martes, 30 de marzo de 2010
viernes, 12 de marzo de 2010
La "calidad institucional" bien entendida empieza por casa
AJUS (Abogados por la Justicia Social) recibe con asombro y tristeza el lamentable tenor del "Comunicado" emitido por la Corte Suprema de Justicia en una clara y directa -aunque disimulada- respuesta a recientes manifestaciones de la Sra. Presidenta de la Nación. En consecuencia, AJUS alerta al pueblo argentino sobre el riesgo institucional que encierra el posicionamiento público asumido por la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Sobre una mezcla indecorosa de vanidad y advertencias, el "Comunicado" trasunta la pretensión de la Corte de intervenir en la dinámica de asuntos públicos y conflictos políticos que sólo pueden ser administrados por los representantes elegidos de manera directa por el pueblo, únicos legitimados para ello, y recorre en definitiva un peligroso sendero cuyo final no es otro que el desconocimiento de la voluntad popular.
La Corte reclama a "quienes tienen responsabilidades de gobierno" transparencia, respeto a la independencia judicial, mesura, equilibrio y diálogo.
El gesto político del máximo tribunal del país, al emitir semejante "Comunicado", se inscribe, en forma absolutamente previsible, en el ya esta altura evidente y burdo montaje teatral de la oposición y del Grupo Clarín. Pareciera obedecer la Corte Suprema a un guión escrito en otro lado, fuera de su propia órbita, en el que se turnan dirigentes opositores y periodistas millonarios indignados.
Resuena en el "Comunicado" la perorata hueca de argumentos sobre la "calidad institucional", ese concepto que, deliberada y persistentemente distorsionado, repiquetea sin freno alguno en los medios de comunicación monopólicos, claros personeros del poder económico concentrado y enemigos directos de los intereses nacionales.
AJUS, eludiendo la trampa de la simplificación malintencionada del discurso dominante, en la que parece caer la Corte, recuerda al pueblo argentino que la medida más trascendente en materia de "calidad institucional", al menos desde el retorno de la democracia, ha sido la decisión del Presidente Néstor Kirchner de avanzar desde el inicio mismo de su mandato en un proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, implementando un procedimiento de designación de nuevos miembros cuya transparencia, seriedad y racionalidad política no tiene precedentes en la historia de nuestro país.
Un proceso cuyos métodos y candidatos recibieron las más feroces críticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, que son los mismos que llevan en estas horas trascendentales el estandarte de la "calidad institucional", pero que finalmente nos condujo al nombramiento de notables juristas argentinos y en definitiva a la conformación de una Corte Suprema de Justicia insospechada de afinidad con el Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno Nacional, como continuador natural del proceso iniciado en mayo de 2003, puede exhibir, entonces, claramente, su vocación de fortalecer la "calidad institucional", de ejercer el poder político con transparencia y responsabilidad, y asegurar la independencia del Poder Judicial.
Como agrupación de abogados, AJUS tiene la obligación de recordarle a la Corte Suprema de Justicia y al pueblo argentino en su conjunto que la “mesura” no es un mandato legal que alguna norma le imponga a la presidenta. En cambio sí lo es la obligación de ser el responsable político de la administración general del país. También está obligada por la Constitución y por varios tratados a generar las condiciones económicas para que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser ejercidos por todos los argentinos y no sólo por los sectores medios y acomodados.
En ese sentido, la gestión de la Presidenta ofrece innumerables ejemplos de avances en la efectiva satisfacción de derechos elementales que hacen a la dignidad de grandes cantidades de argentinos que habían permanecido silenciados durante décadas. Los progresivos y constantes aumentos jubilatorios y salariales, la asignación universal por hijo, las paritarias, son algunos ejemplos de ello y dan acabada cuenta del verdadero y profundo mandato legal del Poder Ejecutivo.
La historia de nuestro país nos demuestra a simple vista que los períodos en los que los grupos más postergados son tenidos en cuenta y amplían su espectro de derechos gracias a la gestión del Poder Ejecutivo de turno, no son la regla sino la excepción. Si para compensar tantos años de frustraciones, desigualdades y gestiones mediocres, el Poder Ejecutivo tiene que modificar el status quo, es comprensible que los grupos injustamente privilegiados reclamen “mesura”. Por eso, si es la Corte Suprema de la Nación la que reclama, abstracta y ampulosamente, “mesura”, tenemos legítimas sospechas de que sea ella misma y los miembros que firmaron el comunicado los que actúen en representación de aquellos.
