ya va siendo tiempo de que se les quite la costumbre.
Ya va siendo tiempo de que se acostumbren a ver como los pueblos dignos gozan de su libertad.
Sobre los Derechos Humanos, nos sumamos a las palabras del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni citadas en al inicio de este articulo: “Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...] se puede reforzar la ley pero para hacer frente a peligros mucho mas graves, como el deterioro ambiental del planeta” [El País; febrero 19, 2009]
Esta reflexión la realizo luego de presentar una extensa investigación sobre derechos humanos y legislación en los Estados Unidos junto a otros ocho académicos de prestigio internacional: “Violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, desapariciones forzosas, detenciones secretas y arbitrarias, juicios sin garantías” serían las constantes de las administraciones norteamericanas de los últimos veinte años, pero particularmente en la era de la “lucha contra el terror” de George Bush Jr.
Además todo el mundo sabe, que los iu-eseis no quieren firmar nada que signifique cuidar el medio ambiente, convivir con la madre tierra, ser recíprocos con la madre...
Si en ello, en el tema ambiental, no dan el ejemplo, su prédica y alucinaciones de defensores de la democracia y la libertad son eso: alucinaciones...
Así como su Dios no es el nuestro, los derechos humanos de la CIA y las transnacionales no son los nuestros...
Su enarbolada responsabilidad social empresarial es un eufemismo que solo se la creen, quienes viven de su pregón
y a la vez son parte de la cofradía esotérica de los meta relatos jurídicos [Cfr. CAJ 2007]
Aquí, en Bolivia tienen que dar la cara las transnacionales que han sido afectadas por las nacionalizaciones [Gonzales et. al. 2008]
Tiene que dar la cara, la Central de Inteligencia Americana y sentarse en el banquillo a escuchar nuestra verdad y escuchar la sentencia del pueblo, por complicidad y autorìa intelectual o material del genocidio dictatorial y neoliberal.
Aquí en Bolivia se tiene el programa político claro, juicio al Estado Colonial y Neoliberal, en consecuencia los Derechos Humanos nunca mas serán campanas de palo de los pobres, sino armas de su efectivización material para cada boliviano y boliviana.
Fuentes consultadas:
Comisión Andina de Juristas; Empresas y Derechos Humanos: Aplicando la responsabilidad social empresarial con un enfoque de Derechos. Lima: Comisión Andina de Juristas. 2007
Alejandro Teitelbaum; Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y Derechos Humanos. Bogotá: ILSA, 2007.
Juan Méndez et. al; La (in) efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Buenos Aires: PAIDOS, 2002.
Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago; Atlas de la energía en América Latina y El Caribe: las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos sociales y culturales. Barcelona: OMAL - Paz y Dignidad, 2008.
Periódico: “El País” de España, 19 de febrero de 2009.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
jueves, 13 de noviembre de 2008
DE LA USUROCRACIA A LA RECUPERACION DEL SISTEMA PREVISIONAL
A los fines de echar luz sobre la realidad del tema AFJP, la ANSES elaboro un documento que pone blanco sobre negro acerca de dicha situacion. Compartimos el mismo con ustedes, pueden acceder clickeando aca.
jueves, 23 de octubre de 2008
DERRIBANDO MITOS - AJuS responde: ¿POR QUE SI A LA RECUPERACION DEL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO?
Entre los argumentos que se utilizan para oponerse a la recuperación del Sistema Previsional Argentino por parte del Estado es que “puede disparar miles de juicios”. A nuestro juicio esa afirmación es, cuanto menos, aventurada si no directamente maliciosa.
Explicamos. Cuando se habla de juicio nos referimos a procesos judiciales en los que una persona (física o jurídica) le reclama a otra persona (física o jurídica) que le repare un daño que ha sufrido1.
Va de suyo que cualquier persona puede iniciar todos los juicios que quiera, o que le pueda pagar a su abogado. Si mañana quisiéramos podríamos iniciarle a usted, querido lector, un juicio por no haber terminado de leer este texto. Sin embargo el problema no es si se puede iniciar, sino si se puede ganar. Parece lógico que si no hemos sufrido ningún daño nada tendríamos que reclamarle.
Pensemos entonces cuáles son las personas que podrían llevar adelante esos juicios contra el Estado y cuáles son las chances de ganarlos.
Claramente son dos tipos de personas, las AFJP o los usuarios del sistema (jubilados, pensionados o trabajadores aportantes al sistema de capitalización).
Como la clave es el daño debemos analizar cuál es el daño que sufrirían las AFJP. Las AFJP han realizado una inversión al momento de iniciarse el sistema, que consistió en adquirir o alquilar los locales donde ofrecen sus servicios, contratar a los vendedores, a los administrativos y al personal gerencial y montar la estructura de dichas oficinas. El resto de los recursos necesarios fueron propios de los recursos de las AFJP que en su casi totalidad son bancos.
