PRESENTACION DE AJUS EN AUDIENCIA PUBLICA POR DESIGNACION DE UGOLINI

Sr. Presidente (Zago).- Corresponde que haga uso de la palabra el señor Hernán Domingo Del Gaizo.

Sr. Del Gaizo (AJUS).- Buenos días, señoras y señores legisladores, público presente, compañeros de la Agrupación Abogados por la Justicia Social.

A propósito de lo que venían comentando otros impugnantes sobre cómo es desoída una decisión judicial y del escándalo que significa la avocación decidida ayer por el Tribunal Superior de Justicia, ese per saltum no abarcó otra decisión judicial –que fue notificada ayer por la tarde– que decreta la nulidad de esta etapa previa del procedimiento de propuesta de la doctora Daniela Bruna Ugolini, llevada a cabo por el señor Jefe de Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, a fin de cubrir una vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por no haberse subsanado los defectos que impiden u obstaculizan el seguro acceso a la información y que ésta sea, al mismo tiempo, información transparente, adecuada, veraz, oportuna y completa como establece la Constitución porteña y demás normas y principios jurídicos aplicables.

Sin embargo, estamos aquí. Ése fue uno de los ejes de la impugnación: el defecto del procedimiento. Otro de los ejes fue que entendíamos que, para cubrir una vacante del Superior Tribunal de Justicia, respecto de los antecedentes académicos de la doctora Ugolini, si bien no merecen ninguna crítica, estimamos que no son acordes a la jerarquía del cargo.

Me llamó la atención que destaque su curso de doctorado de los años 1976 y 1977 con tesis pendiente, ya hace 32 años. Esperamos un perfil académico de mayor jerarquía para el Tribunal Superior. (Aplausos.)

Entendemos que sus dictámenes, siempre favorables a las omisiones de la administración pública en lo que respecta a derechos humanos, fue el motivo que ha llevado a su elección.

Cinco minutos no alcanzan para repasar todos sus dictámenes en contra de distintos derechos constitucionales, como el derecho a la petición, el derecho de reunión, el derecho a la vivienda.

Voy a dar un solo ejemplo. Lamentablemente, esta audiencia no me permite hacer una pregunta a la doctora Ugolini, pero voy a comentar un dictamen suyo. En un caso en el que se reclamaba por la inclusión de un nuevo miembro familiar, un bebé, a un programa de vivienda, la fiscal Ugolini dictaminó: “A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles, prevista en cualquier otro programa habitacional de este gobierno”. Y destaca: “es por ello que admitir lo pretendido por el actor –es decir, que un bebé tenga una vivienda donde dormir– implicaría desconocer e incumplir lo establecido en la norma, un decreto muy inferior a una norma constitucional.

“Si bien es posible suponer que quien es beneficiario del programa tenga nuevos hijos, las condiciones y características de la situación que reconoce el propio co-actor –no voy a decir el nombre– no permiten, en mi opinión, hacer responsable al Estado y a la sociedad en su conjunto de las consecuencias del obrar de quien, antes que nada, debería asumir su propia responsabilidad en la paternidad.”

(Transcripción de la audiencia del 30 de octubre de 2009 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Presentación de AJus en la Cámara Nacional Electoral ante la impugnación a las candidaturas de Sergio Massa y Daniel Scioli

SOLICITA SER TENIDO COMO AMIGO DEL TRIBUNAL

Excelentísima Cámara Nacional Electoral:

Abogados por la Justicia Social (Personería en formación), representada y patrocinada en este acto por Lisandro Mariano Teszkiewicz, D.N.I. Nro. 23.878.475, C.P.A.C.F., T. 93, F. 922 y Hernán Domingo Del Gaizo, D.N.I. Nro. 25.433.082, C.P.A.C.F., T. 79, F. 75; constituyendo domicilio procesal en Tucumán 875, 3º "E" - zona de notificación nº 129-, de ésta ciudad, en los autos “Novello Rafael Víctor –Apoderado U.C.R. y otros s/impugnan candidatura a diputado nacional”, nos presentamos y muy respetuosamente decimos:

I.- Objeto

Por el presente venimos a solicitar a VV. EE. ser tenidos como Amigos del Tribunal, conforme lo reglamentado por su Acordada 85/07 y por Acordada 28/2004 de la CSJN, para someter a su digna consideración argumentos jurídicos que creemos de relevancia para la solución de las cuestiones planteadas en la citada causa.

II.- Presentación del Amicus Curiae

En calidad de Amigo del Tribunal concurrimos para aportar al conocimiento de esta Excma. Cámara un análisis del derecho a postularse para ser elegido Diputado Nacional, como así también del concepto de elección auténtica. Tomando en cuenta las circunstancias del presente caso, especialmente lo referido a los requisitos de elegibilidad, el régimen de incompatibilidades para ser Diputado de la Nación, el derecho a la participación electoral de todo ciudadano, el régimen de elecciones auténticas y la pretendida necesidad de renuncia previa a los cargos que se ocupan al momento de la postulación.

En particular queremos acercar una valoración del conflicto desde la perspectiva de una organización involucrada con la problemática y en defensa de los derechos colectivos y la participación electoral ampliatoria de la base de ciudadanía y de la democracia, que contribuya a la decisión del caso por parte Excma. Cámara, a través de herramientas idóneas para garantizar la amplitud de derechos.

Cumpliendo con el art. 2 del Reglamento correspondiente, exponemos a continuación nuestra competencia en la materia debatida, nuestro interés en el pleito y la relación con las partes del proceso.

III. Competencia de la organización que representamos en la cuestión debatida en el pleito, interés en el caso y relación con las partes de la causa.

III.1 AJuS: Carta de principios y propuestas generales

AJuS (Abogados por la justicia Social), es una organización de abogados graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que entiende al derecho como una herramienta, a utilizar en favor de la concreción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales cuya realización sólo es posible en el marco de un estado que garantice la inclusión de su base de ciudadanía real, permitiendo y fomentando el proyecto de realización de cada uno de sus habitantes, en un marco democrático y colectivo.

Nuestro objetivo es consolidar un proyecto académico, político e institucional al servicio de los intereses de las mayorías. Nuestro fin es revertir el discurso de aparente neutralidad política–ideológica del derecho que se ha consolidado en los núcleos de producción y transmisión de pensamiento jurídico. Toda vez que las estructuras normativas han sido utilizadas durante años al servicio de los intereses ajenos a la patria, nuestro objetivo consiste en modificar el paradigma señalado.

Pretendemos consolidar un diseño jurídico de Nación acorde a nuestros principios, en el cual se ponga como eje al ser humano, en especial, a aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la comunidad. De esta manera, creemos que es posible recuperar nuestro capital humano nacional, y ponerle fin al modelo impuesto de exclusión económica y de marginalidad social. Solo así, será posible recuperar la capacidad regional y popular de autodeterminación.

Creemos en una justicia que se acerque a las necesidades de los habitantes, que entienda las demandas insatisfechas en términos concretos y que se encuentre preparada para establecer

canales de comunicación entre la institución y la comunidad.

En lo concerniente al campo jurídico doctrinario, creemos conveniente concebir al derecho como una herramienta de construcción social, con la convicción de que podemos impulsar la consolidación de un modelo de Estado que amplíe la base de inclusión ciudadana y el reconocimiento de los derechos de todos los habitantes. De esta manera organice, explote y distribuya la riqueza; a favor del bienestar del pueblo. Asimismo, que recupere la propiedad de los recursos estratégicos, y se responsabilice por los servicios públicos, organizando a la comunidad. Siempre con el norte de generar un país productivo, redistributivo y auténticamente soberano.

Proponemos la ampliación de la base de ciudadanía real en nuestro país y en la región con todas las herramientas que el derecho consagra, pues creemos que sólo de esta manera se fortalecen las instituciones democráticas y se amplía el marco de convivencia social comunitaria.