Siguiendo con los mandatos legales, bien podría ser la Corte la que reflexione seriamente acerca de si en el seno de su propio cuerpo y en la totalidad del sistema judicial que encabeza, se cumplen los presupuestos que exige insólitamente al Gobierno Nacional por vía del sugestivo "Comunicado". Porque, la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
AJUS pregunta dónde está la "transparencia" del sistema judicial que según la Corte es su "política de estado", si todavía la ciudadanía tiene que tolerar, por ejemplo, que los juicios por delitos de lesa humanidad no cumplan con el requisito de publicidad exigido constitucionalmente, o que los verdugos interroguen a las víctimas.
AJUS pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que insólitamente exige la Corte al Poder Ejecutivo Nacional, si todos los días observamos azorados cómo uno de sus miembros, transgrediendo sin recato alguno las más elementales reglas del decoro requerido a los magistrados, "conversa" con periodistas en la vía pública, a la salida de su domicilio, adelantando opiniones sobre asuntos que serán luego materia de análisis por el Tribunal, prejuzgando e incluso presionando a otros tribunales inferiores a pronunciarse en determinado sentido.
AJUS se pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que reclama la Corte al Gobierno Nacional, si el Presidente del Cuerpo aparece mencionado persistentemente en medios periodísticos como futuro candidato a cargos electivos, concretamente a Vice Presidente de la Nación, y recibe en su despacho al elenco estable de senadores opositores en el medio de una ofensiva destituyente feroz encabezada por estos sectores.
AJUS se pregunta si el concepto de "independencia judicial" que vocifera la Corte es aquel que permite que una oscura jueza de la provincia de Mendoza suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -votada en el Congreso con mayorías abrumadoras- por presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo que recibió el proyecto, o si esa concepción se ve reflejada en el deplorable espectáculo que por estos días brindan al país los jueces que se entrometen flagrantemente -siguiendo sin pudor alguno los arrebatos irresponsables de legisladores incapaces de construir los verdaderos consensos políticos que la Patria necesita, y vigilados de cerca por los monopolios mediáticos- en asuntos de estricta naturaleza política, como la discusión planteada en torno a la utilización de reservas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, entorpeciendo gravemente la gestión de la Presidenta de la Nación, elegida -vale la pena recordarla- por más del 46 % del pueblo argentino.
AJUS se pregunta por qué la Corte no recurre al "diálogo", al que plantea como mecanismo indispensable de afianzamiento de la justicia y la paz social para todos los argentinos, con los trabajadores judiciales para incorporarlos -como corresponde por imperativo constitucional- al gobierno de la Obra Social; por qué continúa abusando de su posición de poderío -debidamente nutrida de un elitismo antidemocrático inadmisible- para impedir la consagración de derechos invulnerables de los judiciales.
En definitiva, como es desgraciadamente habitual en el país, soslayando su carácter contramayoritario y la ausencia de control popular sobre sus decisiones y funcionamiento, la corporación judicial pretende preservar sus privilegios y rechazar cualquier intento de democratización, recurriendo a un discurso admonitorio que, bajo un disfraz de salvaguardia de las democracia y las instituciones, no revela otra cosa que un avance sobre la voluntad popular por vía de la intromisión deliberada en materias que sólo están reservadas a la puja política y protagonizadas por aquellos que han recibido mandato directo de la ciudadanía.
Por ello AJUS respalda plenamente y hace suyas las palabras de la Presidenta de la Nación, aprovecha la profundidad de su mensaje para ratificar la voluntad inquebrantable de esta Agrupación de perseguir el establecimiento de un Poder Judicial Democrático, y recuerda finalmente a la Corte que la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
Sobre una mezcla indecorosa de vanidad y advertencias, el "Comunicado" trasunta la pretensión de la Corte de intervenir en la dinámica de asuntos públicos y conflictos políticos que sólo pueden ser administrados por los representantes elegidos de manera directa por el pueblo, únicos legitimados para ello, y recorre en definitiva un peligroso sendero cuyo final no es otro que el desconocimiento de la voluntad popular.
La Corte reclama a "quienes tienen responsabilidades de gobierno" transparencia, respeto a la independencia judicial, mesura, equilibrio y diálogo.
El gesto político del máximo tribunal del país, al emitir semejante "Comunicado", se inscribe, en forma absolutamente previsible, en el ya esta altura evidente y burdo montaje teatral de la oposición y del Grupo Clarín. Pareciera obedecer la Corte Suprema a un guión escrito en otro lado, fuera de su propia órbita, en el que se turnan dirigentes opositores y periodistas millonarios indignados.