El dinero que tienen en su poder las AFJP, en títulos, valores y algo de dinero en efectivo, en todo caso pertenecería a los usuarios (jubilados, pensionados y trabajadores aportantes). Por lo tanto ellas no son las legitimadas para demandar por ese dinero, sino que en el mejor de los casos lo podrían hacer sus legítimos dueños. Lo que ganan las AFJP son las comisiones que les cobran a los aportantes, los cuales no pueden ser garantizados por el Estado, pues de lo contrario sería el mejor negocio del universo, ningún comerciante puede demandar al estado si deja de tener clientes. Además con las comisiones cobradas han amortizado largamente sus pequeñas inversiones y la jurisprudencia de nuestros tribunales, excluye la indemnización del lucro cesante (esto es, de las utilidades esperadas que se han dejado de percibir) en los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad lícita.
Un caso diverso es el de los aportantes. El único daño que podrían sufrir y que les podría dar aptitud para demandar, es que su jubilación o su pensión fuera menor a la que obtendría por parte del sistema de capitalización. Este caso no podrá darse pues el artículo 2 del proyecto de ley del SIPA2 establece que: “El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.
Las otras situaciones posibles se encuentran contempladas en los artículos 3 y 4 del mismo proyecto de ley donde se explicita que las condiciones siempre serán iguales o mejores que las que se encontraban en el sistema de capitalización.
Un problema absolutamente distinto, pero que sin embargo sobrevuela o subyace (depende de donde lo miremos) el planteo de los juicios, es el temor del incumplimiento de la ley. Es posible, por supuesto, que una persona física o jurídica, incluso el Estado Nacional incumpla en algún momento con sus responsabilidades, ya sea por error o decisión política (como cuando se recortó el 13% de las jubilaciones y pensiones en el gobierno de la Alianza entre el radicalismo, el Frepaso y el socialismo).
Para esos casos una solución es iniciar acciones judiciales, de producirse un incumplimiento. Ahora bien, como dijimos, cualquier persona puede incumplir con la ley, y las AFJP también, con un agravante, como son empresas privados pueden concursar y quebrar. Recordemos que están constituidas por bancos y los bancos más fuertes y longevos pueden desaparecer o quebrar como el Lehman Brothers. ¿Qué pasa si el Estado Nacional no cumple? Un juez puede ordenarle que lo haga e, incluso, bajo determinadas circunstancias embargas sus bienes para hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa si incumple una AFJP? Un juez puede obligarla a pagar embargando sus cuentas. Hasta allí es lo mismo estar en uno u otro sistema. Sin embargo, ¿qué pasa si quiebra una AFJP? Al dejar de existir los aportantes verán desaparecer sus ahorros, y finalmente quien deberá pagar será el Estado Nacional, pero no por haber desconocido la propiedad privada (que no se encuentra en juego), sino el derecho constitucional a un haber previsional consagrado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución3. Por lo tanto, si tenemos temor que alguien incumpla la ley, quien es mas seguro que pague es el Estado Nacional.
Por todo ello resulta carente de sentido sostener que van a existir miles de juicios contra el Estado. Esta afirmación sólo se sostiene si pensamos que quien la dice lo hace desde las anteojeras ideológicas del “neoliberalismo”4.
Contra la falsedad de dichos argumentos, pretendidamente neutrales, AJuS acompaña, apoya y reinvidica, como acto manifiesto de Justicia Social, la recuperación del Sistema Previsional para el Estado Argentino.
1. Esta proposición se encuentra fundada en el principio del naeminen laedere o alterum nom laedere (principio de no dañar o prohibición de dañar a terceros) que, mas allá de su justificación teórica se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
2. Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Nación con fecha 21 de octubre de 2008, que tramita bajo el número 0027-PE-2008.
3. Conf. Artículo 14 bis de la C.N.
4. Esto es, propuestas políticas efectuadas por Robert Nozick o Richard Posner que se han puesto en práctica en casi todo el mundo occidental a partir de la caída de Bretton Woods y del Consenso de Washington.
Explicamos. Cuando se habla de juicio nos referimos a procesos judiciales en los que una persona (física o jurídica) le reclama a otra persona (física o jurídica) que le repare un daño que ha sufrido1.
Va de suyo que cualquier persona puede iniciar todos los juicios que quiera, o que le pueda pagar a su abogado. Si mañana quisiéramos podríamos iniciarle a usted, querido lector, un juicio por no haber terminado de leer este texto. Sin embargo el problema no es si se puede iniciar, sino si se puede ganar. Parece lógico que si no hemos sufrido ningún daño nada tendríamos que reclamarle.