Desde este punto de vista, propulsamos la amplitud interpretativa en favor del más débil, del excluido, el desprotegido, el postergado y el vulnerable en todas las ramas del derecho, a partir de la expansión del principio favor rei en todas sus manifestaciones (in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro jubilado, in dubio pro contribuyente, in dubio pro participación electoral, in dubio pro comunidad, etc.). En definitiva in dubio pro reconocimiento del derecho, siguiendo la pauta emanada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra el principio pro homine para la interpretación en caso de duda.

Conteste con estos objetivos desde hace más de un año venimos promoviendo encuentros, debates, discusiones, sobre constitucionalismo social latinoamericano, destacándose las recientes Jornadas “Arturo Sampay” celebradas los días 6, 7 y 8 de mayo de 2009 en la Facultad de Derecho de la UBA.

III.2.- El interés de AJuS en el caso

Tal como quedara expuesto en el punto anterior, AJuS pregona la ampliación de la ciudadanía real y de las bases de participación democráticas del Estado.
Las cuestiones planteadas en el caso poseen una trascendencia que supera el mero interés de las partes, ya que son esenciales para la subsistencia del Estado de Derecho.

Ello así, en tanto que en el pleito se discute las limitaciones a la posibilidad de ser candidato electivo en los próximos comicios nacionales, que por regla general impera para cualquier ciudadano.

Concretamente, se pone en cuestionamiento la posibilidad de ser candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, de dos personas que ostentan en la actualidad cargos en el poder ejecutivo provincial y nacional.

En este marco, entendemos que la resolución judicial sobre los alcances de los derechos electorales de los ciudadanos y habitantes de una república democrática constituye por sí misma una decisión que puede ampliar o disminuir las bases de participación electoral y de esta manera ampliar o restringir los márgenes de la forma democrática de gobierno.

Por ello consideramos de interés para los objetivos de nuestra organización aportar al Tribunal elementos que consideramos conducentes para la solución del caso siempre propugnando la interpretación extensiva del derecho de participación electoral.

III.3.- La relación de AJuS con las partes

Tal como lo afirmáramos en el punto III.1, AJuS es una organización de abogados graduados de la Facultad de Derecho de la UBA. No poseemos vínculo ni interés alguno con las partes del expediente.

Nuestra intención de participar como Amigos del Tribunal se sustenta en el interés social de la organización, en la trascendencia del caso y en definitiva el bien común de la población.

IV. Antecedentes del caso:

Los apoderados de la “Unión Cívica Radical, de “Afirmación para una República Igualitaria” y del “GEN”, se presentaron ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de impugnar la inclusión en la lista de candidatos de la agrupación Frente para la Victoria, del actual Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli, y del actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Lic. Sergio Massa.

En los argumentos esgrimidos para fundamentar su pretensión indicaron que dichas candidaturas resultarían violatorias de los arts. 1, 22 y 73 de la Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del art. 25 b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles (ambos con jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la CN).

Los apoderados del Frente Justicialista para la Victoria, se presentaron rechazando los argumentos en que se basa la impugnación y sosteniendo que los candidatos impugnados satisfacen todos los requisitos, constitucionales y legales, para postularse como diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El Fiscal Federal de 1ª Instancia con competencia electoral, propugno el rechazo de las impugnaciones incoadas por considerar que las candidaturas objetadas no contradecían ningún precepto constitucional ni legal.

Establecida la litis y pronunciado que hubo el Ministerio Público, el señor Juez de 1ª Instancia resolvió No hacer lugar a las impugnaciones deducidas en autos contra las candidaturas a Diputados Nacionales, por la alianza “Frente Justicialista para la Victoria”, de los ciudadanos Daniel Osvaldo Scioli y Sergio Tomás Massa.

Contra esta decisión los impugnantes interpusieron recurso de apelación el que fuera concedido y hoy se encuentra en trámite ante VV. EE.

V.- Cuestiones de interés que plantea el caso.

Resulta innecesario abundar en las consideraciones que con claridad aparecen planteadas por las partes y en el fallo de primera instancia. Por ello y para que esta contribución resulte de utilidad a la Excma. Cámara, nos limitaremos a algunos puntos centrales en los que creemos necesario insistir y profundizar. A nuestro entender estos serían los siguientes:

a) Las limitaciones para postularse como candidato a Diputado Nacional.

b) La diferenciación de los conceptos de elegibilidad legislativa e incompatibilidad para la asunción del cargo legislativo.

c) La correcta interpretación del concepto de “elección autentica” en los tratados internacionales y las denominadas -por la parte impugnante- “candidaturas testimoniales”.

Pasamos, en consecuencia, a exponer lo que consideramos que puede ser ilustrativo para la Excma. Cámara y sin desmedro de su superior criterio, en el orden señalado.

V.1 Las limitaciones para postularse como candidato a Diputado Nacional

En el proyecto de Constitución incluido por Juan Bautista Alberdi en sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, el artículo 62 dictaba: “Para ser electo diputado, se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener dos años de ciudadanía en ejercicio y el goce de una renta o entrada anual de mil pesos fuertes.”, y en su artículo 48 que “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.”.

La Convención Constituyente de mayo de 1853 adoptó en cambio, en su artículo 36, la fórmula “Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio”, conservando la limitación para Clérigos y Gobernadores.

Posteriormente la Convención del Estado de Buenos Aires encargada del examen de la Constitución Federal de 1853, establecida por el artículo 2° del Pacto de San José de Flores propone en su Acta final, del 11 de mayo de 1860, la reforma de dicho artículo adicionándole a su término el requisito “con tres años de residencia inmediata en la provincia que lo elige.”.

A su vez la Convención reformadora sancionó el 23 de Septiembre de 1860 la formulación “Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella”.

El texto aprobado por la reforma constitucional de 1949 contemplaba en su artículo 43 la disposición “Para ser elegido diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio los argentinos nativos y diez los naturalizados, y ser nativo de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella.”.

Finalmente la Convención convocada por el Decreto de Facto N° 3838, del 12 de abril de 1957, “restableció” la redacción adoptada en 1860, la que subsiste hasta nuestros días, ratificada por la Convención Constituyente de 1994, como texto vigente de los artículos 48 y 73.

En cuanto a la interpretación que cabe asignarle a la norma compartimos las palabras de Bidart Campos cuando expresa que “para ser diputado se requiere haber cumplido 25 años de edad, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella. Estas condiciones fijadas en el artículo 40 – actual 48- deben reunirse ‘para ser diputado’ o sea, al tiempo de aprobarse el diploma del electo por la Cámara (a diferencia de las condiciones para ser ‘elegido’ Senador que deben reunirse al tiempo de la elección)” [1] (confr. actual art. 55).

La cita reseñada si bien no guarda vinculación estricta con el caso nos da una pauta interpretativa válida del lenguaje utilizado por el constituyente, pues en uno de los casos la condición vale para el desempeño del cargo, mientras que en el otro hace referencia a las condiciones para ser elegido.

Y esta diferenciación en dos momentos también debe ser atendida al interpretar la letra del articulo 73 que establece la imposibilidad de los clérigos y gobernadores de provincia de “ser miembros del Congreso”, es decir de desempeñar el cargo correspondiente y no de postularse a él, pues el constituyente vuelve a utilizar el vocablo “ser”, lo que presupone como condición previa ineludible la posibilidad de haberse postulado y resultar electo, aún sin haber alcanzado los requisitos en ese momento anterior a la efectiva asunción del cargo.

Sobre estas consideraciones creemos que la interpretación correcta que cabría asignarle al artículo 73 mencionado por la impugnante se corresponde con la propuesta por los autores SABSAY y ONAINDIA: “…la cláusula estipula la prohibición de desempeñarse como legislador para dos categorías de personas…La incapacidad de los gobernadores resguarda el sistema federal, evitando la superposición de funciones en los dos niveles de gobierno que el mismo prevé, nacional y provincial…”[2].