Resuena en el "Comunicado" la perorata hueca de argumentos sobre la "calidad institucional", ese concepto que, deliberada y persistentemente distorsionado, repiquetea sin freno alguno en los medios de comunicación monopólicos, claros personeros del poder económico concentrado y enemigos directos de los intereses nacionales.
AJUS, eludiendo la trampa de la simplificación malintencionada del discurso dominante, en la que parece caer la Corte, recuerda al pueblo argentino que la medida más trascendente en materia de "calidad institucional", al menos desde el retorno de la democracia, ha sido la decisión del Presidente Néstor Kirchner de avanzar desde el inicio mismo de su mandato en un proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, implementando un procedimiento de designación de nuevos miembros cuya transparencia, seriedad y racionalidad política no tiene precedentes en la historia de nuestro país.
Un proceso cuyos métodos y candidatos recibieron las más feroces críticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, que son los mismos que llevan en estas horas trascendentales el estandarte de la "calidad institucional", pero que finalmente nos condujo al nombramiento de notables juristas argentinos y en definitiva a la conformación de una Corte Suprema de Justicia insospechada de afinidad con el Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno Nacional, como continuador natural del proceso iniciado en mayo de 2003, puede exhibir, entonces, claramente, su vocación de fortalecer la "calidad institucional", de ejercer el poder político con transparencia y responsabilidad, y asegurar la independencia del Poder Judicial.
Como agrupación de abogados, AJUS tiene la obligación de recordarle a la Corte Suprema de Justicia y al pueblo argentino en su conjunto que la “mesura” no es un mandato legal que alguna norma le imponga a la presidenta. En cambio sí lo es la obligación de ser el responsable político de la administración general del país. También está obligada por la Constitución y por varios tratados a generar las condiciones económicas para que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser ejercidos por todos los argentinos y no sólo por los sectores medios y acomodados.
En ese sentido, la gestión de la Presidenta ofrece innumerables ejemplos de avances en la efectiva satisfacción de derechos elementales que hacen a la dignidad de grandes cantidades de argentinos que habían permanecido silenciados durante décadas. Los progresivos y constantes aumentos jubilatorios y salariales, la asignación universal por hijo, las paritarias, son algunos ejemplos de ello y dan acabada cuenta del verdadero y profundo mandato legal del Poder Ejecutivo.
La historia de nuestro país nos demuestra a simple vista que los períodos en los que los grupos más postergados son tenidos en cuenta y amplían su espectro de derechos gracias a la gestión del Poder Ejecutivo de turno, no son la regla sino la excepción. Si para compensar tantos años de frustraciones, desigualdades y gestiones mediocres, el Poder Ejecutivo tiene que modificar el status quo, es comprensible que los grupos injustamente privilegiados reclamen “mesura”. Por eso, si es la Corte Suprema de la Nación la que reclama, abstracta y ampulosamente, “mesura”, tenemos legítimas sospechas de que sea ella misma y los miembros que firmaron el comunicado los que actúen en representación de aquellos.
Siguiendo con los mandatos legales, bien podría ser la Corte la que reflexione seriamente acerca de si en el seno de su propio cuerpo y en la totalidad del sistema judicial que encabeza, se cumplen los presupuestos que exige insólitamente al Gobierno Nacional por vía del sugestivo "Comunicado". Porque, la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
AJUS pregunta dónde está la "transparencia" del sistema judicial que según la Corte es su "política de estado", si todavía la ciudadanía tiene que tolerar, por ejemplo, que los juicios por delitos de lesa humanidad no cumplan con el requisito de publicidad exigido constitucionalmente, o que los verdugos interroguen a las víctimas.
AJUS pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que insólitamente exige la Corte al Poder Ejecutivo Nacional, si todos los días observamos azorados cómo uno de sus miembros, transgrediendo sin recato alguno las más elementales reglas del decoro requerido a los magistrados, "conversa" con periodistas en la vía pública, a la salida de su domicilio, adelantando opiniones sobre asuntos que serán luego materia de análisis por el Tribunal, prejuzgando e incluso presionando a otros tribunales inferiores a pronunciarse en determinado sentido.
