JUEZ QUE AVISA, NO TRAICIONA

        

La Sala III de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la resolución del Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17, Dr. Norberto R. Tavosnanska,  en la que se ordena el allanamiento y desalojo de un complejo de viviendas en la villa 1-11-14 –en el que se alojan cientos de personas. (CAUSA Nº: 50001 - CODIGO: PCyF:0050001-00-00/09 -CARATULA: NN, NN s/infr. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) - CP (p/ L 2303)

En la resolución confirmada, el Juez afirmó que el allanamiento, el desalojo y la restitución del complejo al Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma tienen carácter de impostergable, aunque omitió desarrollar los argumentos que sostienen dicha aseveración. No obstante, no olvidó otras cuestiones: indicó que si se produjera una eventual resistencia a la orden de allanamiento y desalojo por parte de las familias ocupantes, el personal de la fuerza de seguridad encargado de llevar a cabo la medida debe proceder de la siguiente manera: “…El eventual uso de munición de goma o gas lacrimógeno deberá ser con la distancia suficiente para minimizar los riesgos a la integridad física. El uso de munición letal será solo utilizado en último recurso; la munición de plomo estará segregada de la posta de goma."

La Defensoría General de la Ciudad, a cargo del Dr. Mario Kestelboim, expresó su profunda preocupación en un comunicado de prensa. Asimismo destacó  la  gravedad que genera que un magistrado de la Ciudad examine la posibilidad de la utilización de “MUNICIÓN LETAL” CONTRA POBLACIÓN CIVIL INDEFENSA, alertando lógicamente sobre los hechos de violencia que pudieran suscitarse y denunciando la eventualidad de que se produzcan víctimas entre la población agredida.

En el caso, aparece evidente que el juez Tavosnanska contempla la posible colisión de dos derechos fundamentales, por un lado el derecho a la vida y por el otro el derecho a la propiedad. El juez, al autorizar expresamente la utilización de munición letal, efectúa una ponderación de ambos bienes jurídicos tutelables asignándole mayor relevancia al derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida de los ocupantes del predio.

Resulta al menos llamativo, la minuciosidad con que el juez detalla el accionar que deberá llevar a cabo la fuerza  de seguridad que efectúe la medida restrictiva de derechos. Al analizar la situación habitacional de quienes serán desalojados, el juez se percató de que hay indicios vehementes de que quienes serán objeto de la medida lesiva de derechos, probablemente carezcan de vivienda propia. Por ello, refirió que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna (art. 31 Constitución CABA), ordenando darle intervención al personal del programa “Buenos Aires Presente" de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de nuestra ciudad. Sin embargo, no se visualiza el mismo esmero para establecer los alcances de la intervención del Estado frente a la posible solución de ambos conflictos.

En relación con el ataque al bien jurídico propiedad, el Juez Tavosnanska, ordena una medida clara, concreta  y con una gran cantidad de detalles.  Empero, para la protección del derecho a la vivienda de quienes serían desalojados del predio, decreta una medida genérica, sin plazos y establece que se haga cargo un organismo que a la fecha, se encuentra desbordado, sin haber podido resolver el déficit habitacional que la ciudad posee.

En estos tiempos en los que todo es fiebre mundialista, se puede decir que el Juez Tavosnanska, a la hora de buscar una solución para quienes no tengan acceso a una vivienda digna con posterioridad a la ejecución de la medida ordenada, tiró la pelota a la tribuna en una cancha donde no hay alcanza-pelotas. Eso sí, el que avisa no traiciona.

Roberto Zelada - Rodolfo Tailhade (integrantes de AJuS) 

Un Gobierno Popular se construye con las Organizaciones Libres del Pueblo

Abogados por la Justicia Social expresa su “solidaridad con las compañeras y compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru, con los miembros de las Cooperativas Marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico” ante lo que denunciamos como una “campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública los sectores populares y sus organizaciones sociales”.

En los últimos días asistimos a una puesta mediática en la que nos presentan un escenario bélico de supuesta violencia, catástrofe e intolerancia, encabezado, por las organizaciones sociales “piqueteras” afines al gobierno nacional.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.

San Fernando: otro ghetto del conurbano (Una reflexión sobre el muro de San isidro…)