Tal como lo referencias estos autores, se trata de prohibiciones de desempeño, es decir, que deben presentarse al momento de asumir el cargo, no al momento de postularse para ser elegido, pues no hay regla que impida a un gobernador postularse para ser elegido diputado nacional y en caso de ser elegido asumir la banca en el Parlamento renunciando previamente a su mandato como gobernador; o bien continuar su mandato como gobernador y renunciar al cargo para el cual fue elegido antes de asumir.

La interpretación contraria importaría cercenar el ejercicio del derecho constitucional de elegir y ser elegido, lo que atenta contra las bases del Estado de Derecho.

V.2.- La diferenciación de los conceptos de elegibilidad legislativa e incompatibilidad para la asunción del cargo legislativo

Una breve reseña de textos constitucionales de nuestro continente nos indica que las condiciones para el ejercicio de las funciones legislativas y las condiciones para que un ciudadano sea excluido de la posibilidad de postularse a esa función, son tratadas de manera diferenciada.

Así por ejemplo la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto a la incompatibilidad de ejercer simultáneamente la representación legislativa y otra función, sea por elección popular o designación de autoridad, prevé en su Artículo 49 que “Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o Vicepresidente de la República, o designados Ministros de Estado, o Agentes Diplomáticos, o Prefectos de Departamento, quedando suspensos de sus funciones legislativas por el tiempo que desempeñen aquellos cargos. Fuera de ellos no podrán ejercer otros dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial.”, al tiempo que su Artículo 56 establece “Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado, aceptará el mandato que Él prefiera. Si fuese elegido Senador o Diputado por dos o más Departamentos lo será por el distrito que Él escoja.”

Este mismo cuerpo dispone -en tratamiento diferenciado- los limites para ser elegido como representante nacional, es decir miembro del parlamento, de esta manera las condiciones de inelegibilidad se consagran en el Artículo 50 que indica “No podrán ser elegidos representantes nacionales: Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del verificativo de la elección. Se exceptúan de esta disposición los rectores y catedráticos de Universidad. Los contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, gerentes y directores, mandatarios y representantes de sociedades o establecimientos en que tiene participación pecuniaria el Fisco y los de empresas subvencionadas por el Estado; los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus contratos y cuentas.”

Por su parte, la Constitución de la República de Chile prevé en su Artículo 55 que “Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de resultar electo, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe, a contar de su proclamación por el Tribunal Calificador. En el caso de los ex Presidentes de la República, el solo hecho de incorporarse al Senado significará la cesación inmediata en los cargos, empleos, funciones o comisiones incompatibles que estuvieran desempeñando. En los casos de los senadores a que se refieren las letras b) a f) del inciso tercero del artículo 45, éstos deberán optar entre dicho cargo y el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible, dentro de los quince días siguientes a su designación y, a falta de esta opción, perderán la calidad de senador.”.

Esta definición de incompatibilidad de ejercicio se complementa en el Artículo 56 que menciona que “Ningún diputado o senador, desde su incorporación en el caso de la letra a) del artículo 45, desde su proclamación como electo por el Tribunal Calificador o desde el día de su designación, según el caso, y hasta seis meses después de terminar su cargo, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador.”

En tanto que el régimen de inelegibilidad es tratado de manera previa y diferenciada en el Artículo 54 en el que se menciona que “No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores: Los Ministros de Estado; Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales y los concejales; Los miembros del Consejo del Banco Central; Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras y los funcionarios que ejerzan el ministerio público; Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; El Contralor General de la República; Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, y Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.”.

La Constitución Política de Colombia de 1991 fija en su Artículo 180 el régimen de incompatibilidades de ejercicio. Así se consagra que “Los congresistas no podrán: Desempeñar cargo o empleo público o privado; Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición; Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos; Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Párrafo 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades al ejercicio de la cátedra universitaria. Párrafo 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.”.

Continúa en los artículos subsiguientes indicando que “Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior. Quien fuere llamado a ocupar un cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabiliadades e incompatibilidades a partir de su posesión” (art. 181) y que “Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones” (art. 182).

Este cuerpo jurídico da un tratamiento diferenciado a la elegibilidad pues su Artículo 179 establece que “No podrán ser congresistas: Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de libertad, salvo por delitos políticos o culposos; Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección; Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos entre ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección; Quienes hayan perdido la investidura de congresista; Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política; Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban en el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha; Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contempladas en estas disposiciones. Para fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.”

La normativa de la República de Costa Rica, una de las democracias más estables del continente, nos encontramos con que su Artículo 111 reza “Ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno.

En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones. Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado.”

Completando el Artículo 112 que “La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administrativos o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos. La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.”.

A su turno este mismo cuerpo normativo fija las restricciones a la elegibilidad en su Artículo 109, estableciendo que “No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función: El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; Los Ministros de Gobierno; Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; Los militares en servicio activo; Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; Los gerentes de las instituciones autónomas; Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad, inclusive. Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.”

El art. 128 de la Constitución de la República de El Salvador establece como incompatibilidad de ejercicio de la función legislativa que “Los Diputados no podrán ser contratistas ni caucioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio; ni tampoco obtener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan esos contratos o concesiones.”, agregando el artículo siguiente que “Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministros o Viceministros de Estado, Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección. Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales.”.

Previendo también su Artículo 130 que “Los Diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes: - Cuando en sentencia definitiva fueren condenados por delitos graves; - Cuando incurrieren en las prohibiciones contenidas en el Artículo 128 de esta Constitución; - Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea. En estos casos quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público durante el período de su elección.”.

Pero nuevamente en tratamiento diferenciado el mismo cuerpo legal establece, en su Artículo 127, otras causales como impedimento de elegibilidad las que fija regulando que “No podrán ser candidatos a Diputados: - El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción; Los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos, mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas; Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus caucioneros y los que, de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio; Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; Los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en mora; Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquéllos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos. Las incompatibilidades a que se refiere el ordinal primero de este artículo afectan a quienes hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los tres meses anteriores a la elección.”

Por su parte la Constitución de la República de Guatemala destina a la temática un único artículo, el 164 que establece “Prohibiciones y compatibilidades. No pueden ser diputados: Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo, Judicial y del Tribunal y Contraloría de Cuentas, así como los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos. Quienes desempeñen funciones docentes y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social, están exceptuados de la prohibición anterior; Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan pendiente reclamaciones de interés propio; Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme, no hubieren solventado sus responsabilidades; Quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos; y Los militares en servicio activo. Si al tiempo de su elección o posteriormente, el electo resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en este artículo, se declarará vacante su puesto, pero si fuera de los comprendidos en los literales a) y e) podrá optar entre el ejercicio de esas funciones o el cargo de diputado. Es nula la elección de diputado que recayere en funcionario que ejerza jurisdicción en el distrito electoral que lo postula, o la hubiere ejercido tres meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección. El cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales y con la representación de Guatemala en congresos internacionales.”. Se desprende de su anteúltimo párrafo que las incompatibilidades de ejercicio dispuestas no presuponen limites a la postulación de candidaturas.

Podemos leer en la Constitución de la República del PARAGUAY que su Artículo 196 establece “DE LAS INCOMPATIBILIDADES: Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos cargos.

Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este Artículo, el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica. Ningún Senador o Diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas, por sí o por interpósita persona.”.

Determinando claramente que dichas incompatibilidades no obstan a la postulación al cargo, a la vez que en su artículo siguiente constituye los limites a la elegibilidad al establecer “No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados: los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertas, mientras dure la condena; los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras dure aquella; los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena; los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el Subcontador, y los miembros de la Justicia Electoral; los ministros o religiosos de cualquier credo; los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado; los militares y policías en servicio activo; los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación. Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.”.

Instaurando seguidamente un régimen de inhabilidad relativa, subsanable mediante la renuncia, en el Artículo 198 “DE LA INHABILIDAD RELATIVA:No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo; los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones.”.