AJUS se pregunta dónde está la "mesura" y "equilibrio" que reclama la Corte al Gobierno Nacional, si el Presidente del Cuerpo aparece mencionado persistentemente en medios periodísticos como futuro candidato a cargos electivos, concretamente a Vice Presidente de la Nación, y recibe en su despacho al elenco estable de senadores opositores en el medio de una ofensiva destituyente feroz encabezada por estos sectores.
AJUS se pregunta si el concepto de "independencia judicial" que vocifera la Corte es aquel que permite que una oscura jueza de la provincia de Mendoza suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -votada en el Congreso con mayorías abrumadoras- por presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo que recibió el proyecto, o si esa concepción se ve reflejada en el deplorable espectáculo que por estos días brindan al país los jueces que se entrometen flagrantemente -siguiendo sin pudor alguno los arrebatos irresponsables de legisladores incapaces de construir los verdaderos consensos políticos que la Patria necesita, y vigilados de cerca por los monopolios mediáticos- en asuntos de estricta naturaleza política, como la discusión planteada en torno a la utilización de reservas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, entorpeciendo gravemente la gestión de la Presidenta de la Nación, elegida -vale la pena recordarla- por más del 46 % del pueblo argentino.
AJUS se pregunta por qué la Corte no recurre al "diálogo", al que plantea como mecanismo indispensable de afianzamiento de la justicia y la paz social para todos los argentinos, con los trabajadores judiciales para incorporarlos -como corresponde por imperativo constitucional- al gobierno de la Obra Social; por qué continúa abusando de su posición de poderío -debidamente nutrida de un elitismo antidemocrático inadmisible- para impedir la consagración de derechos invulnerables de los judiciales.
En definitiva, como es desgraciadamente habitual en el país, soslayando su carácter contramayoritario y la ausencia de control popular sobre sus decisiones y funcionamiento, la corporación judicial pretende preservar sus privilegios y rechazar cualquier intento de democratización, recurriendo a un discurso admonitorio que, bajo un disfraz de salvaguardia de las democracia y las instituciones, no revela otra cosa que un avance sobre la voluntad popular por vía de la intromisión deliberada en materias que sólo están reservadas a la puja política y protagonizadas por aquellos que han recibido mandato directo de la ciudadanía.
Por ello AJUS respalda plenamente y hace suyas las palabras de la Presidenta de la Nación, aprovecha la profundidad de su mensaje para ratificar la voluntad inquebrantable de esta Agrupación de perseguir el establecimiento de un Poder Judicial Democrático, y recuerda finalmente a la Corte que la "calidad institucional" bien entendida empieza por casa.
viernes, 12 de febrero de 2010
PRESENTACION DE AJUS EN AUDIENCIA PUBLICA POR DESIGNACION DE UGOLINI
Sr. Presidente (Zago).- Corresponde que haga uso de la palabra el señor Hernán Domingo Del Gaizo.
Sr. Del Gaizo (AJUS).- Buenos días, señoras y señores legisladores, público presente, compañeros de la Agrupación Abogados por la Justicia Social.
A propósito de lo que venían comentando otros impugnantes sobre cómo es desoída una decisión judicial y del escándalo que significa la avocación decidida ayer por el Tribunal Superior de Justicia, ese per saltum no abarcó otra decisión judicial –que fue notificada ayer por la tarde– que decreta la nulidad de esta etapa previa del procedimiento de propuesta de la doctora Daniela Bruna Ugolini, llevada a cabo por el señor Jefe de Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, a fin de cubrir una vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por no haberse subsanado los defectos que impiden u obstaculizan el seguro acceso a la información y que ésta sea, al mismo tiempo, información transparente, adecuada, veraz, oportuna y completa como establece la Constitución porteña y demás normas y principios jurídicos aplicables.
Sin embargo, estamos aquí. Ése fue uno de los ejes de la impugnación: el defecto del procedimiento. Otro de los ejes fue que entendíamos que, para cubrir una vacante del Superior Tribunal de Justicia, respecto de los antecedentes académicos de la doctora Ugolini, si bien no merecen ninguna crítica, estimamos que no son acordes a la jerarquía del cargo.
Me llamó la atención que destaque su curso de doctorado de los años 1976 y 1977 con tesis pendiente, ya hace 32 años. Esperamos un perfil académico de mayor jerarquía para el Tribunal Superior. (Aplausos.)
Entendemos que sus dictámenes, siempre favorables a las omisiones de la administración pública en lo que respecta a derechos humanos, fue el motivo que ha llevado a su elección.
Cinco minutos no alcanzan para repasar todos sus dictámenes en contra de distintos derechos constitucionales, como el derecho a la petición, el derecho de reunión, el derecho a la vivienda.