Pensemos entonces cuáles son las personas que podrían llevar adelante esos juicios contra el Estado y cuáles son las chances de ganarlos.
Claramente son dos tipos de personas, las AFJP o los usuarios del sistema (jubilados, pensionados o trabajadores aportantes al sistema de capitalización).
Como la clave es el daño debemos analizar cuál es el daño que sufrirían las AFJP. Las AFJP han realizado una inversión al momento de iniciarse el sistema, que consistió en adquirir o alquilar los locales donde ofrecen sus servicios, contratar a los vendedores, a los administrativos y al personal gerencial y montar la estructura de dichas oficinas. El resto de los recursos necesarios fueron propios de los recursos de las AFJP que en su casi totalidad son bancos.
El dinero que tienen en su poder las AFJP, en títulos, valores y algo de dinero en efectivo, en todo caso pertenecería a los usuarios (jubilados, pensionados y trabajadores aportantes). Por lo tanto ellas no son las legitimadas para demandar por ese dinero, sino que en el mejor de los casos lo podrían hacer sus legítimos dueños. Lo que ganan las AFJP son las comisiones que les cobran a los aportantes, los cuales no pueden ser garantizados por el Estado, pues de lo contrario sería el mejor negocio del universo, ningún comerciante puede demandar al estado si deja de tener clientes. Además con las comisiones cobradas han amortizado largamente sus pequeñas inversiones y la jurisprudencia de nuestros tribunales, excluye la indemnización del lucro cesante (esto es, de las utilidades esperadas que se han dejado de percibir) en los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad lícita.
Un caso diverso es el de los aportantes. El único daño que podrían sufrir y que les podría dar aptitud para demandar, es que su jubilación o su pensión fuera menor a la que obtendría por parte del sistema de capitalización. Este caso no podrá darse pues el artículo 2 del proyecto de ley del SIPA2 establece que: “El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.
Las otras situaciones posibles se encuentran contempladas en los artículos 3 y 4 del mismo proyecto de ley donde se explicita que las condiciones siempre serán iguales o mejores que las que se encontraban en el sistema de capitalización.
Un problema absolutamente distinto, pero que sin embargo sobrevuela o subyace (depende de donde lo miremos) el planteo de los juicios, es el temor del incumplimiento de la ley. Es posible, por supuesto, que una persona física o jurídica, incluso el Estado Nacional incumpla en algún momento con sus responsabilidades, ya sea por error o decisión política (como cuando se recortó el 13% de las jubilaciones y pensiones en el gobierno de la Alianza entre el radicalismo, el Frepaso y el socialismo).
Para esos casos una solución es iniciar acciones judiciales, de producirse un incumplimiento. Ahora bien, como dijimos, cualquier persona puede incumplir con la ley, y las AFJP también, con un agravante, como son empresas privados pueden concursar y quebrar. Recordemos que están constituidas por bancos y los bancos más fuertes y longevos pueden desaparecer o quebrar como el Lehman Brothers. ¿Qué pasa si el Estado Nacional no cumple? Un juez puede ordenarle que lo haga e, incluso, bajo determinadas circunstancias embargas sus bienes para hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa si incumple una AFJP? Un juez puede obligarla a pagar embargando sus cuentas. Hasta allí es lo mismo estar en uno u otro sistema. Sin embargo, ¿qué pasa si quiebra una AFJP? Al dejar de existir los aportantes verán desaparecer sus ahorros, y finalmente quien deberá pagar será el Estado Nacional, pero no por haber desconocido la propiedad privada (que no se encuentra en juego), sino el derecho constitucional a un haber previsional consagrado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución3. Por lo tanto, si tenemos temor que alguien incumpla la ley, quien es mas seguro que pague es el Estado Nacional.
Por todo ello resulta carente de sentido sostener que van a existir miles de juicios contra el Estado. Esta afirmación sólo se sostiene si pensamos que quien la dice lo hace desde las anteojeras ideológicas del “neoliberalismo”4.
Contra la falsedad de dichos argumentos, pretendidamente neutrales, AJuS acompaña, apoya y reinvidica, como acto manifiesto de Justicia Social, la recuperación del Sistema Previsional para el Estado Argentino.
1. Esta proposición se encuentra fundada en el principio del naeminen laedere o alterum nom laedere (principio de no dañar o prohibición de dañar a terceros) que, mas allá de su justificación teórica se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
2. Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Nación con fecha 21 de octubre de 2008, que tramita bajo el número 0027-PE-2008.
3. Conf. Artículo 14 bis de la C.N.
4. Esto es, propuestas políticas efectuadas por Robert Nozick o Richard Posner que se han puesto en práctica en casi todo el mundo occidental a partir de la caída de Bretton Woods y del Consenso de Washington.
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