A su turno la Constitución de la hermana República Oriental del URUGUAY establece en su Artículo 91 que “No pueden ser Representantes: El Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Electoral, de los Consejos o Directorios o los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales y los Intendentes. Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo con Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo, con excepción de los retirados o jubilados. Esta disposición no rige para los que desempeñen cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su mandato. Los militares que renuncien al destino y al sueldo para ingresar al Cuerpo Legislativo, conservarán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempeñando funciones legislativas a los electos de la antigüedad para el ascenso.”.

Diferenciando esta incompatibilidad en el desempeño de la posibilidad de candidatearse, la que aborda en el Artículo 92, instaurando las siguientes limitaciones “No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales Letrados, ni los Intendentes, ni los funcionarios policiales en los Departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral. Para los Consejeros y Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto en el artículo 201.”.

Y fijando en el Artículo 201 referido una suerte de inelegibilidad relativa, subsanable mediante la renuncia, cuando instruye que “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección. En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones. Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito.”.

La República del PERÚ, por su parte, establece en el Artículo 92 de su constitución las incompatibilidades de la función legislativa mediante el siguiente texto “La función de congresista es de tiempo completo; le ésta prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatorio, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obra, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.”.

Separándola taxativamente de la incapacidad de elegibilidad que aborda en el artículo 91, mediante la redacción: “No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado al cargo seis meses antes de la elección: Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor de Pueblo. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Y Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.”.

De este somero repaso de la normativa constitucional de algunos países hermanos podemos concluir sin temor a error que, el universo político cultural en que se desenvuelven las Democracias de América Latina entiende como conceptos diferenciados las restricciones al desempeño o ejercicio de la representación popular en la función legislativa, de aquellas restricciones que se pudieran imponer al derecho a elegir y ser elegido en elecciones libres que acompaña a todo ciudadano.

De allí que, a la luz de esta certeza, solo pueda sostenerse que los Artículos 73 y 105 de nuestra Carta Magna, cuando establecen que “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando” y, en cuanto al Jefe de Gabinete y Demás Ministros del Poder Ejecutivo, “No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.”, están haciendo referencia a incompatibilidades para el desempeño o ejercicio de la representación del soberano en función legislativa, pero de ningún modo hacen referencia alguna a la capacidad del Ciudadano a postularse como candidato en un elección de representantes a las Cámaras del Congreso Federal.

En cuanto a jurisprudencia nacional vinculada a la temática de autos entendemos acertada la postura de ésta Excma. Cámara en los autos caratulados "Duce, Jorge Luis s/acción declarativa de derechos c/Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide", cuando sostuvo que “...el acto ético-político de la renuncia a un cargo público electivo constituye una decisión voluntaria personal que, en principio, no puede ser impuesta previamente. Ni la Constitución Nacional, ni la ley 23.298, ni el Código Electoral Nacional (...) obligan a quien ocupa un cargo público electivo a renunciar a él antes de solicitar la oficialización de su candidatura para otro distinto. Por lo demás, las inhabilidades son taxativas y su interpretación, como la de toda norma que restringe derechos, es restrictiva. No existe, en el estado actual de la legislación la supuesta "inhabilidad" a que hace referencia el apelante. Agregar por vía judicial una nueva categoría al art. 33 de la ley 23.298 -que enumera quienes no pueden ser candidatos a cargos públicos electivos- es, por lo tanto, inadmisible, por lo que la sentencia en recurso ha de ser confirmada en cuanto rechaza la acción incoada...” ("Duce, Jorge Luis s/acción declarativa de derechos c/Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide" - Expte. Nº 3055/98 CNE)

En la misma sentencia se agregó que “...la Constitución Nacional, en su forma de gobierno representativa, establece restricciones al sufragio pasivo o derecho de elegibilidad, vale decir, causas de inelegibilidad por un lado, e incompatibilidades por el otro, para desempeñar sendas funciones. Así, prohíbe a los miembros del Congreso recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo conocimiento de la Cámara (art. 72), ser miembro del Congreso los eclesiásticos regulares ni los Gobernadores de Provincia por la de su mando (art. 73), esto último "en el sentido de estar prohibido únicamente el ejercicio simultáneo de los dos cargos" (Rivarola, Rodolfo: Diccionario de Instrucción Cívica y práctica constitucional argentina; Buenos Aires, Ed. Goni, 1934, pág. 280). Además, los ministros del Poder Ejecutivo no pueden ser senadores o diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros (art. 105) en el sentido del doble desempeño; bien que, el Presidente y Vicepresidente durante el mismo período no pueden ejercer otro empleo, ni recibir otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna (art. 92). Los jueces de las cortes federales, por su parte, no podrán serlo "al mismo tiempo" de los tribunales de provincia (art. 34), en el sentido funcional y práctico de no poder ejercer simultáneamente dos jurisdicciones distintas de radicación territorial (cf. Fallo CNE Nº 616/88)...”.

Éste criterio sigue la sintonía de la jurisprudencia de nuestra Corte en materia de participación electoral a favor del in dubio pro participación removiendo cualquier aparente obstáculo: “…que en el caso en examen se configura una situación de gravedad institucional que habilita la competencia extraordinaria de esta Corte pues incurriendo en un excesivo rigor formal que descalifica al fallo por arbitrario (Fallos 238:550; 247:276, entre otros) se ha negado a una alianza transitoria el libre ejercicio de la atribución constitucional de postular candidatos a cargos públicos electivos…ante objeciones de carácter ritual en el cumplimiento de su cometido que susciten dudas en el modo en que este se había llevado a cabo, debe prevalecer la interpretación que dé por satisfecho el recaudo controvertido, antes que elegir el camino de negarle su contribución al acto electoral…” (CSJN, Fallos 330:4351).

V.3.- La correcta interpretación del concepto de “elección autentica” en los tratados internacionales

Sostienen los artículos 23, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que todos los ciudadanos gozaran sin restricciones de los derechos de “...b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

Los impugnantes, sostienen que las Candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa desvirtuarían esta prescripción, para ello citan declaraciones que el Sr. Daniel Scioli habría realizado al periodista Marcelo Longobardi el 8 de abril de 2009, con mas de un mes de antelación a la fecha de presentación de candidaturas, “cuando el periodista le dijo: ‘imaginemos que sos candidato a diputado, renunciás a la gobernación…’, inmediatamente, Scioli lo interrumpió: ‘No, nadie habló de renunciar a la gobernación’”, de lo que extraen una presunta intención del hoy candidato del Frente Justicialista para la Victoria de realizar una renuncia anticipada al cargo de Diputado Nacional.

Posteriormente, de esta presunción los impugnantes derivan el concepto de “Candidatura Testimonial”, que entienden como aquella para un cargo que no se asumirá, y argumentan que esta forma de candidaturas tornarían inauténtico el proceso eleccionario, para finalmente sostener que las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa se inscribirían en esta categoría y por tanto su oficialización resultaría violatoria de nuestro sistema constitucional.

Para poder sostener o contradecir esta pretensión se deberá primeramente definir la interpretación que corresponde dar a la formulación “elecciones periódicas, auténticas” contenida en los tratados internacionales de rango constitucional.

En ese sentido debe destacarse que el Comité de Derechos Humanos, órgano de interpretación y aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo en su resolución CCPR/C/88/D/1047/2002 que “que el ejercicio del derecho a votar y a ser elegido no puede suspenderse ni negarse, salvo por motivos que prevea la legislación y que sean razonables y objetivos”[3], considerando que la exclusión de una candidatura por motivos distintos, resulta en los hechos “una violación por el Estado Parte del apartado b) del artículo 25 del Pacto”, ello se sigue del principio pro participación, que debe regir toda interpretación en materia electoral.