Voy a dar un solo ejemplo. Lamentablemente, esta audiencia no me permite hacer una pregunta a la doctora Ugolini, pero voy a comentar un dictamen suyo. En un caso en el que se reclamaba por la inclusión de un nuevo miembro familiar, un bebé, a un programa de vivienda, la fiscal Ugolini dictaminó: “A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles, prevista en cualquier otro programa habitacional de este gobierno”. Y destaca: “es por ello que admitir lo pretendido por el actor –es decir, que un bebé tenga una vivienda donde dormir– implicaría desconocer e incumplir lo establecido en la norma, un decreto muy inferior a una norma constitucional.
“Si bien es posible suponer que quien es beneficiario del programa tenga nuevos hijos, las condiciones y características de la situación que reconoce el propio co-actor –no voy a decir el nombre– no permiten, en mi opinión, hacer responsable al Estado y a la sociedad en su conjunto de las consecuencias del obrar de quien, antes que nada, debería asumir su propia responsabilidad en la paternidad.”
(Transcripción de la audiencia del 30 de octubre de 2009 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Sr. Del Gaizo (AJUS).- Buenos días, señoras y señores legisladores, público presente, compañeros de la Agrupación Abogados por la Justicia Social.
A propósito de lo que venían comentando otros impugnantes sobre cómo es desoída una decisión judicial y del escándalo que significa la avocación decidida ayer por el Tribunal Superior de Justicia, ese per saltum no abarcó otra decisión judicial –que fue notificada ayer por la tarde– que decreta la nulidad de esta etapa previa del procedimiento de propuesta de la doctora Daniela Bruna Ugolini, llevada a cabo por el señor Jefe de Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, a fin de cubrir una vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por no haberse subsanado los defectos que impiden u obstaculizan el seguro acceso a la información y que ésta sea, al mismo tiempo, información transparente, adecuada, veraz, oportuna y completa como establece la Constitución porteña y demás normas y principios jurídicos aplicables.
Sin embargo, estamos aquí. Ése fue uno de los ejes de la impugnación: el defecto del procedimiento. Otro de los ejes fue que entendíamos que, para cubrir una vacante del Superior Tribunal de Justicia, respecto de los antecedentes académicos de la doctora Ugolini, si bien no merecen ninguna crítica, estimamos que no son acordes a la jerarquía del cargo.
Me llamó la atención que destaque su curso de doctorado de los años 1976 y 1977 con tesis pendiente, ya hace 32 años. Esperamos un perfil académico de mayor jerarquía para el Tribunal Superior. (Aplausos.)
Entendemos que sus dictámenes, siempre favorables a las omisiones de la administración pública en lo que respecta a derechos humanos, fue el motivo que ha llevado a su elección.
Cinco minutos no alcanzan para repasar todos sus dictámenes en contra de distintos derechos constitucionales, como el derecho a la petición, el derecho de reunión, el derecho a la vivienda.
Voy a dar un solo ejemplo. Lamentablemente, esta audiencia no me permite hacer una pregunta a la doctora Ugolini, pero voy a comentar un dictamen suyo. En un caso en el que se reclamaba por la inclusión de un nuevo miembro familiar, un bebé, a un programa de vivienda, la fiscal Ugolini dictaminó: “A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles, prevista en cualquier otro programa habitacional de este gobierno”. Y destaca: “es por ello que admitir lo pretendido por el actor –es decir, que un bebé tenga una vivienda donde dormir– implicaría desconocer e incumplir lo establecido en la norma, un decreto muy inferior a una norma constitucional.
“Si bien es posible suponer que quien es beneficiario del programa tenga nuevos hijos, las condiciones y características de la situación que reconoce el propio co-actor –no voy a decir el nombre– no permiten, en mi opinión, hacer responsable al Estado y a la sociedad en su conjunto de las consecuencias del obrar de quien, antes que nada, debería asumir su propia responsabilidad en la paternidad.”
(Transcripción de la audiencia del 30 de octubre de 2009 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
sábado, 24 de octubre de 2009
Un Gobierno Popular se construye con las Organizaciones Libres del Pueblo
| Abogados por la Justicia Social expresa su “solidaridad con las compañeras y compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru, con los miembros de las Cooperativas Marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico” ante lo que denunciamos como una “campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública los sectores populares y sus organizaciones sociales”. |
En los últimos días asistimos a una puesta mediática en la que nos presentan un escenario bélico de supuesta violencia, catástrofe e intolerancia, encabezado, por las organizaciones sociales “piqueteras” afines al gobierno nacional.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.