En tiempos en que el terror a la realidad se retroalimenta y supera a sí mismo a cada instante, la solución a una de las alarmas sociales más preocupantes del momento, el “fantasma de la inseguridad”, no aparecerá como por arte de magia ni mucho menos.
Son los tiempos del reino del consumo y de lo desechable. Se trata de cumplir al pie de la letra las más sagradas reglas de la rentabilidad. Y en este contexto, si se pretende sostener el negocio, es necesario garantizar la “inseguridad” todos los días, usar los medios de comunicación para mantener su sensación térmica elevada. (Una familia de clase media-alta gasta, en concepto de “seguridad”, alrededor de $1.100.- por mes.) Violencia es mentir…
Entonces los exclusivos exclaman: “¡En este mundo ya somos demasiados y no hay lugar para todos!”; “¡Cerquemos todas las villas y los asentamientos para que no salgan a desparramarse entre nosotros…!!”. Las huestes de Micky Vainilla… Xenofobia siglo XXI.
Cabe preguntarse: ¿y los que viven adentro de las villas cercadas o a los pies del muro de la exclusividad de San Isidro, no tienen derecho a la “seguridad”…? No. A los nadies no se les garantiza ni ese ni ningún otro derecho porque en esta sociedad no se los integra, se los selecciona para excluirlos.
Esto no es lo que el art. 16 de la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño garatizan. Mucho menos las humillantes condiciones en que se encuentran detenidos los que fueron elegidos para habitar los Sistemas Penales; y a pesar de ello, se pretende limitar la concesión de las excarcelaciones, todo un dislate.
Dentro de poco tiempo –ya hay quienes lo piensan- siguiendo la sensación y el termómetro de la inseguridad, van a decir que las mujeres morochas embarazadas nacidas fuera de los límites del centro urbano son una amenaza en sí misma, ya que tienen en sus panzas un germen de peligrosidad a sus pertenencias y a sus estilos de vida...: cacerolazos y marchas rubias.
No se trata de chicos delincuentes, se trata de chicos olvidados. Esto no se publica por que no se vende. Marginalidad y abandono colectivo de personas, eso es lo que sucede.
No nos preguntamos acerca de la prevención del delito, de sus causas estructurales. Sino que actuamos sobre las consecuencias, la institución del estigma.
De esta manera es como funciona el sistema de selectividad, se trata de identificar a quienes son autores de un “estado de peligrosidad”, no se condena “actos” o “hechos”, se condena el signo o síntoma de una anormalidad. No importa si se lesiona un interés jurídicamente tutelado, la lente se deposita en las personas desvalorizadas. Si es negro, ya tiene un estado de peligrosidad en sí mismo. Los exclusivos no reprochan “el acto” del negrito, lo que les molesta es la propia existencia del negrito.
Esto parece tratarse de una “cuestión epidémica” que los exclusivos sanos y normales quieren erradicar a cualquier precio. Pero lejos de disminuir la violencia se la reproduce a ritmos inimaginables. Ya tenemos la violencia asimilada. Aunque no quieren ser parte del mundo tumbero penitenciario, se trata del fiel reflejo del afuera. Espejos.
¿Cuál es la función que cumplen las penas en los pabellones para los pobres e inferiores? ¿Cuál es la reparación y reintegración social que el sistema penitenciario desarrolla? ¿Se debe “reparar” algo? ¿En quienes y de que manera? ¿Vamos a dedicarle tiempo a este tipo de cosas? Somos una sociedad clandestina que no quiere hacerse cargo de sus repugnancias y oscuridades. Hipócritas pataleando todo el tiempo. Sociedad madura, se dice. Algunos de nosotros han festejado más el resultado positivo de un laboratorio que el propio gol a los ingleses…
¿Somos capaces de hacer algo que no vamos a ver? Para lograr remediar esta situación, empezando hoy mismo, van a tardar algunas generaciones. ¿Vale la pena invertir tiempo en algo que a nosotros no nos va a tocar disfrutar? Sin dudas no tiene ningún sentido de consumo propio. Las metas trascendentales ya no venden… ahora parece que “política” es la rosca sucia y nada más…
A los barrios de las cacerolas sojeras, si no les cabe la solidaridad con el otro, al menos despiértense, y háganlo por viveza…
Matías Pablo Gualtieri. (AJUS)

Presentación de AJuS - Conferencia Juez Gallardo

AJuS hizo su primera presentación pública mediante un comunicado de adhesión a la conferencia de prensa porotagonizada por el Juez en lo Contensioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Dr. Gallardo. Dicha conferencia tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad en la fecha 08/09/2008. El motivo de la misma fue la violación de los Derechos Humanos y de la independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo porteño. Aquí el comunicado:

"Como espectadores de la política de Macri en la ciudad, asistimos a un proyecto totalitario que encabeza el Jefe de Gobierno y mediante diversas iniciativas pretende interferir en la administración de justicia local, persiguiendo la creación de nuevos juzgados, la designación de jueces sin concurso y el reconocimiento al Estado porteño –esto es, a la actual gestión- del derecho a recusar jueces sin causa, al mismo tiempo que recurre a la utilización de artificiosas chicanas procesales tendientes a privar de su jurisdicción a un juez, por las medidas que este adoptara contra el Gobierno de la Ciudad a raíz de la muerte de un niño pobre en Villa Cartón.

De conseguir el objetivo, Macri se aseguraría la posibilidad de elegir el juez que en cada caso tendrá a su cargo exigir al Estado local que atienda las necesidades básicas insatisfechas de aquellas personas que pertenecen a los sectores más desposeídos de nuestra población, o bien, al que le corresponderá juzgar la legitimidad o ilegitimidad de los actos dictados por su gestión.

Como actor colectivo de la política, respaldamos toda actuación judicial que tienda a dar plena vigencia a las garantías y derechos constitucionales y asegure al pueblo el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. El marco referencial del paradigma de los derechos humanos no se agota en las libertades civiles y políticas. Por el contrario, es mucho más amplio y superador, exigiendo del Estado no sólo que se abstenga de toda intromisión injusta sobre la persona, sino también, que asuma un rol activo y cumpla con aquellas prestaciones –como la salud, la educación o la vivienda- que aseguren a todos una existencia digna, garantizando de tal modo la satisfacción de sus necesidades básicas y la construcción de ciudadanía a partir de la eliminación de las desigualdades sociales.

Exigimos entonces que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, como órgano competente en esta instancia, impida el éxito de la torpe e ilegítima intromisión que Macri y su gobierno intentan en el Poder Judicial de la Ciudad, garantizando su independencia y la plena vigencia del principio republicano de división de poderes, asegurando de tal modo las condiciones para que los derechos constitucionales, de carácter social y económico -desatendidos por la actual gestión del Poder Ejecutivo local-, encuentren un adecuado ámbito de protección judicial.

AJuS toma partido por la justicia del más débil, del oprimido, del perseguido, que trata de restablecer con su veredicto reparador los equilibrios perdidos.

AJuS – Abogados por la Justicia Social."