Desde esta perspectiva es que deberá interpretarse la formula “elecciones periódicas, autenticas” de la que en primer lugar se desprende que los adjetivos “periódicas” y “autenticas” no pueden mas que referirse a las elecciones, es decir al proceso y acto electoral, y no a ninguno de sus participantes, sea en calidad de electores, candidatos, autoridades, o en la calidad que sea que participe.

No presentando la interpretación de la periodicidad exigida al acto eleccionario ningún interés en el debate planteado, nos abocaremos al análisis del significado objetivo del requisito de autenticidad electoral en la argentina de 2009.

Resulta palmario que el primer significado de autentico es contrario a falso o simulado, por lo que correspondería establecer qué hechos o circunstancias podrían tornar en falso un proceso o acto eleccionario, y en ese sentido podemos sostener sin temor a equivocarnos que falso será aquel proceso electoral donde tanto la posibilidad de elegir como la de ser elegidos resulten meramente aparentes o fraudulentas.

Los instrumentos internacionales en consecuencia hacen referencia a una garantía contra elecciones –no candidaturas- fraudulentas o simuladas, para evitar la perpetuación de regímenes dictatoriales o de partidos únicos.

Es decir, son remedios previstos para otros supuestos muy distintos al que se presenta en el caso. Por ello, la interpretación que la plantea la impugnante, aparenta ser extensiva de la garantía, pero en lugar de ello y en post de una supuesta “autenticidad” eleccionaria, se restringiría el derecho de elegir y ser elegido, es decir de postularse, optar y decidir.

Esta interpretación, en consecuencia, pone en contraposición una garantía contra el abuso del poder político –no presente en el caso-, con el derecho de participación electoral que se intenta preservar justamente para garantizar la ampliación democrática.

Pues si la correcta interpretación de elección auténtica abarcara el supuesto de candidatos que se postulan y luego no asumen el cargo, la extensión inusitada de la imposibilidad de postularse ante el riesgo de no saber si se asumirá el cargo impediría la participación de muchos ciudadanos, tanto para ser elegidos, como para elegir.

En el caso que se nos presenta, los postulantes se han manifestado acerca de la posibilidad de asumir o no el cargo para el que se postulan, y esto no puede ser considerado como candidatura simulada o fraudulenta, pues subestimaríamos al electorado que conociendo estas circunstancias, puede elegir votarlos o no.

La postura contraria, bajo un pseudo-paternalismo democrático, no sólo impediría la postulación de los ciudadanos, quienes libremente podrían elegir en su caso asumir el cargo o no, sin contravenir ninguna manda o norma, como del resto del electorado que informado y alertado sobre la situación, puede o no libremente elegirlos.

Compartimos las manifestaciones del Fiscal de primera instancia, quien sobre este punto indicó que entender a las denominadas “candidaturas testimoniales” como una maniobra engañosa al electorado, con la sola base de análisis de editoriales de prensa y conjeturas, en el fondo tiende a subestimar a una porción del electorado “…reflejando ciertas reminiscencias de teorías justificativas del voto calificado…”(cfr. dictamen).

En consecuencia, si de ampliar la participación electoral de la ciudadanía se trata, creemos desacertada la interpretación brindada por la apelante respecto de las disposiciones integrantes del bloque de constitucionalidad sobre “elecciones auténticas”. Tal interpretación en pretensa salvaguarda de la forma democrática de gobierno, solo encuentra fundamentos en argumentos conjeturales, hipotéticos y oportunistas, que, extraídos de manifestaciones mediáticas y contrariamente a lo sostenido, sólo contribuirían a restringir el principal derecho que hace a la esencia democrática: la libertad de elegir y ser elegido.

VI.- Petitorio

En la esperanza de que las anteriores consideraciones puedan ser de interés para la Excma. Cámara, solicitamos:

1) Se tenga a Abogados por la Justicia Social como Amigo del Tribunal en la presente causa.

2) En la medida en que el elevado criterio de VV. EE. lo considere adecuado, tenga en cuenta los argumentos de derecho expuestos en esta presentación para la resolución del pleito.

[1] BIDART CAMPOS, Germán; Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. II, Ediard, Buenos Aires, 1993, p. 102.
[2] SABSAY, Daniel A.; ONAINDIA, José M.; La Constitución de los argentinos. Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, Errepar, Buenos Aires, 5º ed., 2000, p. 220.
[3] Comunicación Nº 1047/2002 : Belarus. 16/01/2007.
CCPR/C/88/D/1047/2002. (Jurisprudence), Comité de Derechos Humanos - 88º período de sesiones -16 de octubre - 3 de noviembre de 2006

San Fernando: otro ghetto del conurbano (Una reflexión sobre el muro de San isidro…)

En tiempos en que el terror a la realidad se retroalimenta y supera a sí mismo a cada instante, la solución a una de las alarmas sociales más preocupantes del momento, el “fantasma de la inseguridad”, no aparecerá como por arte de magia ni mucho menos.
Son los tiempos del reino del consumo y de lo desechable. Se trata de cumplir al pie de la letra las más sagradas reglas de la rentabilidad. Y en este contexto, si se pretende sostener el negocio, es necesario garantizar la “inseguridad” todos los días, usar los medios de comunicación para mantener su sensación térmica elevada. (Una familia de clase media-alta gasta, en concepto de “seguridad”, alrededor de $1.100.- por mes.) Violencia es mentir…
Entonces los exclusivos exclaman: “¡En este mundo ya somos demasiados y no hay lugar para todos!”; “¡Cerquemos todas las villas y los asentamientos para que no salgan a desparramarse entre nosotros…!!”. Las huestes de Micky Vainilla… Xenofobia siglo XXI.
Cabe preguntarse: ¿y los que viven adentro de las villas cercadas o a los pies del muro de la exclusividad de San Isidro, no tienen derecho a la “seguridad”…? No. A los nadies no se les garantiza ni ese ni ningún otro derecho porque en esta sociedad no se los integra, se los selecciona para excluirlos.
Esto no es lo que el art. 16 de la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño garatizan. Mucho menos las humillantes condiciones en que se encuentran detenidos los que fueron elegidos para habitar los Sistemas Penales; y a pesar de ello, se pretende limitar la concesión de las excarcelaciones, todo un dislate.
Dentro de poco tiempo –ya hay quienes lo piensan- siguiendo la sensación y el termómetro de la inseguridad, van a decir que las mujeres morochas embarazadas nacidas fuera de los límites del centro urbano son una amenaza en sí misma, ya que tienen en sus panzas un germen de peligrosidad a sus pertenencias y a sus estilos de vida...: cacerolazos y marchas rubias.
No se trata de chicos delincuentes, se trata de chicos olvidados. Esto no se publica por que no se vende. Marginalidad y abandono colectivo de personas, eso es lo que sucede.
No nos preguntamos acerca de la prevención del delito, de sus causas estructurales. Sino que actuamos sobre las consecuencias, la institución del estigma.
De esta manera es como funciona el sistema de selectividad, se trata de identificar a quienes son autores de un “estado de peligrosidad”, no se condena “actos” o “hechos”, se condena el signo o síntoma de una anormalidad. No importa si se lesiona un interés jurídicamente tutelado, la lente se deposita en las personas desvalorizadas. Si es negro, ya tiene un estado de peligrosidad en sí mismo. Los exclusivos no reprochan “el acto” del negrito, lo que les molesta es la propia existencia del negrito.
Esto parece tratarse de una “cuestión epidémica” que los exclusivos sanos y normales quieren erradicar a cualquier precio. Pero lejos de disminuir la violencia se la reproduce a ritmos inimaginables. Ya tenemos la violencia asimilada. Aunque no quieren ser parte del mundo tumbero penitenciario, se trata del fiel reflejo del afuera. Espejos.
¿Cuál es la función que cumplen las penas en los pabellones para los pobres e inferiores? ¿Cuál es la reparación y reintegración social que el sistema penitenciario desarrolla? ¿Se debe “reparar” algo? ¿En quienes y de que manera? ¿Vamos a dedicarle tiempo a este tipo de cosas? Somos una sociedad clandestina que no quiere hacerse cargo de sus repugnancias y oscuridades. Hipócritas pataleando todo el tiempo. Sociedad madura, se dice. Algunos de nosotros han festejado más el resultado positivo de un laboratorio que el propio gol a los ingleses…
¿Somos capaces de hacer algo que no vamos a ver? Para lograr remediar esta situación, empezando hoy mismo, van a tardar algunas generaciones. ¿Vale la pena invertir tiempo en algo que a nosotros no nos va a tocar disfrutar? Sin dudas no tiene ningún sentido de consumo propio. Las metas trascendentales ya no venden… ahora parece que “política” es la rosca sucia y nada más…
A los barrios de las cacerolas sojeras, si no les cabe la solidaridad con el otro, al menos despiértense, y háganlo por viveza…
Matías Pablo Gualtieri. (AJUS)