En esta puesta en escena, el escrache a Gerardo Morales atribuido a los militantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, se concatena, por una parte, con los legítimos reclamos de los trabajadores de cooperativas sociales a las que el Municipio de General Pueyrredón contrató para realizar obras y brindar servicios y se les adeuda el pago, y por otra, con el episodio en que resultara involucrado Pablo Pérsico -hecho por el cual dejo su cargo de Subsecretario de estado, el Sec. Gral. del Movimiento Evita Emilio Pérsico (padre de Pablo)-, son los acontecimientos que la corporación mediática utiliza para fomentar y alimentar su campaña de desprestigio sobre las organizaciones sociales, para en definitiva continuar una cruzada despiadada contra el gobierno y quienes nos sentimos representados por él. En definitiva una batalla sin cuartel contra el proyecto nacional y popular y las bases que lo sustentan.
El mecanismo de esta operación podría describirse de la siguiente manera: sobre estas noticias mencionadas, el aparato oligopólico de medios despliega inmediatamente su arsenal discursivo echando mano a todo el conjunto de formadores de opinión y referentes de la oposición que, sea mediante la exagerada victimización o desde la mentira llana y directa, pretenden presentar a la sociedad un escenario donde la violencia política y la corrupción nos estarían arrastrando hacia la disgregación social, responsabilizando de esto al gobierno nacional encabezado por la compañera Cristina Fernández, al conjunto de los sectores políticos que públicamente expresamos nuestro apoyo a su gestión, referenciados en el compañero Néstor Kirchner, y especialmente al conjunto de movimientos sociales que, apoyando o no a la actual gestión de gobierno, han constituido en los últimos 15 años un canal genuino e inclaudicable de organización y desarrollo de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
En ese sentido, la Intelligentzia Mediática no duda en dar crédito a las acusaciones de de Gerardo Morales contra los militantes de Tupac Amaru, aunque esta organización lo haya desmentido. Algo similar ocurre con el tratamiento de las protestas de integrantes de Cooperativas de Trabajadores Desocupados. En esta misma tónica son presentados los hechos que protagonizara Pablo Pérsico, y que derivaran en el alejamiento de su padre de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a las declaraciones realizadas por estas organizaciones relatando su visión de los hechos -que la prensa nacional no reprodujo- la Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro utilizó la supuesta vinculación entre la Tupac Amaru y los huevazos recibidos por Gerardo Morales para expresar su "temor" por el accionar de "grupos armados, que reciben financiamiento del Gobierno nacional". Elisa Carrio, por su parte, nos advierte y atemoriza con planes diabólicos, armas, emboscadas y todo tipo de conjuras que estaría planificando el gobierno contra toda la sociedad, pensamiento que solamente puede atribuirse a quienes carecen de proyectos, ideas y liderazgo popular y, en consecuencia, diseñan su imagen a fuerza de teorías delirantes, prejuiciosas, paranoicas y conspirativas; o bien, a quienes buscan perversamente desestabilizar a un gobierno para imponer un proyecto al servicio de otros intereses, y encuentran en la denuncia difamatoria y la alarma social el mecanismo más propicio.
Desde Abogados por la Justicia Social, espacio conformado por profesionales de variada procedencia que compartimos la convicción que predica “donde hay una necesidad hay un derecho” y donde hay un derecho debe haber un abogado popular para defenderlo, queremos alertar sobre esta política informativa de los medios masivos de comunicación monopólicos, que configura una campaña que pretende deslegitimar y demonizar ante la opinión pública a los sectores populares y sus organizaciones sociales.
Asimismo no podemos dejar de expresar en este marco, nuestra solidaridad, con las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru con los miembros de las cooperativas marplatenses, y con el compañero Emilio Pérsico, en tanto todos ellos son hoy atacados y criticados, no por una acción más o menos acertada o por una más o menos desgraciada situación familiar, sino porque representan indudablemente pilares del proceso de organización popular que nuestro tiempo demanda.
Porque estamos convencidos que no hay gobierno popular sin organizaciones populares participando del Estado, sus políticas y decisiones, denunciamos y repudiamos esta operación mediática y a sus interlocutores políticos, y nos ponemos al servicio de los compañeros afectados por esta campaña, para reafimar nuestro compromiso con el proyecto de país digno, justo, libre y soberano que compartimos con ellos.
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