PEDIDO DE EXPLICACIONES A LA UBA

El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un proyecto a fin de que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires informe en el Congreso “Si ha tomado conocimiento de la grave denuncia efectuada por un alumno de la Facultad de Derecho, a través de la cual se pone en conocimiento de las autoridades de la misma, los hechos atribuidos a un Profesor de Derecho Constitucional, Alfredo Solari, quien habría incurrido en manifestaciones apologéticas del Terrorismo de Estado padecido por nuestro país durante la última dictadura militar del período 1976/1983”.

El proyecto, que también lleva las firmas de los diputados Kunkel, Soto, Damilano Grivarello, Pasini, Recalde, Carlotto y Perié, solicita información sobre “cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación”.

A continuación el texto completo del proyecto de resolución:

P R O Y E C T O D E R E S O L U C I O N
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, RESUELVE:

Dirigirse al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a fin de que informe a este H. Cuerpo:

1-Si ha tomado conocimiento de la grave denuncia efectuada por un alumno de la Facultad de Derecho de esa Universidad, a través de la cual se pone en conocimiento de las autoridades de la misma los hechos atribuidos a un Profesor de Derecho Constitucional, Alfredo Solari, quien habría incurrido en manifestaciones apologéticas del Terrorismo de Estado padecido por nuestro país durante la última dictadura militar del período 1976/1983.

2-En su caso, cuales son las medidas que ha adoptado en relación con los hechos denunciados, tanto ese Consejo Superior cuanto el Consejo Directivo de la Facultad aludida, incluyendo aquellas que hagan a la protección del denunciante y a la investigación de los sucesos denunciados, que de confirmarse constituirían una falta gravísima para un profesor universitario que debe educar para la defensa de la Constitución y en ningún caso para justificar su violación.



3-Si estos hechos tienen antecedentes en la Unidad Académica precitada - Facultad de Derecho de la UBA -, y cual ha sido la actitud de su Decano, Dr. Aníbal Atilio Alterini, quien como es de público y notorio fuera magistrado judicial y funcionario jerárquico del régimen militar precedentemente señalado.

4-Cuáles son los pasos que se seguirán desde ese Consejo en su condición de máxima autoridad Universitaria para evitar que episodios como el descripto se repitan en su ámbito, y para sancionar a aquellos que violan su compromiso de defender la Constitución y los Derechos Humanos, en una Facultad y en una Universidad en las cuales numerosos alumnos y docentes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad que en forma sistemática y masiva perpetraron quienes no trepidaron en secuestrar, torturar y asesinar a estudiantes y profesores por razones ideológicas, políticas y económicas, al servicio de las minorías externas e internas que intentaron sojuzgar al pueblo argentino y profundizaron la dependencia de nuestro país y de sus habitantes en el oscuro período en el que usurparon el poder político de la Nación.

Secretaría Privada
Diputado Nacional
Juan Carlos Dante Gullo
Riobamba 71 4º
(0054-11) 6310-8138
privada.jgullo@diputados.gov.ar

ACERCA DE LO SUCEDIDO EN LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION

El siguiente es un comunicado emitido por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en relación a la disputa sucedida días atrás entre Garrido y el Dr. Righi:
"Con motivo de la repercusión periodística que tuviera la Resolución de la Procuración General de la Nación 147/08 y del tratamiento dado al tema por los medios de comunicación tendiente a desacreditar la actuación del Profesor Dr. Esteban Righi como Procurador General de la Nación al dictar una resolución en el uso de las facultades que le competen, como Profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, manifestamos nuestro apoyo al desempeño funcional de Profesor Dr. Esteban Righi, quien ha tenido a lo largo de su vida y de su carrera una conducta coherente como demócrata y como defensor de los derechos humanos, cuya independencia y autonomía no puede ser puesta en duda.
La campaña originada en tal resolución funcional, la que fuera dictada en el marco estricto de la ley, revela un desconocimiento del funcionamiento de la Procuración General de la Nación, como organismo autónomo de los otros poderes y de las respectivas competencias de los Fiscales, cuya defensa cabe a quien es la máxima autoridad, dentro del respeto a la actuación de cada uno de los Fiscales que la integran, los que no pueden ser desplazados ni sometidos a instrucciones particulares, en aras del mejor desempeño del Ministerio Público. De tal modo se resguarda su unidad de acción y la igualdad de armas en función del derecho de defensa y ello no significa disminuir las facultades que a cada uno le compete.
En consecuencia, la resolución ni limita ni recorta atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni puede paralizar el avance de causas en trámite, ya que la actual Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su art. 45 el marco de actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Es por ello que nos vemos en la obligación de aclarar tales extremos a fin de evitar distorsiones en el tratamiento del tema que perjudican a quien es y ha sido un consecuente Defensor del Estado Democrático de Derecho."

1976- RECITAL A 33 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA- 2009

LUNES 23 DE MARZO- 21:00 HORAS

"DESPERTEMOS A LA JUSTICIA: ¡JUICIO Y CASTIGO YA!"

TRIBUNALES- TALCAHUANO Y LAVALLE-
GRATIS

LEÓN GIECO
NONPALIDECE
ÁRBOL
LA CHILINGA
y más artistas


MARTES 24 DE MARZO
Marchamos con la bandera de los detenidos-desaparecidos a Plaza de Mayo
15:00 horas- Piedras y Av. de Mayo
JUICIO Y CÁRCEL COMÚN A TODOS LOS GENOCIDAS
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ ¡YA!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!

Convocan:
Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Regional Capital Federal
Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora
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APDH- CELS- Fundación Memoria Histórica- Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia- M.E.D.H.- SERPAJ
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Adhieren: Agrupación Murga Los Verdes de Monserrat - AJUS (Abogados por la Justicia Social) - ATE Capital - DEMOS (Sociales) - EDE (Encuentro por la Democracia y a Equidad) - Espacio Alejandro Almeida - FM La Tribu - IURE (Derecho) - Juventud CTA - Juventud Frente Progresista Popular - Mesa de los Juicios - Movimiento Universitario Evita - NBI (Derecho) - Nueva Comuna - La Escalabrini Ortiz - Libres del Sur - Partido Comunista (Congreso Extraordinario) - Partido Socialista Provincia de Buenos Aires - Peronismo 26 de Julio - RCP (Medicina) - UTE (CTERA Capital).
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré y Zona Oeste - Colectivo Argentino por la memoria de Paris, Francia - Fraternidad Laica Carlos de Foucault - FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos)

Bolivia: Transnacionales, la CIA y los Derechos Humanos

Autor: Idón Moisés Chivi Vargas [*]

“Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...]"
(Eugenio Raúl Zaffaroni 19 de febrero de 2009, El País)

El gobierno Boliviano “viola los derechos humanos”, sentencia un informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Bolivia (USA 2008).

Tal afirmación ha generado reacciones indignadas de parte del gobierno boliviano, y con sobrada razón. Faltaba más, quienes han puesto en entredicho el valor de los Derechos Humanos y su efectividad universal, juzgan a un país que dignificándose, da pasos hacia la construcción de una democracia igualitaria, aquella que no pudo realizar el capitalismo central, menos el periférico de raíz colonial.

Quienes crearon la tenebrosa Central de Inteligencia Americana (CIA), se ocupan de un país que no ha cometido mas pecado que ponerse de pie, desde El Alto de La Paz hasta los últimos rincones patrios plurinacionales.
la preocupación norteamericana debiera ser motivo de alegría para el país. Recordando a Don Quijote que le decía a su amigo “Sancho los perros ladran, señal de que avanzamos”

Pero lo que indigna no es su preocupación, sino su acusación perversa y mentirosa, cada punto que mencionan en el informe, miente por lo que dice, miente por lo que calla, pero miente mas por lo que anuncia.

Su denuncia, confiesa que ellos fueron los que alimentaron los golpes de Estado, la Terrible casa de entrenamiento paramilitar de militares latinoamericanos cuyo nombre era la “Escuela de las Américas, escuela de asesinos la denominó acertadamente una investigación realizada por gentes muy religiosas.

La CIA y las transnacionales, que controlan tanto a republicanos como a demócratas lo saben muy bien, saben a ciencia cierta cuantas violaciones de derechos humanos cometieron por acción y por omisión, saben a cuentos millones ascienden los muertos por sus políticas genocidas.

Ciertamente, el golpe de Estado en Iran en 1953 luego de la nacionalización del petróleo por el gobierno de Mossadegh fue controlada, manipulada desde la CIA y la transnacional Anglo Iranian Oil Company (parte de la Brithish Petroleum). En Guatemala Jacobo Arbenz (1954) luego de una reforma agraria y social, corrió similar suerte cuando la CIA y la United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands) efectuaron el golpe de Estado que aún hoy continua. El caso de Salvador Allende es ilustrativo pues aquí la CIA y la transnacional Internacional Telephone and Telegraphic (ITT) jugaron papel de primera línea en el golpe militar de Pinochet, la ITT había sido nacionalizada y eso desencadeno la masacre de estudiantes, obreros e intelectuales progresistas. [Cfr. A. Teitelbaum 2007:57]

En Haití, cuando el gobierno de Jean-Bertrand Aristide quiso llevar a juicio regular a los militares que entre 1991 y 1996 habían asesinado entre 3000 y 5000 ciudadanos haitianos, las CIA y las administraciones de Bush y Clinton presionaron para que el sistema de justicia amnistiará a los imputados y sentenciados, la promesa de tal amnistía la llevaba en calidad de mensajero el ex presidente Jimmy Carter, la entrada de las tropas estadounidenses en Haití en 1994 -luego del fracaso del mensajero- simplemente dio lugar a la impunidad mas descarada en la historia de América Latina. [Reed Brody: 235, en Méndez 2002]. En Nicaragua luego de la victoria Sandinista, se dio lugar al plan de alfabetización mas ambicioso de la segunda mitad del siglo XX en América Latina y la “Contra” –mercenarios y asesinos a sueldo- financiada por el gobierno norteamericano y administrada por la CIA lograron voltear la revolución mas bonita en la historia del continente y se vino Violeta Chamorro, con un programa de privatizaciones que aún hoy esta pagando el pueblo nicaragüense.

Si la historia nos da esas lecciones, veamos ahora porque la administración norteamericana tiene sobradas razones para hacer denuncias infundadas.

El pueblo boliviano con su gobierno han logrado:
a) Nacionalización de los hidrocarburos (gas)
b) Nacionalización de las telecomunicaciones (ENTEL)
c) Revolución Agraria con reversión de los latifundios con servidumbre forzada
d) Alfabetización en todo el territorio nacional (ahora en su segunda fase)

Estas decisiones políticas en clave de políticas publicas, se constituyen en un mal ejemplo para América Latina, una América que ya no quiere ser patio trasero de los iu-eseis.

Amedrentar, amenazar y falsear la realidad, es mala costumbre de poderosos deshonestos con su pueblo, el cinismo como arma es su característica mas sobresaliente y evidente a la distancia.

Y el gobierno norteamericano están mal acostumbrado, Sus vasallos locales, están mal acostumbrados.
Ya va siendo tiempo de que se les quite la costumbre.

Ya va siendo tiempo de que se acostumbren a ver como los pueblos dignos gozan de su libertad.

Sobre los Derechos Humanos, nos sumamos a las palabras del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni citadas en al inicio de este articulo: “Estados Unidos debe cambiar su política de Derechos Humanos [...] se puede reforzar la ley pero para hacer frente a peligros mucho mas graves, como el deterioro ambiental del planeta” [El País; febrero 19, 2009]
Esta reflexión la realizo luego de presentar una extensa investigación sobre derechos humanos y legislación en los Estados Unidos junto a otros ocho académicos de prestigio internacional: “Violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, desapariciones forzosas, detenciones secretas y arbitrarias, juicios sin garantías” serían las constantes de las administraciones norteamericanas de los últimos veinte años, pero particularmente en la era de la “lucha contra el terror” de George Bush Jr.

Además todo el mundo sabe, que los iu-eseis no quieren firmar nada que signifique cuidar el medio ambiente, convivir con la madre tierra, ser recíprocos con la madre...

Si en ello, en el tema ambiental, no dan el ejemplo, su prédica y alucinaciones de defensores de la democracia y la libertad son eso: alucinaciones...

Así como su Dios no es el nuestro, los derechos humanos de la CIA y las transnacionales no son los nuestros...

Su enarbolada responsabilidad social empresarial es un eufemismo que solo se la creen, quienes viven de su pregón
y a la vez son parte de la cofradía esotérica de los meta relatos jurídicos [Cfr. CAJ 2007]

Aquí, en Bolivia tienen que dar la cara las transnacionales que han sido afectadas por las nacionalizaciones [Gonzales et. al. 2008]

Tiene que dar la cara, la Central de Inteligencia Americana y sentarse en el banquillo a escuchar nuestra verdad y escuchar la sentencia del pueblo, por complicidad y autorìa intelectual o material del genocidio dictatorial y neoliberal.

Aquí en Bolivia se tiene el programa político claro, juicio al Estado Colonial y Neoliberal, en consecuencia los Derechos Humanos nunca mas serán campanas de palo de los pobres, sino armas de su efectivización material para cada boliviano y boliviana.

Fuentes consultadas:
Comisión Andina de Juristas; Empresas y Derechos Humanos: Aplicando la responsabilidad social empresarial con un enfoque de Derechos. Lima: Comisión Andina de Juristas. 2007
Alejandro Teitelbaum; Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y Derechos Humanos. Bogotá: ILSA, 2007.
Juan Méndez et. al; La (in) efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Buenos Aires: PAIDOS, 2002.
Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago; Atlas de la energía en América Latina y El Caribe: las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos sociales y culturales. Barcelona: OMAL - Paz y Dignidad, 2008.
Periódico: “El País” de España, 19 de febrero de 2009.

INVITACION AL LANZAMIENTO DE AJUS

DE LA USUROCRACIA A LA RECUPERACION DEL SISTEMA PREVISIONAL

A los fines de echar luz sobre la realidad del tema AFJP, la ANSES elaboro un documento que pone blanco sobre negro acerca de dicha situacion. Compartimos el mismo con ustedes, pueden acceder clickeando aca.

DERRIBANDO MITOS - AJuS responde: ¿POR QUE SI A LA RECUPERACION DEL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO?

Entre los argumentos que se utilizan para oponerse a la recuperación del Sistema Previsional Argentino por parte del Estado es que “puede disparar miles de juicios”. A nuestro juicio esa afirmación es, cuanto menos, aventurada si no directamente maliciosa.

Explicamos. Cuando se habla de juicio nos referimos a procesos judiciales en los que una persona (física o jurídica) le reclama a otra persona (física o jurídica) que le repare un daño que ha sufrido1.

Va de suyo que cualquier persona puede iniciar todos los juicios que quiera, o que le pueda pagar a su abogado. Si mañana quisiéramos podríamos iniciarle a usted, querido lector, un juicio por no haber terminado de leer este texto. Sin embargo el problema no es si se puede iniciar, sino si se puede ganar. Parece lógico que si no hemos sufrido ningún daño nada tendríamos que reclamarle.

Pensemos entonces cuáles son las personas que podrían llevar adelante esos juicios contra el Estado y cuáles son las chances de ganarlos.

Claramente son dos tipos de personas, las AFJP o los usuarios del sistema (jubilados, pensionados o trabajadores aportantes al sistema de capitalización).

Como la clave es el daño debemos analizar cuál es el daño que sufrirían las AFJP. Las AFJP han realizado una inversión al momento de iniciarse el sistema, que consistió en adquirir o alquilar los locales donde ofrecen sus servicios, contratar a los vendedores, a los administrativos y al personal gerencial y montar la estructura de dichas oficinas. El resto de los recursos necesarios fueron propios de los recursos de las AFJP que en su casi totalidad son bancos.

El dinero que tienen en su poder las AFJP, en títulos, valores y algo de dinero en efectivo, en todo caso pertenecería a los usuarios (jubilados, pensionados y trabajadores aportantes). Por lo tanto ellas no son las legitimadas para demandar por ese dinero, sino que en el mejor de los casos lo podrían hacer sus legítimos dueños. Lo que ganan las AFJP son las comisiones que les cobran a los aportantes, los cuales no pueden ser garantizados por el Estado, pues de lo contrario sería el mejor negocio del universo, ningún comerciante puede demandar al estado si deja de tener clientes. Además con las comisiones cobradas han amortizado largamente sus pequeñas inversiones y la jurisprudencia de nuestros tribunales, excluye la indemnización del lucro cesante (esto es, de las utilidades esperadas que se han dejado de percibir) en los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad lícita.

Un caso diverso es el de los aportantes. El único daño que podrían sufrir y que les podría dar aptitud para demandar, es que su jubilación o su pensión fuera menor a la que obtendría por parte del sistema de capitalización. Este caso no podrá darse pues el artículo 2 del proyecto de ley del SIPA2 establece que: “El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

Las otras situaciones posibles se encuentran contempladas en los artículos 3 y 4 del mismo proyecto de ley donde se explicita que las condiciones siempre serán iguales o mejores que las que se encontraban en el sistema de capitalización.

Un problema absolutamente distinto, pero que sin embargo sobrevuela o subyace (depende de donde lo miremos) el planteo de los juicios, es el temor del incumplimiento de la ley. Es posible, por supuesto, que una persona física o jurídica, incluso el Estado Nacional incumpla en algún momento con sus responsabilidades, ya sea por error o decisión política (como cuando se recortó el 13% de las jubilaciones y pensiones en el gobierno de la Alianza entre el radicalismo, el Frepaso y el socialismo).
Para esos casos una solución es iniciar acciones judiciales, de producirse un incumplimiento. Ahora bien, como dijimos, cualquier persona puede incumplir con la ley, y las AFJP también, con un agravante, como son empresas privados pueden concursar y quebrar. Recordemos que están constituidas por bancos y los bancos más fuertes y longevos pueden desaparecer o quebrar como el Lehman Brothers. ¿Qué pasa si el Estado Nacional no cumple? Un juez puede ordenarle que lo haga e, incluso, bajo determinadas circunstancias embargas sus bienes para hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa si incumple una AFJP? Un juez puede obligarla a pagar embargando sus cuentas. Hasta allí es lo mismo estar en uno u otro sistema. Sin embargo, ¿qué pasa si quiebra una AFJP? Al dejar de existir los aportantes verán desaparecer sus ahorros, y finalmente quien deberá pagar será el Estado Nacional, pero no por haber desconocido la propiedad privada (que no se encuentra en juego), sino el derecho constitucional a un haber previsional consagrado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución3. Por lo tanto, si tenemos temor que alguien incumpla la ley, quien es mas seguro que pague es el Estado Nacional.

Por todo ello resulta carente de sentido sostener que van a existir miles de juicios contra el Estado. Esta afirmación sólo se sostiene si pensamos que quien la dice lo hace desde las anteojeras ideológicas del “neoliberalismo”4.

Contra la falsedad de dichos argumentos, pretendidamente neutrales, AJuS acompaña, apoya y reinvidica, como acto manifiesto de Justicia Social, la recuperación del Sistema Previsional para el Estado Argentino.

1. Esta proposición se encuentra fundada en el principio del naeminen laedere o alterum nom laedere (principio de no dañar o prohibición de dañar a terceros) que, mas allá de su justificación teórica se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
2. Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Nación con fecha 21 de octubre de 2008, que tramita bajo el número 0027-PE-2008.
3. Conf. Artículo 14 bis de la C.N.
4. Esto es, propuestas políticas efectuadas por Robert Nozick o Richard Posner que se han puesto en práctica en casi todo el mundo occidental a partir de la caída de Bretton Woods y del Consenso de Washington.

Presentación de AJuS - Conferencia Juez Gallardo

AJuS hizo su primera presentación pública mediante un comunicado de adhesión a la conferencia de prensa porotagonizada por el Juez en lo Contensioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Dr. Gallardo. Dicha conferencia tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad en la fecha 08/09/2008. El motivo de la misma fue la violación de los Derechos Humanos y de la independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo porteño. Aquí el comunicado:

"Como espectadores de la política de Macri en la ciudad, asistimos a un proyecto totalitario que encabeza el Jefe de Gobierno y mediante diversas iniciativas pretende interferir en la administración de justicia local, persiguiendo la creación de nuevos juzgados, la designación de jueces sin concurso y el reconocimiento al Estado porteño –esto es, a la actual gestión- del derecho a recusar jueces sin causa, al mismo tiempo que recurre a la utilización de artificiosas chicanas procesales tendientes a privar de su jurisdicción a un juez, por las medidas que este adoptara contra el Gobierno de la Ciudad a raíz de la muerte de un niño pobre en Villa Cartón.

De conseguir el objetivo, Macri se aseguraría la posibilidad de elegir el juez que en cada caso tendrá a su cargo exigir al Estado local que atienda las necesidades básicas insatisfechas de aquellas personas que pertenecen a los sectores más desposeídos de nuestra población, o bien, al que le corresponderá juzgar la legitimidad o ilegitimidad de los actos dictados por su gestión.

Como actor colectivo de la política, respaldamos toda actuación judicial que tienda a dar plena vigencia a las garantías y derechos constitucionales y asegure al pueblo el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. El marco referencial del paradigma de los derechos humanos no se agota en las libertades civiles y políticas. Por el contrario, es mucho más amplio y superador, exigiendo del Estado no sólo que se abstenga de toda intromisión injusta sobre la persona, sino también, que asuma un rol activo y cumpla con aquellas prestaciones –como la salud, la educación o la vivienda- que aseguren a todos una existencia digna, garantizando de tal modo la satisfacción de sus necesidades básicas y la construcción de ciudadanía a partir de la eliminación de las desigualdades sociales.

Exigimos entonces que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, como órgano competente en esta instancia, impida el éxito de la torpe e ilegítima intromisión que Macri y su gobierno intentan en el Poder Judicial de la Ciudad, garantizando su independencia y la plena vigencia del principio republicano de división de poderes, asegurando de tal modo las condiciones para que los derechos constitucionales, de carácter social y económico -desatendidos por la actual gestión del Poder Ejecutivo local-, encuentren un adecuado ámbito de protección judicial.

AJuS toma partido por la justicia del más débil, del oprimido, del perseguido, que trata de restablecer con su veredicto reparador los equilibrios perdidos.

AJuS – Abogados por la Justicia Social."